Resumen del informe de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional (AI) presentó a nivel mundial su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el orbe. Como todos los años hay importantes datos referidos a lo que ocurre en los cinco continentes respecto a la violencia, la represión y el sufrimiento de millones de personas a nivel global, víctimas de violación de sus derechos por parte de los gobiernos, agentes del Estado y organizaciones terroristas y paramilitares. 

En el caso Perú existe una preocupación por parte del organismo respecto a la vulneración de los derechos de las personas con respecto a la libre asociación, la libertad de expresión, así como la falta de respeto a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades rurales. 

Asimismo expresa su interés frente a la situación de desprotección de los defensores y defensoras de derechos humanos ante la violencia y hostigamiento, así como la situación de los derechos de la mujer, los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de la población LGTBI, en particular los derechos a la igualdad y no discriminación. Finalmente se da cuenta de la situación del derecho a la justicia, verdad y reparación de las víctimas y familiares del conflicto armado interno.

A continuación, un resumen de algunos aspectos del capítulo Perú: 

Criminalización de la protesta social y uso excesivo de la fuerza

Según los informes de la Defensoría del Pueblo en  el último año, se han registrado 212 conflictos sociales, de los cuales el 69% tuvo como origen protestas por conflictos socioambientales, principalmente del sector minero (65%). Para AI, la debilidad de las políticas públicas y leyes que regulan su desarrollo en el país de acuerdo a los estándares internacionales, y la ausencia de mecanismos de prevención de conflictos ha sido el origen para estos enfrentamientos, además de la escasez de estrategias gubernamentales para enfrentar los conflictos sociales a nivel nacional. 

La protesta social, como derecho, está criminalizada y es reprimida de forma violenta. La policía ha hecho uso indiscriminado de la violencia y armas letales para reprimir a los manifestantes en diversas ocasiones. Durante el año 2016, seis personas fallecieron y 195 resultaron heridas. Uno de los casos más conocidos fue el de Quintino Cereceda Huisa (38) quien en octubre del año pasado falleció por un impacto de bala en la cabeza producto de la intervención policial durante la represión de la protesta por el proyecto minero Las Bambas en Apurímac.

Derechos de los pueblos indígenas y comunidades rurales

Los pueblos indígenas y las comunidades rurales en el Perú continúan sufriendo la vulneración del derecho a la consulta previa. Hay medidas que vulneran el derecho al territorio y que siguen en vigor, como es la Ley N° 30230, que permite la expropiación de tierras y reduce los requisitos para la aprobación de estudios de impacto medioambiental en proyectos extractivos de gran escala sin consultar con los pueblos indígenas. 

En materia de la afectación a los derechos humanos producto del impacto de las actividades extractivas, en el 2016 han ocurrido 13 derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano, contaminando los cuerpos de agua y territorios de las comunidades indígenas en la cuenca del Amazonas. 

Trata de personas y explotación sexual

El Perú es un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas. El 80% de las víctimas son mujeres y el 56% menor de 18 años, en su mayoría captada con fines de explotación sexual. Mucho de estos casos se dan en zonas de explotación minera. La impunidad de este delito es alarmante. En setiembre la Corte Suprema ratifico la sentencia absolutoria de un caso por el presunto delito de trata de personas en agravio de una adolescente de 15 años. La Sala argumentó que trabajar más de 13 horas al día como “dama de compañía" en un bar en la zona de minería ilegal al sur de país no constituye explotación laboral ni sexual, ya que “no agota la fuerza de trabajo de la trabajadora”. 

Derecho a la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI

En este aspecto persiste la discriminación y violencia contra personas LGBTI por su orientación sexual e identidad de género. Organizaciones locales reportan 43 casos de riesgo a la seguridad personal (casos de amenazas e intimidación) y ocho asesinatos de personas LGBTI. A pesar de ello, el Plan Nacional de Derechos Humanos finalizó el 2016 sin incluir medidas de protección para este sector de la sociedad.

Finalmente, en diciembre se presentó en el Parlamento un proyecto de ley  que reconocería el derecho a la identidad de género de las personas trans, permitiendo, entre otros, el cambio en el registro civil del nombre y sexo por vía administrativa. Actualmente, según se ha reportado por activistas LGTBI solo 11 personas trans tienen un empleo formal, el resto no puede acceder a ello por la incompatibilidad de su identificación con un género distinto.

AVANCES PERO AÚN FALTA
Amnistía Internacional concluye reconociendo los importantes avances logrados durante el último año para garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas. Sin embargo, asegura que es necesario que el gobierno peruano dé la debida prioridad a la protección y promoción de los derechos humanos, en particular de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, y que implemente propuestas claras y especificas en esta materia con miras a poner fin a la persistente inequidad y garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de todos y todas, sin discriminación alguna.