En la sabiduría popular hay frases que grafican muy bien cómo buenas intenciones pueden generar efectos contrarios a lo que se buscaba. Se dice: “el remedio resultó peor que la enfermedad” cuando lo que supuestamente iba a sanar al enfermo terminó generando daños mucho peores. De eso mismo se trata cuando gobernantes o autoridades pretenden, con buena intención, impedir por la ley o por la fuerza, se realicen actividades de extracción y procesamiento del oro en las cabeceras de cuencas o en sitios ecológicamente frágiles. Lo que sucede es todo lo contrario, sobre todo si se trata de extracción de oro y plata.

La legislación ambiental en el Perú es muy drástica contra las actividades mineras que se realicen en las cabeceras de cuencas (Ley Nº 30640). Existe un pormenorizado marco jurídico y administrativo que busca proteger el medio ambiente y los ecosistemas frágiles de la acción depredadora y contaminante de la minería, particularmente de la minería ilegal. Cada cierto tiempo las autoridades ambientales y judiciales realizan acciones de interdicción con el apoyo de fuerzas policiales y militares en la que dinamitan cargadores frontales, balsas carrancheras, dragas ilegales, plantas ilegales en acciones de interdicción. Nada de eso arredra a mineros o personas a invadir terrenos y concesiones mineras en donde hay vetas de oro en minas de tajo abierto o en zonas aluviales. Más aún, cerrada una planta o desalojada una empresa de una concesión minera, poco tiempo después esos terrenos son invadidos por centenares de personas para continuar con la extracción del oro en condiciones mucho más precarias que la anterior.

La disputa por el oro en las provincias del sur de Ayacucho

Hay motivos para suponer que el anuncio de la PCM de cerrar operaciones de las unidades mineras Breapampa, Inmaculada, Pallancata, y Apumayo, de las empresas Pallancata e Inmaculada (empresa Ares) y Apumayo (SAMI) ubicadas en cabeceras de cuencas de las provincias del sur de Ayacucho pueden alentar luego invasiones a esas unidades por parte de mineros ilegales o de los propios comuneros que están cerca de esas concesiones. Las cuatro unidades tienen probadas reservas de oro y plata, y su tiempo de operación tiene para más de cinco años.

El conflicto en las zonas mencionadas lleva más de unan década. Las comunidades campesinas y las autoridades municipales habían realizado continuos reclamos y agotado diversos espacios de diálogo. Los esporádicos enfrentamientos violentos contra instalaciones de las unidades mineras pronto llevaron el conflicto a un punto en las que las posibilidades de encontrar soluciones mediante el diálogo se tornaron imposible. Era evidente que llevado a un punto crítico las autoridades del gobierno tenían que actuar, pero lo hizo cometiendo errores que luego dejaron la sensación de no haber solución y que se imponía obligar al cierre de las cuatro operaciones mineras y cortar toda posibilidad de ampliar las operaciones de las empresas en las tres provincias del sur de Ayacucho.

Pero, veamos el caso con más perspicacia: los terrenos en disputa tienen yacimientos de oro y plata que son explotadas por las tres empresas mencionadas. El oro se explota a tajo abierto, y las unidades no están distante de los pastizales y terrenos agrícolas de las comunidades. En las provincias de Paucar del Sara Sara, Parinacochas y Lucanas, convive la actividad minera con la agricultura y ganadería, es más la minería tiene cada vez más importancia en el ingreso de las economías familiares de los distritos en donde se realizan operaciones mineras; la explotación del oro en dichas zonas es una actividad que concentra un gran número de familias; datos no oficiales señalan que en Ayacucho existen más de quince mil mineros informales.

No tengo duda que en las comunidades campesinas, productores agrarios, defensores del medio ambiente existe un sano interés por evitar que en sus territorios se prohíba toda actividad extractiva depredadora, pero la experiencia de las últimas dos décadas presenta ejemplos contrarios de cómo una oposición a que se instalen proyectos mineros en cabeceras de cuenca o en valles agrícolas, luego de que son desalojados, surgen con una fuerza inusitada centenares de personas dispuestas a hacerse de dichos terrenos, realizando una práctica ilegal y altamente contaminante en la extracción del oro; cada cierto tiempo también se producen enfrentamientos entre comunidades por problemas de linderos que tienen a la base la disputa por la posesión de zonas mineras. 

Todo ello nos lleva a hipótesis de que, probablemente, tras el cierre de operaciones de las mencionadas empresas mineras pueden surgir nuevos actores que cubren ese espacio vacío dejado por la minería formal sean mineros informales de las propias comunidades o de mineros informales que, avisados de este vacío se apresten a tomarlas. Todo hace suponer, entonces, que el cierre de las operaciones de esas unidades mineras no significará el fin de las operaciones mineras.

Si no fuera porque la demanda de oro y plata es tan atractivo y tentador, podemos concluir que el cierre de estos proyectos puede ser la solución a los problemas de contaminación que generan. Pero no es así, la ambición de hacerse de terrenos donde están esos metales; y la expectativa de ganancias rápidas es tan poderosa que impulsa a miles de personas a invadir concesiones mineras que están a su alcance. No hay fuerza pública que los contenga, ni atemorice. Conocemos que las acciones de interdicción que el Estado realiza cada cierto tiempo para dinamitar máquinas o instalaciones de los mineros ilegales, nada de eso los ha hecho retroceder un metro de las zonas tomadas, como lo podemos comprobar en Madre de Dios o en La Rinconada (Puno). 

El cierre de un proyecto minero o la prohibición que se realicen actividades mineras en cabeceras de cuenca o en zonas frágiles no evita los conflictos sociales. Lo sabemos de sobra, hay experiencias que lo confirman. Lo que generan estas prohibiciones son nuevos conflictos sociales, más complejos, y no necesariamente entre comuneros contra empresas mineras, sino un complejo conflicto que enfrenta a comuneros contra comuneros; comuneros contra mineros informales.