Los derrames de petróleo del Oleoducto Nor peruano en Chiriaco (ramal principal) y en Morona (ramal norte) son lamentables. Estos no sólo han impactado negativamente en el ambiente y en las condiciones de vida de las poblaciones cercanas, sino que son el argumento perfecto para que los enemigos de la petrolera estatal y de la muy debilitada seguridad energética del país reactiven sus críticas. 

En esta ofensiva están participando la propia administración actual de Petroperú -con su inadecuado desempeño-, el gobierno, los poderes económicos y mediáticos que quieren privatizarla o desaparecerla y los post extractivistas radicales que propugnan por la eliminación de las actividades con hidrocarburos en la selva peruana. La consigna pareciera ser la de destruir la buena imagen de la empresa, trabar los proyectos en ejecución, impedir que retorne a la explotación de petróleo (upstream) y que se integre verticalmente.

El enemigo interno
La administración actual de la petrolera estatal falló en las respuestas a los derrames y continúa actuando equivocadamente semanas después de estos. Reaccionó tarde y se ha quedado en la atención puntual de los problemas. Si uno ingresa a su página web sólo observará notas de prensa aisladas; no hay una posición articulada e integral. Nada se ha dicho sobre el verdadero origen de los derrames, ni de los anteriores. No se observó el despliegue de un protocolo de respuesta y remediación inmediata que debería ser explícito y comunicado a toda la Sociedad. ¿Cuáles son los sistemas de alerta a los pobladores locales?, ¿cómo participan regularmente? Nadie ha comentado sobre los seguros de daños a terceros que existen y cómo se está compensando a los afectados? No se conoce el programa de mantenimiento y de seguridad del oleoducto (¿qué falló?) y qué se está haciendo para evitar futuros problemas. ¿Cuál es la campaña en medios para recuperar la buena imagen de la empresa?

Es desafortunado que desde la empresa petrolera estatal no se haya explicado el origen de los derrames anteriores, ya que esto es clave para entender su estado de situación. Sólo como ejemplo, todos los ocurridos en 2014 fueron atentados y no accidentes. En Cuninico hubo ruptura intencional del revestimiento termoprotector de la tubería (julio). En el derrame ocurrido en el Km. 20 se detectó tres cortes hechos con sierra (diciembre) y en el mismo mes la ruptura en el Km. 792 en Bayóvar fue por el intento de robo de combustibles.

El nuevo enemigo desde el gobierno
Llamó la atención la reacción del Ministro del Ambiente ante estos acontecimientos. Si bien es un tema de su competencia, nunca antes se le había visto tan vehemente. Aprovechó los desafortunados derrames para mezclarlos con otro tema: afirma que por los derrames se debe impedir que la empresa petrolera estatal participe en la explotación del Lote 192, alineándose así con los planteamientos del MEF y del MINEM. Frente a esta reacción, en otras oportunidades guardó silencio cuando se redujeron las facultades fiscalizadoras y de sanción a los diversos organismos sectoriales bajo su mando. No se manifestó ante los diversos daños que dejó el anterior operador del Lote 192, ni hubo una reacción tan enérgica ante los ecocidios que se produjeron en La Oroya y en otros muchos lugares del país.

Los poderes mediáticos y los grupos de interés económicos
Los derrames son una lamentable noticia que debe ser informada. Sin embargo, llama la atención el despliegue realizado, al cual se ha sumado un reciente editorial del decano de la prensa nacional donde se vinculan los derrames con la crítica al proyecto de modernización de la Refinería de Talara e impedir a todo lugar que la empresa se integre y participe en la explotación de lotes petroleros. No sólo han mentido cuando publicaron que un experto señaló que el oleoducto era de la década de los años sesenta, cuando en realidad es de los setentas, y siguen siendo maniqueos cuando están informados que en Pucará, cerca de Jaén, se está reparando el oleoducto y no hay accidente alguno. También omiten mencionar que los grandes derrames petroleros con efectos catastróficos fueron realizados por empresas petroleras privadas internacionales. No se olvide mencionar al Exxon Valdez en Alaska en 1989 donde se arrojaron 37,000 TM de petróleo y de BP en el Golfo de México en 2010 con entre 630,000 y 704,000 TM vertidos al mar. 

Detrás de todo el despliegue informativo hay ideología e intereses particulares en juego. La constructora vinculada al principal grupo mediático del país también se dedica al upstream y a la operación de las terminales de combustibles con activos propiedad de Petroperú. Este último se trata de un contrato oneroso para la empresa petrolera estatal pero que lamentablemente no ha podido ser modificado. También confluyen los intereses de otros actores en la industria especialmente los distribuidores de combustibles que les gustaría el mercado libre para la total importación de combustibles.

Otra acusación contra Petroperú y Repsol (en segundo lugar) consiste en señalar que estas dos empresas refinadoras de petróleo no han reducido los precios de los combustibles de acuerdo a los estándares internacionales. En esta campaña también participó el Banco Central de Reserva del Perú (2015) anotando que estas menores bajas no contribuyen a que la inflación sea menor. Sin embargo, no se presenta y analiza la información internacional donde los precios sólo cayeron de manera drástica al eliminarse los inventarios y luego se recuperaron; tampoco se evalúa la incidencia de los precios del petróleo en los combustibles. No se analiza pormenorizadamente que ocurre con los márgenes de las gasolineras que se resisten a bajar los precios, entre otros elementos. 

Los post extractivistas radicales
Eduardo Gudynas (2014), quien tiene muchos seguidores locales, postula la moratoria de las actividades petroleras en la Amazonía. Los fundamentos de esta posición se ubican tanto en los derechos de la naturaleza como en los daños que generan las diferentes modalidades de extractivismos. En el biocentrismo de Gudynas se sostiene que los elementos del ambiente o los seres vivos independientes de los seres humanos poseen valores propios o valores intrínsecos. Para esta perspectiva todas las especies vivas merecen ser protegidas. Se debe intentar conservar tanto las especies útiles como las inútiles, las que tienen valor de mercado como aquellas que no lo poseen, las especies atractivas como las desagradables. 

Sin embargo, a nuestro juicio este investigador se excede cuando defiende que las especies pueden desarrollar sus proyectos de vida (¿?). Asimismo, cuando condena la explotación y procesamiento de recursos naturales como la minería y los hidrocarburos por los graves impactos sociales y ambientales que se conocen y que violan los derechos de la naturaleza. En su perspectiva, el ser humano puede utilizar la naturaleza para satisfacer sus “necesidades vitales” (el entrecomillado es nuestro) pero no puede imponerse que unas especies sean más importantes que las otras, aunque aclara que los derechos de la naturaleza no están por encima de los derechos humanos. 

Los ecosistemas han cambiado antes de la intervención humana; son procesos también naturales y destructivos de miles de millones de años que continúan en el tiempo. La receta de la no intervención es tardía y en la mayoría de los casos puede requerirse todo lo contrario para mitigar y remediar daños. Más intervención humana que menos como se propone. Por otra parte, todos reconocemos los excesos de la sociedad del consumo, pero de ahí avalar tesis decrecionistas puede haber un salto al vacío. ¿Quiénes serán los actores de la transformación?, ¿quiénes serían los consumidores de los productos y servicios naturales que proporcionarían las sociedades subdesarrolladas?, ¿cómo evitar que en ese salto de reencuentro con la naturaleza retrocedamos hasta convertirnos en sociedades más primitivas?, ¿quién dice que esa unión con la Pachamama (y los Apus) debe ser el modelo de vida al que todos debemos aspirar? (Alarco, 2015).

Escenarios en juego
En primer lugar corresponde a la empresa petrolera estatal establecer estándares ambientales, de operaciones y seguridad superiores a los actuales que eviten los derrames y otros percances mayores. Un tema a trabajar de manera inmediata es la solución de la delicada problemática de las áreas urbanas y semiurbanas que han invadido el trazo del Oleoducto Norperuano. Es imprescindible establecer sistemas de vigilancia ciudadana con las comunidades aledañas; más transparencia y rendición de cuentas. Crear valor compartido en las localidades y regiones donde se actúa a través de la promoción de clusters y otras actividades más allá de lo incorporado tradicionalmente en la perspectiva de la responsabilidad social empresarial.

Otro accidente adicional o sólo realizar cambios cosméticos en la petrolera estatal generaría una mayor confluencia de sus enemigos, colocándola en mayores aprietos. En esa dirección cada escenario resulta más negativo que el anterior. La prolongación de la suspensión de las operaciones del Oleoducto Norperuano afectaría no sólo a la Petroperú sino a todos los contratistas que extraen crudo en la selva norte del país. Una suspensión permanente implicaría dejar de producir 24,400 barriles diarios (diciembre de 2015) con los menores ingresos y empleos directos e indirectos consiguientes. La extensión de la plataforma post extractivista a toda la selva peruana podría afectar la explotación de gas natural, la exportación, el consumo interno, la posibilidad de desarrollar una industria petroquímica y cambiar la matriz energética nacional. Los efectos serían dramáticamente negativos. 

Por otra parte, en este ambiente de aire enrarecido, se están proporcionando todas las excusas para dar el golpe final contra el proyecto de modernización de la Refinería de Talara, que como se ha denunciado en diversas oportunidades no cuenta con el financiamiento completo. A la fecha sólo se tiene US$ 500 millones, faltando US$ 2,250 millones del financiamiento público y nada se ha hecho para promover las coinversiones privadas por otros US$ 750 millones. 

Con la modernización de la refinería de Talara paralizada por la falta de recursos, una empresa agobiada por las deudas y los conflictos legales asociados a la suspensión del proyecto serían un golpe mortal a Petroperú. En esta circunstancia se dejaría todo el espacio para que la Refinería La Pampilla de Repsol o, en su caso, si no completa el programa de reconversión de esa instalación se regalaría todo el mercado para que sea cubierto por las importaciones de combustibles. Los impactos negativos estarían a la vista: una balanza comercial más negativa en circunstancias en que las exportaciones del país tienen problemas; mayores presiones sobre la paridad cambiaria; un menor valor agregado alrededor del 0.5% del PBI nacional y 3.5% del PBI del sector manufactura de las refinerías locales y menores niveles de empleo. ¿Acaso la importación de combustibles es garantía de que los precios al usuario final vayan a reducirse?, ¿se aseguraría el abastecimiento continuo y confiable de combustibles?

La candidata presidencial del Frente Amplio ha señalado que se debe fortalecer la empresa petrolera estatal, no debilitarla. Esto es imprescindible. A pesar de que no son buenos tiempos para la industria de los hidrocarburos tanto a nivel internacional como local hay que continuar, a la brevedad posible, con la integración vertical de Petroperú participando en el upstream con los mejores estándares operativos, de mantenimiento y de seguridad. Dejar que ganen los enemigos de la petrolera estatal no sólo es negativo para la primera empresa nacional, sino que vulneraría aún más la escasa seguridad energética del país. 

*Profesor de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico.