El gobierno ha solicitado facultades delegadas para reorganizar Petroperú, la empresa de mayores ventas del país propiedad del Estado. La excusa son los derrames del Oleoducto Norperuano (ONP). A esta solicitud se ha sumado toda la campaña promovida por el decano de la prensa nacional y otros medios contra la empresa. Se trataría, en la versión máxima, de desaparecerla como empresa pública y abastecer toda la demanda de productos petrolíferos por productos importados y en el escenario mínimo dejarla como empresa refinadora sin poder participar en las actividades de explotación de hidrocarburos (upstream). El gobierno pareciera va por el objetivo de circunscribirla a la actividad menos rentable de la actividad que es la refinación de petróleo, impidiéndole que participe, como dispuso el Congreso de la República, en el Lote 192. Asimismo, eliminar de una sola vez la posibilidad de participar en el Lote 64 donde se tiene un socio: Geopark que asumiría integralmente la inversión a cambio de entregar el 25% del crudo. Este contrato, que tiene casi tres años de antigüedad, no puede ejecutarse por la oposición del MEF. Ambas alternativas serían funestas para la empresa y la economía nacional.

Es obvio que todos estamos en contra de que se afecte el ambiente y las condiciones de vida de las poblaciones por culpa del ONP. La petrolera debe evitar cualquier derrame, actuar rápidamente, remediar y compensar adecuadamente por los daños directos e indirectos que se produzcan. Se debe mejorar de manera drástica el mantenimiento del ONP, las relaciones con las poblaciones por donde este atraviesa y establecer con estas comunidades adecuados sistemas de vigilancia ciudadana y supervisión. Sin embargo, no se debe olvidar que más de la mitad de los derrames se han producido por daños de terceros, léase atentados o intentos de robo en la costa. Este es un tema que se coloca en letras pequeñas en la prensa o simplemente se omite. La semana pasada arreció esta campaña en contra de la empresa. Hubo un editorial de El decano, una respuesta a una carta de rectificación, una entrevista a un nuevo importador de combustibles y el domingo pasado los resultados de una encuesta donde "el 82% de las personas señalaban que debe reorganizarse Petroperú".

Comentarios maniqueos

De partida, es interesante señalar que este "gran porcentaje de la población" que señala que la empresa debe reorganizarse no es del 82%. En realidad, como dice la letra chica de la interrogante, este porcentaje se calcula sobre el total de entrevistados que están enterados de que el Presidente del Consejo de Ministros ha solicitado facultades legislativas al Congreso. Al respecto, sólo 30% señaló que si está enterado de esta solicitud, por lo que el porcentaje de la población que avalaría la reorganización de la empresa es sólo del 82%* 30%= 24.6% del total de los entrevistados. Este resultado habría que contrastarlos con dos encuestas previas encargadas a la misma empresa encuestadora hace cinco y cuatro años atrás donde más del 60% de los entrevistados señalaban que la empresa petrolera estatal debía mantenerse y fortalecerse.

El tratamiento maniqueo de la información fue extremo en el caso de la entrevista al gerente general de la empresa importadora de combustibles. Esta fue publicada el día jueves 15 de setiembre (p.19). De arranque el titulo resaltó que la refinería de Talara era una incógnita. Gran mentira, ya que todos los detalles técnicos del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) son totalmente transparentes, mismos que se han explicado en muchas oportunidades y que pueden consultarse en la página web de la petrolera estatal. De ahí se dijo que la refinería de Talara no podría procesar crudo pesado de la selva peruana. Otra gran mentira, ya que precisamente uno de los objetivos clave del PMRT es eso. La siguiente mentira fue que Talara no ampliaría la capacidad de producción. Falso, aumentaría en 30,000 barriles diarios. Se dice el Estado subsidia sus inversiones. Falso, el que se ha endeudado es la empresa petrolera estatal, no el Estado y efectivamente va a haber crédito garantizado a la empresa cuyo accionista tiene la obligación de capitalizarla. ¿Cómo hace la inversión el sector privado con sus empresas?, ¿acaso no hay créditos y aportaciones de capital?, ¿por qué si puede hacerlo el sector privado porque no lo haría el Estado?, ¿todo esto no lo conoce acaso el periodista de El decano de la prensa nacional?

Llama la atención la insistencia de que "los despilfarros y las multas" de la empresa los pagan los contribuyentes. Gran mentira, que se resuelve con conocimientos básicos de contabilidad. Los pagos corresponden a la empresa, no al gobierno. La empresa no ha recibido sol alguno, por el contrario ha sido descapitalizada con la enajenación de sus activos en los últimos treinta años (esta no recibió dinero algunos por las privatizaciones y otras deudas pendientes). Por otra parte, se repite insistentemente sobre una pérdida de S/. 200 millones, cuando en los últimos diez años no habido pérdida alguna, sino al contrario utilidades, a excepción de ese número en un año particular. En estos números no hay ideología alguna, son números. Asimismo, no se dice que Petroperú ha sido históricamente más rentable que Relapasa (Refinería La Pampilla) que incluye otros negocios. También se olvidan, a pesar de que lo saben, de que el PMRT tuvo en sus escenario financiero más castigado una tasa interna de retorno financiera (TIR) del 9.6% a 25 años por encima del costo de oportunidad del capital.

Reorganización a cargo de expertos

Es inaceptable que el gobierno pretenda "reorganizar" Petroperú en 120 días. Ni este ni el Directorio tienen conocimiento alguno de la actividad de hidrocarburos y menos en la compleja actual coyuntura internacional a nivel macro y sectorial (salvo el Director ex presidente de Perupetro y el Director-Trabajador). El Congreso debe denegar el otorgamiento de las facultades delegadas en el tema. A propósito, no nos oponemos que se realice una reorganización, pero esta debe darse a partir de empresas de consultoría y voces expertas. Debe recordarse que de acuerdo a la Ley 30130 se contrató una empresa de consultoría internacional Wood Mackenzie que estableció un diagnóstico y propuestas integrales para la empresa: estratégicas, administrativas, operativas y financieras (2014). Eso es lo que debe aplicarse que incluiría, como en toda empresa internacional, la participación inmediata en la explotación de petróleo: lotes de Talara, Lote 64 y 192. 

Efectivamente el tema del ONP debe ser abordado de manera explícita para plantear las soluciones técnicas que correspondan. La operación del ONP es onerosa para la empresa, ya que esta se realiza en promedio al 10% de su capacidad instalada; asimismo hay que agregar los gastos de mantenimiento mayor en proceso. En realidad el ONP debe ser considerado en el marco del artículo 18 del Estatuto Social de la empresa como una función social de Petroperú que debería ser financiada por el gobierno, ya que todo el crudo transportado corresponde a terceras empresas de las cuales la petrolera estatal no realiza aprovechamiento alguno. Sólo cuando se termine el PMRT se podría aprovechar el petróleo crudo del Lote 64, 192 y el crudo pesado de los otros productores de la selva. ¿Por qué hay subsidios cruzados a favor de las empresas privadas?, ¿si estos existen no deberían estar a cargo del gobierno?

Por último, solo seis interrogantes finales. ¿Qué ocurriría con el valor agregado generado en el país si se dejara de refinar localmente y se importaran todos los productos petrolíferos (estamos hablando entre 0.5 y 0.6% del PBI anualmente)?; ¿con estas mayores importaciones bajarían los precios finales de los productos petrolíferos a los consumidores locales?; ¿no sería esta una estrategia de reprimarización de la economía peruana?; ¿qué ocurriría con los encadenamientos productivos locales si se importa todo?; ¿cuál sería el balance total en términos del empleo?; ¿no sería acaso la misma estrategia que aplica la tan criticada economía venezolana de importarlo todo en lugar de producir internamente?
 
(1)Profesor Investigador de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico.