Se ha pretendido instalar la idea de que el origen de la crisis de liquidez que enfrenta Petroperú tiene su génesis en la decisión de modernizar la Refinería de Talara (tomada en diciembre del 2013 con la ley 30130). Supuestamente, el alto nivel de endeudamiento de Petroperú para financiar su construcción sería la causa de los problemas. Esa mala decisión sería la que habría llevado a que, hace tres semanas, el MEF diera un aporte de capital de S/4,000 millones a la empresa.

Pero hay hechos que muestran con claridad que esa no es la verdad.

Hasta antes del primer directorio nombrado por este gobierno, Petroperú era una empresa con líneas de crédito abiertas (por US$ 2,700 millones) con los principales bancos del país y del extranjero (como Deutsche Bank, Sumitomo, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas). Si fuese cierto que Petroperú no era una empresa solvente, ¿habría sido sujeto de crédito de bancos de ese prestigio?

Asimismo, a pesar de que desde la paralización de operaciones de la antigua refinería (diciembre del 2019), Petroperú es básicamente un comercializador de combustibles, ha estado en capacidad de cumplir con el pago del servicio de la deuda (desde el 2018) incurrida para financiar la nueva refinería. Se puede discutir sobre la necesidad de construir la refinería y sobre su monto de inversión, pero no se puede decir que existe una relación causa-efecto entre la decisión del 2013 y la iliquidez del 2022. Anotemos que nunca antes, en sus 53 años de existencia, Petroperú incurrió en iliquidez, ni siquiera durante la hiperinflación de 1985-90.

Los problemas comienzan con la administración que toma las riendas de la empresa desde setiembre del 2021 hasta marzo del 2022, la misma que, de un lado, tiene una carpeta fiscal abierta por corrupción por la importación de biodiésel y, de otro, fue responsable de que no se auditaran los estados financieros del 2021 con Price Waterhouse Coopers.
Fue esta última la razón (la no auditoría) por la cual, en marzo pasado, Fitch y Standard and Poor’s (S&P) rebajaron la calificación de riesgo de Petroperú debido “a la falta de transparencia financiera de la empresa y su débil gobernanza, lo que se evidencia por la demora significativa de la auditoría de los estados financieros del 2021″ (Fitch, 8 de marzo).

En su informe del 15 de marzo, S&P advierte sobre eventos de incumplimiento (“event of default”) si Petroperú no logra la auditoría de sus Estados Financieros.

Y fue esta rebaja la que gatilló la desconfianza del sistema financiero en Petroperú: de los US$ 2,700 millones aprobados con los que contaba la empresa como líneas de crédito, cerca de US$ 1,500 millones pasaron a la condición de evaluación, quedando en condición operativa solo US$ 1,220 millones.

Debido a ello, desde el inicio de la nueva gestión, a principios de abril, Petroperú se dedicó a restablecer la confianza del sistema financiero. Se acordó la auditoría de los EE. FF. con Price y se obtuvo el consentimiento de los acreedores para la entrega (tardía) de los EE. FF. auditados. Pero el daño hecho ya era grande. Se calculó que el déficit de caja al 30 de abril sería de US$ 730 millones y que no se estaría en capacidad de pagar las importaciones de combustibles. Para no caer en el desabastecimiento, se gestionó un préstamo con el MEF de US$ 750 millones, otorgado el 12 de mayo (DU-010-2022). Esta fue la primera vez que Petroperú recurrió al Tesoro Público.

La obtención de los EE. FF. auditados por Price a principios de setiembre debía contribuir a restablecer la confianza del sistema financiero, así como el restablecimiento de líneas de crédito por US$ 1,040 millones. Pero el problema de iliquidez no estaba resuelto y aumentó cuando el 7 de setiembre, en un nuevo informe, Fitch le quitó el grado de inversión a Petroperú, por los siguientes motivos: persistencia de la iliquidez, pocas líneas de crédito, excesivo apalancamiento e insuficiente apoyo del soberano (Estado) a su principal empresa energética.

El objetivo del Directorio que me tocó presidir era no volver a recurrir al MEF, lo que manifesté públicamente. Pero, en setiembre, quedaba claro que la estrategia tenía que cambiar. La confianza se construye y tarda años en establecerse. Pero, si no hay buen gobierno corporativo, se pierde en pocas semanas.

Por ello, Petroperú elaboró un plan de acción, que fue presentado a la Junta General de Accionistas el 16 de setiembre. Uno de los escenarios contemplaba un importante apoyo del soberano: ya no otro préstamo, sino un aporte de capital.

Sin embargo, el plan de acción no se discutió. En conversaciones con el ministro Burneo, se nos dijo que la salida a la crisis era un tema de gestión, a cargo de la gerencia y del directorio de la empresa y no de la Junta de Accionistas.

A mediados de octubre, su enfoque cambió y anunció que habría un aporte de capital de 4,000 millones de soles y líneas de crédito del Banco de la Nación por US$ 500 millones, a través de un decreto de urgencia. En buena hora, pues ello permite mitigar la crisis de iliquidez y terminar con el desabastecimiento. Lo que sí sorprende es que ahora el ministro Burneo nos diga que la crisis se origina en el 2013 (por la construcción de la refinería) y ya no se mencione a la anterior gestión. Dicho de modo explícito: se atribuye al Directorio ingresado en abril la responsabilidad de la crisis, en especial a mi persona.

Sabemos que un aporte de capital -en las circunstancias actuales- tiene un elevado costo político. Y eso fue lo que asumí con mi renuncia al Directorio por no haber dimensionado de manera adecuada la profundidad de la crisis creada por la administración anterior. Ello, a pesar de los logros obtenidos: los EE. FF. auditados, las líneas de crédito que se lograron reabrir y que ayudaron a que el aporte del Tesoro Público fuese menor y, también, la aprobación por parte del Directorio de Petroperú de una propuesta de proyecto de ley -que ya ha sido enviado al Ministerio de Energía y Minas- para la elección meritocrática de su Directorio y su presidente. Solo su aprobación evitará que nuevamente la injerencia política ponga en riesgo a la principal empresa pública del país.

El aporte de capital mitiga los daños, pero no soluciona los problemas de Petroperú. Además de la aprobación del proyecto de ley mencionado, hay un hito importante para que la empresa puede revertir la actual crisis de liquidez: la puesta en operación de la Refinería de Talara en las próximas semanas. La nueva refinería es parte de la solución, no la causa del problema de liquidez (sobre ese punto, volveremos en un siguiente artículo).

También es parte de la solución el regreso de Petroperú a la explotación de petróleo, acompañado, de ser necesario, de un socio privado que asumiría el costo de las inversiones. En principio, con el Lote 192 y los lotes de Talara, que vencen el próximo año, tema que debe ser decidido por Perupetro.

Todo ello pasa por abordar un tema de fondo: lograr un consenso de largo plazo sobre el rol que debe cumplir la empresa estatal en la transición energética. Ese consenso existe en todos los países vecinos como Chile, Colombia y Ecuador, mas no en el Perú. Ese es el telón de fondo que debe guiar la reestructuración de Petroperú, lo que debiera incluir, de manera explícita, la apertura del capital social a una participación del capital privado (con un máximo de 20%, como en Colombia), así como la reafirmación de la no privatización de Petroperú.

El problema de Petroperú no se va a solucionar con el triunfo de una posición extrema (la privatización o su impulso total). Necesitamos construir un consenso sobre el rol que le toca a cumplir y asegurar que, en adelante, la elección de los directorios se hará con criterios meritocráticos y sin injerencia política.

Publicado en el Diario La República