Hace unos días el expresidente de Ecopetrol, la estatal colombiana estuvo en Lima y dijo que Petroperú no va a ser la primera ni la última petrolera nacional en crisis. Eso lo saben bien en Colombia donde, del 2010 al 2017, la Refinería de Cartagena tuvo enormes problemas financieros, técnicos y de gobernanza que requirieron medidas de emergencia en varios planos. Y agregó: “lo importante es que la decisión que se tome le dé la capacidad para hacer las transformaciones que se requieren”. 

Es el reto que tiene al frente el nuevo gobierno, que está heredando el DU-010-2025, y que debe haber sido elegido el día de ayer. En verdad, el reto se traslada a los candidatos de los partidos políticos, ya que los gobiernos de transición, por definición, son eso: de transición. Los temas de fondo le corresponden al próximo gobierno. 

Hay serias opiniones sobre la mesa. El Colegio de Abogados de Lima está preocupado por el DU 010 2025 “por considerar que carece de sustento constitucional y legal, al no encontrarse debidamente acreditada una situación extraordinaria e imprevisible que justifique su emisión conforme al artículo 118 - 19, de la Constitución” (21 de enero).

De su lado, el Colegio de Ingenieros dice que ProInversión no es la entidad idónea para liderar un proceso de reestructuración técnico-industrial: “cuenta con experiencia reconocida en APPs y otros, pero no tiene como mandato ni especialidad la conducción de procesos que requieren conocimiento profundo en refinación, operación petrolera integrada, seguridad industrial y gestión de riesgos operativos complejos” (Pronunciamiento del 14 de enero).

Y el Ing. Carlos Herrera ha dicho: “Es una forma de resolver el problema de Petroperú acabando con Petroperú. Yo tras lo que leo ahí, lo están descuartizando. [¿Es una privatización de Petro Perú?] Finalmente, sí. El gobierno en estos momentos lo que busca es deshacerse del problema de cada cierto tiempo, estarle inyectando dinero y que lo estén engañando” (RPP, 2 de enero). 

Los pedidos de apoyo financiero al gobierno son un indicador claro de los problemas de Petroperú y causan enormes pérdidas reputacionales que generan descontento. Para el gobierno y la ministra de Economía el problema es solo de Petroperú y de nadie más. Es la narrativa a la cual el gobierno arrastra a toda la población: “Petroperú está mal manejada porque estatal, ineficiente y sirve a los intereses de sus altos funcionarios y de sus empleados y obreros, “comechados” que solo desean mantener los beneficios que obtienen de la empresa”. Corolario: quienes defienden a Petroperú no quieren al país, le hacen daño. La empresa no sirve y hay que cerrarla. 

Esa “narrativa” no corresponde a la realidad. Ciertamente, Petroperú tiene serios problemas que deben ser encarados y arreglados. Ha habido problemas de gobernanza, demoras en la construcción de la refinería que han causado fuertes pérdidas, problemas de gobierno corporativo, insuficiencia en las formas de elección de su directorio y varios temas adicionales. 

Pero es falso plantear que los problemas son solo de Petroperú. Existe corresponsabilidad -en muchos casos- de la injerencia gubernamental en sus decisiones. Y esta injerencia, fenómeno recurrente en algunas empresas estatales, tiene una característica particular y espectacular en el caso peruano y de PETROPERU. 

Todo ello ha sido puesto en agenda por el ex presidente de Petroperú, Oliver Stark y, también, por Alejandro Narváez. Se trata de los pagos indebidos y anticonstitucionales que ha tenido que asumir Petroperú en el caso del IGV a la Amazonía (del 2000 al 2015), del Impuesto del 6,5% a las ventas de Petroperú (de 1992 a 1995) y del pago de las pensiones, que le corresponden a la ONP (hasta el 2015). Esos pagos indebidos y anticonstitucionales suman varios miles de millones de dólares, como también lo ha reseñado Ricardo Uceda en El Comercio (11/11/2024). Todo ello descapitalizó fuertemente a Petroperú. Volveremos sobre el tema.

También es clave el informe de la consultora Wood Mackenzie de marzo del 2015, donde detectó un problema crucial: la enorme injerencia política en las decisiones de la empresa, las que vienen, claro está, del gobierno de turno. Para ello se planteó una modernización de la gobernanza corporativa. En el plano económico/financiero se planteó que Petroperú -para cumplir con la Ley 30130- debía obtener un flujo de caja positivo, lo cual se lograría con la devolución del IGV de las ventas de combustible en la Amazonía y la entrada de Petroperú a la explotación de petróleo en los lotes de Talara. 

Para la inyección del capital privado, Wood propuso varias medidas, siendo las más importantes: 1) que se elimine la no devolución a Petroperú del IGV de la Amazonía, pues disminuía los ingresos en 200 millones de soles anuales, algo que no sería aceptado por ningún empresario privado1. 2) que Petroperú participe en la explotación y la explotación (E&E) de petróleo (el “upstream”), sector del cual Petroperú fue excluido durante los años 1993 a 1996. 

La proyección elaborada por Wood Mackenzie desde el 2015 al 2030 decía que el Valor Presente Neto crecería desde un negativo de US$ 381 millones en el 2015 hasta un VPN positivo de US$ 1,773 millones en el 2030 (ver gráfico). Estimaron que la eliminación del IGV de la Amazonía proveería US$ 752 millones2 y que la integración y expansión al sector E&E aportaría US$ 907 millones (US$ 515 + 392). Petroperú aprobó el Informe de Wood Mackenzie. 

                                                                 Gráfico

Ese informe fue aprobado por el directorio de Petroperú. Pero no se pudo implementar pues, debido a la injerencia gubernamental, fue desechado, como lo reseñó en su momento Semana Económica. Con esas 2 medidas, la crisis económica no sería la misma. Pero de eso no habla hoy en día. Se ignora.

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No hay una política de Estado que trascienda los gobiernos

¿Qué define a PetroPerú y cuál es la estrategia que plantea Wood Mackenzie para ella? ¿Y dónde queda el upstream (la explotación) en sus objetivos? El upstream es parte -si no el centro--que explica la esquizofrenia de la empresa a través de los años, y en los últimos meses. De febrero a marzo (del 2015), el gobierno y Petroperú han cambiado notoriamente la propuesta de cómo llegar a la explotación.

En efecto, la semana pasada, el directorio de Petroperú decidió no participar en el contrato de licencia del lote VII/VI (Sapet), lo que se sumó a las decisiones de marzo de no ingresar en asociación con Graña y Montero a los lotes III y IV en marzo del 2015, y de aplazar el contrato con Geopark para iniciar operaciones en el lote 64

Desde el punto de vista económico, la integración vertical se avala en que los beneficios de estar presente desde la exploración hasta la comercialización del petróleo superan a los costos. Pero, nuevamente, incluso si esto fuera posible, a PetroPerú le faltaría lo que sus pares en la región sí tuvieron durante la integración vertical: una política de Estado que trascienda a los gobiernos.

Semana Económica, Definir antes que lamentar, 27 de abril del 2015.

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A diferencia de otros países no hay un consenso de parte de amplios sectores políticos y empresariales acerca de la existencia de PETROPERU, para ya no hablar de los roles que debe desempeñar en la política energética del Perú. Se trata del sector político que, por ideología -y también por intereses concretos- afirma que las empresas estatales son ineficientes y no deben existir. Eso fue lo que plantearon en los años 90 con la privatización. Y no han cambiado.

Si bien Petroperú sobrevivió, quedó seriamente debilitada: no tiene la estructura productiva en la cadena de valor que tienen la mayoría de las empresas petroleras: la integración vertical, es decir, estar presentes en la producción de petróleo, en la refinación y en la comercialización minorista de combustibles. Cada vez que Petroperú -quizá mejor llamarle RefinoPerú- ha intentado volver a la integración vertical, ha sido impedida por los funcionarios del gobierno y los gremios empresariales, invocando el rol subsidiario de la actividad empresarial de la Constitución de 1993. 

Si desea comprar estaciones de servicio, no lo puede hacer porque “allí ya hay inversión privada”. Si desea participar en las actividades de producción de petróleo también se lo niegan y se lo impiden, aun cuando esta actividad de producción no conlleva riesgo, como sí sucede en las actividades de exploración de petróleo. En otras palabras, “compite” en inferioridad de condiciones. Eso debe terminar.

Por tanto, la “tesis” gubernamental acerca de que los problemas de Petroperú son exclusiva y únicamente propios, es errada. Debe haber  una discusión integral sobre los problemas de la empresa para entender y analizar cómo superarlas para lograr un consenso. No se trata de un juego de suma cero, donde solo gana un sector. Si hablamos de consenso es que se llega a metas, fines y políticas compartidas. 

Hay que llenar de contenido el significado de actividad estratégica en estos momentos en que el Estado-Nación vuelve a tomar completa preponderancia, pasando por encima del orden multilateral. Lo hace la Unión Europea, lo hacen nuestros vecinos. Pero eso no se siente en el Perú. 

Ese debate importante les corresponde ahora a los partidos políticos pues va a marcar el rumbo del país para las próximas décadas. Lo que se haga o no, va a marcar el futuro de las generaciones. Se trata también de discutir el lugar de Petroperú dentro de un plan de mediano y largo plazo en medio de una transición energética para combatir el cambio climático que amenaza al planeta. y, en ese marco como se orienta la inversión privada y su rol en el impulso a las energías renovables (eólica y solar), así como las políticas públicas, el apoyo a las poblaciones alejadas de la amazonia, la protección al medio ambiente y la amazonia, las energías limpias y las tierras raras, base de la inteligencia artificial en el siglo XXI. 

Volviendo al principio, es el momento de dejar de lado el DU 010 2025 y evaluar políticas que permitan la solución a las alternativas energéticas y al caso de Petroperú, sobre todo en el caso del funcionamiento de todas las unidades de la Refinería de Talara. Asimismo, existen iniciativas privadas con propuestas de capital fresco que dejan de lado el seccionamiento “en pedazos” y la venta “al martillo” de los principales activos (que muchos miran con ojos comisionados) y, también, permiten encarar la negociación con los tenedores de bonos de la deuda de Petroperú. Hay que estar alertas buscando ese consenso de largo plazo.
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1 El tema con el IGV de la Amazonía venía desde 1999 con Fujimori: no se cobraba para favorecer a Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Amazonas y San Martín. El problema para las empresas que vendían combustibles es cómo iban a recuperar el IGV de las ventas en la Amazonía. Las empresas, públicas y privadas pidieron un mecanismo de recuperación. El gobierno dijo que no. Entonces todas las privadas se fueron de la Amazonía. Solo se quedó Petroperú y la no recuperacion del IGV le costaba cerca de 200 millones de soles anuales. En un PPT del 2024, Oliver Stark calcula que los adeudos del Estado a la empresa, desde el 2000 al 2015, llegan a la suma de S/. 2,766 millones (si esta cifra se lleva a dólares de hoy, estamos hablando de más de US$ 1000 millones desde el 2000 al 2015).

2 Agrega Wood: “En el caso específico de las reglas y normativa de la recuperación del IGV en la Amazonia, estimamos que PETROPERÚ podría recuperar de US$50 a US$100 millones al año de flujo de caja”, Informe Wood, 12 de febrero 2015, página 81.