El Ejecutivo ha promulgado el Decreto Legislativo N°1198 que modifica la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Ahora las entidades públicas y privadas podrán administrar los bienes inmuebles culturales a través de convenios firmados con el Ministerio de Cultura. Dichos convenios serán otorgados bajo la modalidad de concurso de proyectos y su vigencia podrá extenderse hasta por 10 años. La legislación señala que los administradores no solo deberán conservar el patrimonio, sino también promover el acceso y uso social del mismo. Cabe señalar que los Patrimonios Mundiales, como el Santuario Histórico de Machu Picchu, el Sitio Arqueológico Chavín, el Parque Nacional Huascarán, o el Parque Nacional del Manu no se encuentran afectos a esta medida legislativa.

No obstante, esta modificación no ha sido bien recibida por todos. Desde el Cusco, ya se han pronunciado las autoridades en materia cultural así como el Gobierno Regional. A través de un comunicado de prensa, el gobernador Edwin Licona sostuvo que dicho decreto era “un grave atentado contra el legado cultural”. Agregó que la medida va contra los intereses de nuestro patrimonio cultural y la consideró una “subasta al mejor postor”. Asimismo, sostuvo que presentará una iniciativa legislativa solicitando la derogatoria de la norma.
 
El Ministerio de Cultura se ha pronunciado para aclarar que el mencionado DL no modifica de ninguna forma las condiciones su carácter de propiedad estatal, intangibilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes culturales. Además, de que no se transferirán recursos públicos a entidades privadas con la sola excepción de los recursos recaudados por la venta de los boletos de ingreso. Por su parte, el titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Ricardo Ruíz Caro, pidió a la ciudadanía prestar atención a la mencionada ley, dado que si bien la iniciativa es positiva, esta puede desnaturalizarse y generar efectos contrarios.
    
Patrimonio en el olvido
 
El Ministerio de Cultura es la cartera ministerial que recibe la menor parte del Presupuesto de la República. Ruiz Caro señaló que apenas la cuarta parte del 1% del presupuesto del PBI es lo que le corresponde. Se trata del ministerio más pobre del Perú y es uno de los que más dinero requiere, debido a los constantes descubrimientos arqueológicos que se vienen realizando. Actualmente, se han identificado más de 19 000 monumentos arqueológicos en todo el país. La falta de recursos económicos para financiar esta labor pone en riesgo el patrimonio y conlleva a nuestras instituciones a firmar convenios con entidades que, si bien pueden garantizar la sostenibilidad de dichos bienes culturales, ponen en riesgo su condición de bien estatal, con la privatización.
 
Consultado al respecto, el antropólogo y ex director del INC en el Cusco, David Ugarte, consideró que hubo una falta de transparencia en la promulgación de esta ley, al no haber sido presentada a la opinión pública y sometida a debate. Se trata de un tema que tendrá trascendencia social y no puede decidirse a puertas cerradas. Añadió que le parecía ilógico que un gobierno que se hace llamar “nacionalista” esté adoptando políticas neoliberales incluso en materia cultural. Ugarte destacó el efecto negativo que tiene la norma en cuanto que resta el valor cultural al patrimonio en contraposición a un valor lucrativo, que tiene mayor correspondencia con los intereses del sector privado.
 
En estos días diferentes instituciones cusqueñas se están reuniendo para emitir un pronunciamiento. En la Ciudad Imperial el rechazo a la norma es contundente. Se ha señalado, incluso, la posibilidad de solicitar que se excluya a esta región de la aplicación de la ley.  Anteriormente, en el 2008, el Cusco también encabezó la lucha contra las políticas de privatización del Patrimonio Cultural emitidas por el gobierno de Alan García. En ese año se promulgó la ley 29164, que fomentaba la construcción de hoteles de lujo en zonas aledañas a Patrimonios Culturales. Algunos años antes ya se venía promoviendo una medida legislativa similar, a favor del sector privado dedicado al turismo. En ese sentido, esta no es la primera vez que el gobierno consigue beneficiar a ciertos grupos económicos, a través de leyes que ponen en riesgo el patrimonio arqueológico.
 
Por lo pronto, el Cusco se encuentra a la espera de que el resto de regiones se manifieste respecto al tema.
Cada región tiene características muy particulares sobre la conservación de sus bienes inmuebles culturales. El destino del patrimonio dependerá mucho de la postura que los demás gobiernos regionales tomen. Sin embargo, se espera que tengan el mismo interés por preservarlos tal y como lo señala originalmente la ley.
 
El Ministerio de Cultura tiene 90 días para determinar cuál será el procedimiento para el otorgamiento, ejecución y supervisión de los convenios de gestión cultural. En vista de la gran negativa que viene teniendo esta medida legislativa, el Congreso de la República debería observarla y someterla a discusión. Es preciso iniciar un debate en torno al futuro de los bienes inmuebles del Patrimonio Cultural que durante mucho tiempo han permanecido en el olvido y hoy se encuentran a merced del interés privado.