En el Perú abundan las palabras tranquilizadoras y escasean las verdades incómodas. Cuando el Gobierno dice que Petroperú “no será privatizada”, lo que en realidad hace es administrar el lenguaje para amortiguar el impacto político de una decisión mayor: abrir la empresa a una reorganización patrimonial y operativa con participación privada, segmentación de activos y eventual venta de sus activos. No se le llama venta total, es cierto. Pero cuando una empresa estatal empieza a ser troceada, concesionada, gerenciada por terceros y sometida a la lógica de bloques patrimoniales, estamos ante una cesión progresiva de poder económico. Y eso, en términos sustantivos, es el inicio de una venta por partes. 

Petroperú no es cualquier empresa. Es, para bien o para mal, uno de los instrumentos más sensibles de la seguridad energética peruana. El propio marco oficial reconoce que su continuidad es clave para evitar el desabastecimiento y mantener operaciones en todo el país, especialmente en zonas alejadas (rol subsidiario). La empresa ha sido presentada por el Estado como un “actor estratégico” de la cadena de valor de los hidrocarburos, precisamente porque en un país tan fracturado territorialmente, dejar el abastecimiento enteramente en manos de privados equivale a renunciar a una capacidad mínima de soberanía económica. 

Cifras de Petroperú

Petroperú llega a 2026 en una situación financiera muy debilitada, pero en franca recuperación. Al 31 de diciembre de 2025, Petroperú registraba una utilidad bruta de US$ 15 millones (2024: US$ -286 Millones), un EBITDA positivo de US$ 13 millones (2024: US$ -296 millones) (véase Informes de Petroperú, 2026). El DU 010-2025 trunca ese proceso de recuperación. Evidentemente, el principal problema de la empresa es su capital de trabajo negativo en torno a US$ 1,500 millones. El origen de este problema está en la decisión errática tomada en diciembre de 2019 (cierre de la refinería antigua) que dio lugar a una importante pérdida de cuota de mercado e importación de productos para atender el mercado nacional. 

Por otro lado, buena parte de la asfixia financiera también se debe al lento y prolongado arranque de la refinería Talara. No obstante, la nueva refinería es hoy el activo más valioso de Petroperú y de todos los peruanos, pero también el foco de controversia financiera debido al monto comprometido en su construcción que gira en torno a US$5,500 millones. 

Doble discurso 

El discurso oficial es doble. Por un lado, los burócratas del MEF y el MINEM afirman categóricamente que no habrá privatización y que los activos estratégicos seguirán siendo propiedad exclusiva del Estado, protegidos mediante fideicomisos, descartando una transferencia de titularidad. Pero, por otro lado, ProInversión ya aprobó un Plan Marco para la reorganización patrimonial y operativa de Petroperú, diseñado para estructurar planes específicos por bloques patrimoniales e incorporar capital privado. Es decir, si bien formalmente no se transfiere la propiedad central, materialmente sí se abre la puerta a que la gestión, la renta y la lógica operativa de segmentos clave queden subordinadas a actores privados. 

Para ejecutar el plan macabro de vender el activo más valioso de todos los peruanos, el MEF diligentemente transfirió S/ 86.4 millones a ProInversión. Ese monto no equivale automáticamente a los honorarios de una sola firma, pero sí muestra la dimensión financiera de la operación montada alrededor de la llamada “reorganización”. En otras palabras, mientras se repite que Petroperú está en crisis y que no hay recursos, sí aparece una cuantiosa bolsa pública para ordenar su eventual privatización. 

En ese marco, ProInversión contrató a Deloitte mediante la Resolución de Presidencia N.° 020-2026, con el encargo de brindar asesoría especializada integral para la reorganización patrimonial y operativa de Petroperú. La amplitud del mandato no es un detalle: Deloitte no entra para mirar desde la tribuna, sino para participar en el rediseño mismo del corazón patrimonial y operativo de la empresa. 

A ello se suma la contratación del Estudio Muñiz y Abogados, aprobada por ProInversión mediante la Resolución de Presidencia N.° 029-2026 por el monto ascendente a US$ 1,136,340.00. El objeto del contrato es prestar asesoría legal especializada a ProInversión en el proceso de reorganización patrimonial de los activos de Petroperú. El discurso oficial insiste en que se trata de “blindaje legal”, “seguridad jurídica” y “rigor técnico”. En realidad, estamos frente a la juridificación intensiva de un proceso altamente sensible, donde primero se diseña la arquitectura legal y luego se le vende a la opinión pública como necesidad técnica inevitable. Traducido al lenguaje llano: el Estado ya decidió que una parte de la solución pasa por vender, desprenderse o externalizar. La discusión ya no es si el proceso existe, sino hasta dónde llegará. 

Pretextos burdos

Y ahí aparece la gran contradicción nacional. El Perú parece haber aceptado una lógica perversa: se deja caer una empresa pública mediante interferencia política, y el nombramiento de directores incompetentes. Luego, cuando la empresa está exhausta, se concluye que el problema es su carácter estatal y se presenta la entrada privada como salvación inevitable. No se corrige primero la gobernanza para recuperar valor, se deprime el activo y luego se negocia desde la debilidad. Eso no es modernización. Eso se parece demasiado al manual clásico de desvalorización previa a la transferencia, en suma, traición al país.

Sería irresponsable, sin embargo, caer en el extremo opuesto y romantizar a Petroperú. La empresa necesita buena gobernanza, transparencia radical, reestructuración financiera, meritocracia, blindaje frente al manoseo político, auditoria forense de la nueva Refinería Talara, medidas de austeridad, optimización del personal, recuperación de deudas millonarias y comités de ética y transparencia. Todo ello se venía haciendo, sin embargo, el DU.010-2025 lo truncó. 

Petroperú es más que una empresa 

El punto de fondo, entonces, no es ideológico sino estratégico. Un país importador neto de petróleo y derivados, con brechas logísticas históricas y una economía vulnerable a choques externos, no debería tratar a su principal empresa energética como simple problema contable. Petroperú vale por sus activos, sí, pero sobre todo por lo que representa: capacidad de abastecimiento, presencia territorial, infraestructura crítica y posibilidad de articular una política energética nacional. Si ese activo termina fragmentado, concesionado o gestionado desde criterios exclusivamente financieros de corto plazo, el país puede ganar caja hoy y perder soberanía mañana. 

En suma, el Gobierno puede insistir en que no hay privatización. Formalmente, quizás tenga razón parcial. Pero los hechos muestran otra cosa: reorganización patrimonial, bloques separados, inversión privada especializada, eventual disposición de activos no estratégicos y apertura a terceros para conducir áreas sensibles. El nombre puede discutirse, la dirección del proceso, no. Petroperú, uno de los activos más valiosos del Perú, ya no está solo en reestructuración: está entrando en una fase de cesión progresiva cuya magnitud todavía no se quiere decir con todas sus letras. 

Conclusiones

Cuando un Estado empieza a reorganizar en bloques su principal activo energético, contratar consultoras y estudios para rediseñarlo, y hablar de sostenibilidad sin discutir soberanía, no está salvando una empresa. Está redefiniendo, quizá sin querer decirlo de frente, qué parte del Perú no seguirá siendo realmente del Perú.

La contratación de Deloitte y del Estudio Muñiz confirma que el proceso ya no es retórico, sino operativo, jurídico y financieramente estructurado. Hay que pararlo por el bien del país. ¡Ahora! 
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(*) Es Doctor en Ciencias Económicas. Actualmente profesor principal de Economía Financiera en la UNMSM y director del II&EE.