Los ministros de Economía Alonso Segura Vasi, y de Energía y Minas Rosa María Ortiz Ríos, en su calidad de integrantes de la Junta de Accionistas de Petroperú, tendrán que explicar ante el Pleno del Congreso los motivos por los que la empresa petrolera estatal no participó en la explotación de los lotes III y IV ubicados en Piura, juntamente con Graña y Montero Petrolera (GMP), y dejó de percibir ingresos que fluctúan entre los 300 y 600 millones de dólares.
 
La iniciativa planteada por el congresista Manuel Dammert, aprobada por el pleno el 9 de abril, sostiene que la decisión de impedir que Petroperú explote los lotes III y IV favoreció ilegalmente a Graña y Montero y constituye un sabotaje no solo al Estado sino también a la Refinería de Talara.

EL SUSTENTO
En el primer considerando, la moción explica que en febrero de este año el directorio de Petroperú decidió participar con un 25% en la explotación de los lotes III y IV ubicados en Piura a partir del 5 de abril, al entrar en vigencia el contrato con Graña y Montero.
 
Después de evaluar los detalles técnicos y las posibilidades económicas, el directorio decidió participar en la explotación de esos lotes que producen un promedio de 2,000 barriles de petróleo por día. La inversión comprometida de U$ 600 millones está prevista para los próximos 10 años y, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), las reservas probadas de esos lotes son de 24 millones de barriles, cuyo valor se sitúa entre U$ 1,200 millones (al precio de U$50 el barril) y U$ 2,400 millones (al precio de U$ 100 el barril).
 
El 13 de marzo, al renunciar el ministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga y ser reemplazado por Rosa María Ortiz, el directorio de Petroperú (por iniciativa de la nueva ministra) decidió revisar el acuerdo para realizar labores de explotación por presuntamente contravenir el art. 6 de la Ley 30130, Ley de Modernización de la Refinería de Talara.
 
Citado por el Congreso, el presidente del directorio de Petroperú, Pedro Touzett, aseguró que la empresa estatal si podía participar en la explotación de los lotes III y IV sin que esto signifique afectar o contravenir la modernización de la Refinería de Talara. Tras esas declaraciones Touzett fue retirado de su cargo por la ministra Rosa Ortiz y luego se anuncia que la citada empresa no participará en la explotación.
 
El cuarto punto de los considerandos de la moción, sostiene que el retiro de Petroperú implica que la empresa deja de incorporar a sus activos entre U$ 300 y 600 millones como mínimo, dinero que es transferido a Graña y Montero a cambio de nada.
 
Explica que GMP decidió la inversión de U$ 600 millones sabiendo que tendría como socio a Petroperú; es decir, su flujo de fondos ya tenía proyectado el reparto de ganancias con la empresa estatal, por lo que el retiro de Petroperú eleva sus beneficios por encima de su expectativa de ganancia.
 
LOS RESPONSABLES
En ese contexto, los ministros Alonso Segura y Rosa María Ortiz, integrantes de la junta de accionistas de Petroperú son los responsables de que se anule el 25% de la participación de Petroperú en la explotación de los lotes III y IV, y del cambio del presidente del directorio de Petroperú y de sus directores, cometiendo para ello diversos delitos para favorecer intereses particulares.
 
La moción planteada por Manuel Dammert sostiene que se atropelló la autonomía de la empresa Petroperú y se favoreció ilegalmente a Graña y Montero, afectando los recursos que estaban destinados para la empresa estatal petrolera.

Con esta decisión, Petroperú no solo pierde ingresos, sino que se ve obligado a seguir comprando el petróleo de los lotes III y IV, que están conectados directamente mediante tuberías a la refinería de Talara, lo que pone en riesgo el financiamiento de la Modernización de la Refinería de Talara pues en los próximos años deberá adquirir el Petróleo de los lotes III y IV a GMP a los nuevos precios, entre 70 y 100 dólares el barril, establecidos en el mercado mundial.
 
PRECEDENTE
En la moción se advierte que los pretextos ilegales de la anulación de la participación de Petroperú en los lotes III y IV, serán los mismos que se usarán para bloquear su participación en el lote 192, que tiene el 25% de la reserva nacional de petróleo y retorna al Estado en agosto de este año.
 
Explica que sin sustento alguno se dejó de lado la recomendación técnica de la consultora Wood Mackenzie, que señala la necesidad del retorno de la petrolera estatal a la explotación del petróleo, porque refuerza su solvencia al incrementar su valor patrimonial.
 
Se menciona como otra consecuencia de esta decisión ilegal, que se disminuirá el valor de las acciones de Petroperú que se ofertarán al sector privado para que participe como socio, afectando los activos públicos nacionales y privatizando el 49% de acciones de la empresa estatal.
 
Se advierte que esta decisión ilegal se hará vigente también para el lote 64 en la selva norte, que tiene 55 millones de barriles de reservas probadas, y que fue cedido gratis a Petroperú en diciembre de 2012. Los recursos del lote 64 están valorizados en U$ 2750 millones de dólares de ingresos brutos.
 
Se deja en claro que la decisión ilegal para no explotar los lotes III y IV hace que se pierda una renta estratégica petrolera y gasífera que supera largamente los U$ 10,000 millones de dólares.
 
La iniciativa planteada por Manuel Dammert y que suscriben parlamentarios como Rosa Mavila, Sergio Tejada, Verónika Mendoza, Esther Saavedra, Jorge Rimarachín, Rubén Coa,  Natalie Condori, entre otros, plantea una serie de interrogantes para que los ministros expliquen los motivos reales de la exclusión de Petroperú para la explotación de los citados lotes y sustenten en base a qué estudios se priva al Estado de recibir millones de dólares y se los entregue directamente a una empresa privada (Graña y Montero) a cambio de nada.