Luego de 25 años de desprecio por el Perú, al fin sucede algo importante para reivindicarnos. La aprobación, bajo dura presión popular, de la ley que autoriza a Petroperú a volver al negocio de explotación petrolera y le da vía libre para operar el lote más importante en producción, es una muy buena noticia. Por encima de todo, esta decisión reivindica la necesidad de la soberanía energética un componente esencial de nuestra soberanía nacional que ha sido vilmente puesta de lado en el último cuarto de siglo por la continuidad de políticas neoliberales que han llevado al país a vender sus mejores activos al extranjero.

Frente a este logro, un gobierno que se llama “nacionalista” ha salido en bloque a oponerse a su medida, en lo inmediato esto le ha costado la explosión de su bancada parlamentaria y en los próximos días, por más caraduras que sean, parece avizorarse una crisis de gabinete. El retrato de Velasco que Ollanta Humala tenía en su despacho de campaña debe estar hoy, más que nunca, muy al fondo de algún desván olvidado. Pero el resto de la derecha que secuestró años atrás al gobierno de Humala no sale de su asombro. Los que mandan, la CONFIEP y sus tramitadores en el Congreso,  revisan apurados qué les ha fallado para que, como nunca, se apruebe algo que está en contra de sus intereses. Sus partidos, por otra parte, sudan frío. El Apra se opone, fiel a la línea del perro del hortelano de regalarlo todo, el fujimorismo nos recuerda su pragmatismo de otrora y está a favor, olvidando que ellos fueron los que descuartizaron Petroperú y vendieron las partes más rentables a la carrera, empezando por los lotes productores de la selva y Talara, así como los grifos.

Los argumentos en contra han quedado en el camino. El argumento de que Petroperú no tiene capacidad técnica es hipócrita porque fueron los neoliberales quienes impidieron desde 1990 que así fuera, si no pregúntenle al MEF. Es precisamente volviendo a la explotación que esta y cualquier otra empresa recupera lo que ha tenido. Es más, mientras regresa a su plena capacidad operativa, Petroperú puede, con este u otro lote, hacer contratos de servicios con empresas privadas sobre la base de tener la titularidad de la explotación de nuestros recursos. El argumento de no tener capacidad financiera también es deleznable porque con la autorización para explotar lotes específicos esta u otra empresa consiguen el financiamiento respectivo.
 
El argumento de que es inconstitucional tampoco funciona porque los legisladores se han cuidado de redactar una ley que da la autorización respectiva a la empresa estatal para que opere el lote 192 sin violar contratos existentes, a la par que se promueven acciones para que la Contraloría investigue la ilegalidad de un contrato hecho con una empresa seleccionada a dedo y por la entidad que no correspondía. Esta situación señala dos posibilidades: que Petroperú espere que pasen los dos años del contrato y asuma cuando el plazo se le termine a la empresa Pacific, el 31 de agosto de 2017, o que el contrato se declare ilegal por los vicios que parece contener y asume cuando ello suceda.
 
Sin embargo, esta discusión constitucional reviste suma importancia, porque configura un ejemplo práctico de cómo un artículo de la constitución fujimorista, el 60 en este caso, aunque todo el capítulo económico va en el mismo sentido, impiden la recuperación de la soberanía energética y a la postre el desarrollo del Perú. Es un buen motivo y un buen momento entonces para retomar la lucha por una Nueva Constitución que abandone los conceptos apátridas de la carta de 1993 y nos señale un camino de desarrollo nacional y no colonial.
 
En lo inmediato debemos exigir la renuncia de Pedro Cateriano que ha parecido más un embajador de las empresas extranjeros que un Presidente del Consejo de Ministros, así como de Alonso Segura, jefe del lobby empresarial que se aloja en el MEF, y de Rosa María Ortiz, Ministra de Energía, que se dice y se contradice sin saber ya cómo atender mejor las instrucciones que le da por teléfono.
 
Pero lo más importante, es que se mantenga la movilización del pueblo de Loreto, única garantía de que la ley aprobada tenga efectos en la realidad. Si esto no sucede no caben dudas que el Ejecutivo e incluso el Congreso, impedirán que se lleve adelante la voluntad popular. Debemos por ello, todos los peruanos estar listos a acompañar a los loretanos para que se respete a nuestra empresa Petroperú y se recupere finalmente nuestro petróleo y demás fuentes de energía de manos extranjeras y decisiones ajenas al interés nacional.