El 3 de octubre de 1968, el Perú tuvo un nuevo golpe de Estado, que hubiera permitido repetir la frase del poeta Martín Adán, pronunciada el 27 de octubre de 1948, cuando el general Odría derrocó al Presidente Bustamante y Rivero: “el Perú ha vuelto a la normalidad”. 

En esos días de 1968 hubo numerosas protestas. Los jóvenes demócratas cristianos de entonces bajamos a media asta la bandera en el local partidario y salimos en escuálida marcha de protesta por el centro de Lima. Los sobrinos del Presidente Belaúnde fueron golpeados por la policía frente a Palacio. Todo esto ocurría a pesar de que Belaúnde cayó luego del escándalo de la página once, de haber sufrido la obstrucción parlamentaria de la coalición apro-odriísta (antecedente del apro-fujimorismo de hoy), y luego de declarar que hablar de devaluación de la moneda era un acto de traición a la patria, casi en la víspera misma de devaluar, él mismo, el sol peruano.

El 9 de octubre de 1968, seis días después del golpe, el ejército tomó las instalaciones de la International Petroleum Company, en La Brea y Pariñas, y la compañía fue expropiada, lo que marcó el nacimiento de una nueva política tanto interna como internacional.

La International Petroleum Company (IPC), filial de la Standard Oil de New Jersey, era una empresa petrolera, continuadora en derechos y abusos de la británica London Pacific Petroleum. Desde 1914  la IPC explotó el yacimiento de La Brea y Pariñas y otros más, estableciendo en Talara su refinería y centro de operaciones, en la época en que el Perú era un país petrolero.

La IPC exploró y explotó la riqueza petrolífera, monopolizando su extracción, refinación, distribución, comercialización y exportación. Instaló plantas de ventas y grifos en todo el país; construyó dos muelles en el puerto de Talara; y compró barcos para la distribución de los combustibles a todo el país. 

Con el permanente apoyo de los gobiernos de los EEUU y del Reino Unido, la IPC protagonizó el escándalo más prolongado de nuestra historia republicana (por lo menos, hasta el caso Laja Jato), al negarse a pagar los impuestos a los que estaba obligada. Logró ventajosas exoneraciones, otorgadas por gobiernos todos pro estadounidenses. En 1922, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, renunciando el Perú a su soberanía, se firmó el Laudo de París, un acto de sumisión a los intereses estadounidenses que daría motivo a protestas nacionalistas a lo largo de varias décadas. 

El malestar popular por esta situación fue la bandera de lucha de dirigentes políticos como Héctor Cornejo Chávez, Alfonso Benavides Correa y Fernando Belaúnde Terry. El Comercio, abanderado de la recuperación de La Brea y Pariñas, perdió gran parte de su avisaje de grandes empresas, que fueron a financiar la expansión de La Prensa, de Pedro Beltrán Espantoso.

Fernando Belaúnde fue electo Presidente del Perú, en 1963, con la promesa de resolver el problema en cien días. Recién en agosto de 1968, anunció una “solución”, apoyada por sus antagonistas de la coalición entre el APRA y la Unión Nacional Odriísta. La solución era el Acta de Talara, por la cual la IPC devolvía al estado peruano los campos petrolíferos, pero conservaba la refinería de Talara y la red de distribución del combustible. 

Poco después, el renunciante presidente de la Empresa Petrolera Fiscal (EPF), el ingeniero Carlos Loret de Mola, denunció que faltaba una página en el contrato de precios de petróleo crudo entre la EPF y la IPC, que beneficiaba a la empresa con precios muy por debajo del mercado.  Esa fue la famosa "Página Once".

Lo cierto es que el 9 de octubre de 1968, el gobierno militar puso fin a la situación y a la confusión, al ocupar militarmente las instalaciones de Talara. La IPC fue expulsada en forma definitiva del Perú y en su reemplazo se creó la empresa estatal Petróleos del Perú  (PETROPERÚ).  La fecha del 9 de octubre se celebró como el Día de la Dignidad Nacional, hasta el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, electo en 1980.

La IPC manejó sus cuentas de manera que el Estado no encontrara fondos con los cuales cobrarse los cuantiosos adeudos, y contó con la complicidad del entonces joven Pedro Pablo Kuczynski para sus operaciones de evasión. Finalmente, por el Convenio De la Flor-Greene, firmado entre el gobierno peruano y el estadounidense el 9 de agosto de 1973. El Perú pagó una indemnización global de 76 millones de dólares por todas las compañías de propiedad de estadounidenses que habían sido expropiadas.  Si bien el gobierno militar aseguró tajantemente que la IPC no estaba incluida entre esas empresas, lo cierto es que el convenio estipulaba que la repartición de todo ese monto indemnizatorio era de exclusiva competencia del gobierno de los Estados Unidos. Y en ejercicio de esa atribución, el Tesoro estadounidense, con fecha 18 de diciembre de 1974, pagó a la Standard Oil más de $ 23.157.000. Los adeudos que la IPC tenía con el Estado (que contando desde el año 1924 se estimaban en $ 690.524.000), nunca se pagaron. 

Sin embargo, el 9 de octubre de 1968 significó el inicio de una política de recuperación de los recursos naturales, situada en las antípodas de la política de privatización general que emprendió Fujimori. El Perú propició entonces las reformas que décadas atrás habían caracterizado a Lázaro Cárdenas en México, a Juan Domingo Perón en Argentina y a Getulio Vargas en el Brasil. Aunque los tiempos ahora son otros, se trataba entonces de construir un genuino Estado Nacional.