Este recuento de hechos y de luchas pone en evidencia, sobre todo, que la derecha solo ha ganado una batalla, producto de una irreflexiva e innecesaria decisión de Pedro Castillo. Y deja en claro que esta historia está lejos de haber terminado.

Pedro Castillo Terrones, fue proclamado presidente de la Republica del Perú el 28 de Julio de 2021, habiendo ganado a Keiko Fujimori Higuchi (su tercera derrota consecutiva) en segunda vuelta, el 6 de junio del 2021, pero su triunfo no fue reconocido hasta siete (7) días antes de su proclamación por su contendora, que alegó un fraude electoral, el cual no pudo demostrar.

Pese a ello, se instaló en el Congreso de la República una comisión dedicada a buscar las pruebas de un fraude inexistente, comisión que terminó obviamente sin resultados, con la absurda e impotente conclusión de que había que seguir investigando. 
Igual actitud habían tenido Keiko Fujimori y su partido, Fuerza Popular, tras su anterior derrota frente a Pedro Pablo Kuczynsky (PPK), en el año 2016, cuando compitieron una derecha lobista (PPK) y una derecha populista (KF).

Durante los 17 meses de su mandato, Pedro Castillo Terrones fue sometido a tres mociones de vacancia promovidas por los sectores vacadores y golpistas del Congreso de la República. Además, la bancada fujimorista y sus aliados aprobaron en tres legislaturas ordinarias consecutivas, diferentes modificaciones que crearon un desequilibrio de poder en desmedro del Ejecutivo y en favor del Legislativo.

Así, bloquearon la posibilidad de decidir cambios de fondo directamente mediante referéndum y limitaron la facultad del Gobierno de presentar mociones de confianza hasta hacerla casi imposible, entre otras reformas. 

Disolución y vacancia 

Es en este contexto que el 7 de diciembre del 2022, que el presidente Pedro Castillo decidió, en solitario, de manera inconsulta y sin apoyo alguno (los miembros de su gabinete y sus abogados defensores renunciaron por no estar de acuerdo) anunciar la disolución del Congreso de la República y la reorganización el Poder Judicial, el Ministerio Publico, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional, llegando así al final de su mandato. 

El mismo día, el Congreso de la República, vacó con 101 votos al presidente en funciones, el mismo que fue detenido antes de su proyectado asilo en México, donde actualmente se encuentran en calidad de asilados la ex primera dama de la Nación y los hijos del presidente depuesto. 

Pedro Castillo purga prisión preventiva por 18 meses, acusado de rebelión, conspiración y otros cargos, situación aprobada en un fuero especial sin el debido proceso, en abierto abuso de poder, producto de la complicidad entre el Congreso, la Fiscalía y el Poder Judicial.

La sucesión fue sin embargo constitucional, en tanto Dina Boluarte fue elegida junto a Pedro Castillo en la plancha del partido Perú Libre, cuyo presidente es Vladimir Cerron, hermano de Waldemar Cerrón, jefe de la actual bancada parlamentaria de Perú Libre o lo que queda de ella tras varios fraccionamientos.

Viraje, represión y muerte 

Tras esos hechos, el pueblo peruano se ha movilizado durante las dos ultimas semanas, de manera generalizada en casi todo el territorio nacional y en forma masiva en un total de 16 regiones.  Esta significativa ola de protesta social fue respondida con una cruel represión cuyo saldo es la muerte de 27 jóvenes, entre los mas pobres del Perú.

La nueva gestión no representa un tránsito democrático, sino un viraje hacia la derecha, de corte conservador y de carácter represivo, constituyéndose así en un gobierno cívico militar que, en lugar de promover el diálogo para atender las justas protestas y demandas sociales, declaró el Estado de Emergencia en todo el territorio nacional, el toque de queda en las regiones mas convulsionadas y la orden de que las movilizaciones sean reprimidas a sangre y fuego o, tal vez, simplemente dejando las manos libres a las Fuerzas Armadas y la Policía para hacerlo. 

El resultado hasta que se escriben estas líneas es de 27 muertos, 300 heridos civiles, cientos de detenidos, 300 agentes policiales y militares también afectados y un fallecido, y denuncias de la población civil movilizada sobre infiltración en las protestas, de elementos de organizaciones violentistas y de las propias fuerzas del orden (ternas).

En el caso de la región Ayacucho, las 10 victimas murieron por arma de fuego y la decima fue el joven Jhonatan Alarcon de 19 años. Todavía hay 10 heridos de gravedad que se encuentran internados en establecimientos de salud de Ayacucho y Lima. 

Abogados de Ayacucho y la congresista Margot Palacios han presentado una denuncia por genocidio y la Fiscal de derechos humanos de Ayacucho abrió investigación contra el jefe de la Región Policial y el comandante de la II Brigada de Infantería Militar, como presuntos autores mediatos de los asesinatos.  El extremo de la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola (ministro de Defensa en los días de mayor represión), fue derivado a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Sumado a ello, el día sábado 19 se allanaron locales partidarios, en particular el del Movimiento Nuevo Perú y de organizaciones sociales en Lima. Un caso particular fue el de la Confederación Campesina del Perú, donde fueron detenidos agricultores llegados desde la selva central Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro- (Vraem) hospedados en estos locales y que habían llegado a Lima para protestar contra el nuevo gobierno. 

Esto no ha terminado 

Las actuales reivindicaciones en que se centra la demanda ciudadana se resumen en “que se vayan todos” lo que se expresa en el recorte de mandato de todas las autoridades: presidenta, ministros, congresistas y parlamentarios andinos, a través del adelanto de elecciones, con nuevas reglas y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.  
Los sectores conservadores y de derecha centran su agenda en su propia reelección y en la restitución del antiguo Senado. Ambos temas fueron sometidos a referéndum en el año 2018, obteniendo el rechazo mayoritario por encima del 92 %. También pretenden buscar el cambio de las autoridades electorales, que habrían favorecido a Castillo en el 2021, según afirman sin pruebas.

La demanda de recorte del mandato y de nuevas elecciones, fue aprobada el 20 de diciembre con un total de 91 votos a favor, 30 en contra y una abstención, por un parlamento nacional unicameral de 130 miembros con 90% de rechazo ciudadano.

Ello implicara que las actuales autoridades se mantendrán en el cargo un total de mas de 18 meses, fecha que supera el tiempo en que Pedro Castillo ejerció la Presidencia (17 meses) y la suma del mandato de los dos presidentes de tránsito: Valentín Paniagua y Francisco Sagasti.  Esta situación ha generado un rechazo mayoritario de la población que exige la realización de elecciones en 2023, por lo cual la crisis abierta el 7 de diciembre no está cerrada y el Perú seguirá convulso, dado que la ciudadanía y las organizaciones políticas y sociales mantendrán las demandas a través de una permanente movilización social de carácter nacional y proyectan convocar a un paro nacional para enero de 2023.

En ese contexto el régimen actual, alejándose del respeto al derecho de asilo, ha declarado persona no grata al Embajador de los Estados Unidos Mexicanos, lo que representa un retroceso peligroso, mostrándose al Perú como agresor y pudiendo generar un aislamiento internacional, en tanto son varios los gobiernos que no han reconocido el mandato de Dina Boluarte. 

La detención de Castillo no hará posible en lo inmediato la transferencia de la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacifico prevista para el 14 de diciembre, día en el que Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro habían proyectado venir a Lima para la referida transferencia, debido a que el congreso no le dio permiso a Pedro Castillo para viajar a México en noviembre pasado. 

Es importante señalar que desde el inicio de la gestión de Boluarte tenemos ya dos gabinetes y un total de 24 ministros. Se ha producido el reemplazo en el Premierato, de Pedro Angulo por Alberto Otárola (ex ministro de Defensa), a quienes se les hace responsables constitucional y penalmente de las muertes de los manifestantes. 

Devolver el poder al pueblo 

Otárola, abogado de Boluarte, asume el puesto en lugar de un inoperante Pedro Angulo, lo cual podría interpretarse como el endurecimiento de una política gubernamental represiva frente a las protestas que se mantienen en diferentes regiones.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ha otorgado 15 días hábiles para que se presente ante el pleno un informe final respecto a las denuncias constitucionales contra el vacado ex presidente Pedro Castillo, el ex titular de la Presidencia del Consejo de ministros (PCM) y el gabinete de entonces en pleno. Esta decisión fue tomada el 21 de diciembre con una votación de diecinueve (19) votos a favor, nueve (9) en contra y ninguna abstención. La denuncia constitucional fue planteada por los congresistas vacadores de Avanza País y Somos Perú.

Como consecuencia de todo ello, se plantea la necesidad de devolverle el poder al pueblo, la renuncia de Dina Boluarte, el cambio de la Mesa Directiva del Congreso y un referéndum que permita convocar a una Asamblea Constituyente. 

El conjunto de las redes internacionales ha mostrado su preocupación por la intensificación de la represión mediante la movilización del ejército y el policía contra los manifestantes. La ciudadanía y sus organizaciones venimos expresando, al igual que representantes internacionales, nuestras mas sinceras condolencias y profundo pesar por las personas fallecidas, así como la demanda del esclarecimiento de esas muertes y un trato diligente y digno a sus familias, por lo que llamamos a la comunidad internacional a trabajar de manera solidaria por una salida popular y democrática a la crisis que establezca con claridad un alto a la violencia.  El Perú esta de duelo. Ni un muerto más.

* Ex ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Ex Embajadora del Perú en la Republica Oriental del Uruguay y presidenta de Red Sin Fronteras.