La movilización popular de estas últimas semanas contra el gobierno autoritario de Dina Boluarte, nos recuerda una vez más el extraordinario poder democratizador de la movilización social contra los que detentan abusivamente el poder. Ya no es una movilización episódica ni puntual, sino que se extiende en el tiempo y abarca todo el Perú, concentrándose en el sur andino, pero avanzando sobre Lima, centro de poder virreinal y oligárquico, donde todavía quieren definirse los destinos del Perú.

Tomo el título de este artículo del extraordinario libro de Sidney Tarrow del mismo nombre (Poder en movimiento), que me ha venido dando vueltas en estas semanas a propósito de un fenómeno que lo abarca todo en el país. El movimiento popular es una fuente de poder democrático que desafía como ninguna otro al poder estatal y cuya interacción depende de qué tan democrático o autoritario sea el gobierno de turno. El movimiento es entonces el motor que democratiza el régimen político, una gran institución de cualquier democracia que se precie de tal.

Despreciar al movimiento popular como una fuente de poder legítima, cuya realidad se mide por la credibilidad que tiene entre los ciudadanos, es de una raíz profundamente antidemocrática. Para hacerlo se suele recurrir al estigma, a una calificación que es naturalmente rechazada por la mayoría de la población: terrorista. Al respecto, se usa la excepción y no la regla, la violencia que pueden haber desarrollado personajes aislados, azuzados por la represión de las llamadas fuerzas del orden. Paradójicamente, de quienes tenemos más evidencias de violencia, lo hemos visto todos incluso en la televisión parametrada, es de las fuerzas del orden. Por ello digo que la calificación del movimiento como terrorista no es sino un escudo ideológico para los que ven sus intereses amenazados por el mismo. 

Pero ¿Cómo desmontamos esta explicación? Por la valoración que se tienen de los objetivos planteados por el movimiento. Con toda claridad se decantan las consignas en las últimas semanas: ¡Renuncia de Dina Boluarte! ¡Cierre del Congreso! ¡Elecciones inmediatas!¡Asamblea Constituyente! Todas, como fácilmente podemos observar, se refieren al poder del estado. Van al meollo de la agenda del contragolpe tramado por la derecha desde el Congreso. Por lo tanto, son inconcebibles como agenda “del otro” para quienes están en el poder. Más todavía, con las connotaciones clasistas y racistas con que ha sido tratado el movimiento.

En este punto vale la pena detenerse sobre los aprestos de un novísimo aliado que tiene la campaña por una asamblea constituyente. Me refiero a un jefe policial que, desde una perspectiva contraria a cualquier iniciativa de este tipo, habría dicho que promover una asamblea tal sería terrorismo (sic). No sabemos si Boluarte, Otárola o Williams suscriben el brulote, pero parece.

De esta manera, desde el poder sólo es concebible que el movimiento popular tenga y plantee reivindicaciones puntuales, sobre reclamos específicos e inmediatos de su existencia cotidiana. Sobre temas que se refieren a políticas públicas mal implementadas o abandonadas por el estado, ahora nos dicen que solo por el gobierno de Pedro Castillo. Al pueblo “ignorante” no le está permitida la Política con mayúscula que se refiere al poder del estado, sino solo las políticas con minúsculas para traerles alivio a la situación. 

Se equivocan y porque se equivocan tienen que inventar fábulas sobre lo que viene ocurriendo. Me refiero, por ejemplo, a la fábula boliviana. Primero, que Evo Morales dirige el movimiento, luego que cuarenta buses cruzan la frontera llevando azuzadores bolivianos, por último, que pasan armas a Puno para los violentistas. Lo siguiente va a ser que platillos voladores han aterrizado llevando contingentes marcianos para sacar a Dina Boluarte y cerrar el Congreso. Como ya han señalado diversos líderes de la región altiplánica, lo primero que resalta en estas historias es que nuestros compatriotas puneños carecen de cabeza para pensar y actuar en consecuencia. Una más del secular desprecio limeño por los andes y sus habitantes.

Sin embargo, lo más grave es que la ceguera de quienes están en el poder, al no reconocer validez en los objetivos del movimiento, bloquea la posibilidad de una salida política. De allí, la necesidad de otros interlocutores para que haya negociación y se posibilite una transición a un nuevo gobierno elegido.

Hasta ahora, lo que tenemos por delante es un movimiento popular que se ha convertido en barrera infranqueable para que la derecha avance en sus propósitos contragolpistas. El movimiento popular en su desafío a este poder autoritario nos prueba, una vez más, recordándonos a los más viejos el 19 de julio de 1977, que es la principal reserva de poder democrático del Perú y donde vale la pena tener depositadas las esperanzas de un futuro mejor.