Editorial

La crisis institucional en la cual nos encontramos, donde la investidura presidencial se encuentra en riesgo por el impacto de la corrupción de “cuello y corbata” es solo el resultado de un modelo que desde el año 1980, y su posterior “institucionalización” a partir del 5 de abril de 1992, ha considerado al Estado como un ente donde enriquecerse o favorecer a un sector empresarial que después le devolvería los favores. 

Hoy, el fenómeno de corrupción más grande de América Latina terminó sacudiendo el panorama peruano, que se presenta difícil tras conocerse que el presidente Pedro Pablo Kuczynski recibió, a través de sus empresas, pagos por casi 800 mil dólares de parte de Odebrecht, en los años que se desempeñaba como ministro del gobierno de Alejandro Toledo.
Activadas las alarmas, las bancadas se pronunciaron y estamos discutiendo la posibilidad de una vacancia presidencial, frente a un mensaje de Kuczynski que, lejos de aclarar la situación termina por complicarla más al mostrar a una persona que ignoraba lo que ocurría en sus empresas, pretendiendo hacer creer a los peruanos que él no sabía nada y que nunca firmó algún papel o contrato. 

Esta situación, requiere una investigación profunda por parte de las autoridades correspondientes, una Fiscalía que debe indagar completamente los hechos y tomar decisiones que le permitan a la justicia actuar. De comprobarse que el presidente incurrió en delitos mientras era ministro de Estado, debe ser procesado y sentenciado de acuerdo a ley.

Las vendettas políticas de parte de una bancada fujimorista que aún no asimila que la población no la acepta para dirigir al país, no deben ser consideradas para tomar decisiones y presidir investigaciones congresales que lejos de encontrar indicios y responsables, dirigen sus esfuerzos solo a encontrar responsables en las tiendas políticas opositoras y sobre todo a aquellas que en algún momento confrontaron a su lideresa, Keiko Fujimori. 

De igual forma, no es admisible que mientras estamos a la espera de soluciones y reacciones desde el Ejecutivo, Fuerza Popular aproveche la mayoría congresal para perpetrar ataques contra las instituciones del Estado. La denuncia constitucional contra el Fiscal de la Nación y la suspensión de los miembros del Tribunal Constitucional son una muestra del abuso de poder de una superioridad numérica, que tiene la intención de demoler a las instituciones que de una u otra forma pueden significar un obstáculo para los intereses políticos de quienes aún tienen una agenda pendiente. 

Es imperante que los peruanos y peruanas se unan, frente a una crisis que amenaza con querer derrumbar la institucionalidad del país, al igual que se hizo en 1992. Sin embargo, no debemos ser ajenos a lo que el fujimorismo ejecuta mientras seguimos enfrascados en el futuro cercano de Kuczynski, como tampoco podemos distraernos de los otros implicados en el caso Lava Jato quienes están aprovechando el “río revuelto” para pasar desapercibidos y permanecer en la impunidad.

La lucha contra la corrupción es una obligación de todos, y debemos estar vigilantes para que la justicia no haga distinciones, ni que sea atropellada por la presión política de quienes usan toda su fuerza para presionar, amedrentar y desarticular a las instancias que le son incómodas.