A inicios de mayo de este año, luego de quince meses de negociaciones, se completó la fusión de dos empresas transnacionales que operan en el Perú: Glencore y Xstrata.

Ambas, con proyectos mineros en varios países, constituyen con esta fusión la cuarta minera más grande del mundo. Esta fusión, sin embargo, contó con un condicionamiento que resulta además de importante, alarmante en cierta medida para los peruanos.

El canon es el mecanismo por el cual 50% del Impuesto a la Renta (IR) pagado por las empresas del sector extractivo (minería, gas, petróleo, pesca, hidroenergía y forestería) va a las regiones donde se realiza la actividad productiva que genera esa renta. Al interior de estas, 15% va al Gobierno Regional, 5% a las universidades, y el resto a los gobiernos locales, en mayor proporción al distrito y a la provincia en donde se ubica la actividad.

La huelga médica sigue, la ciudadanía demanda una solución a la misma por la justeza de los reclamos y por su derecho a la salud, pero el MEF no se inmuta. Miles de arequipeños marchan por las calles por el recorte del canon, que en Espinar llega hasta el ¡92 por ciento del presupuesto! que el propio MEF aprobó, pero el ministro Castilla no asume responsabilidad alguna ni propone ninguna solución. El manejo económico claramente está divorciado de la democracia, del clamor de la calle y también de las autoridades electas en regiones y municipios.

La Megacomisión que investiga presuntos actos de corrupción cometidos durante el segundo gobierno de Alan García ha logrado poner el dedo en varias llagas.

No se explica de otro modo la reacción preocupada del mismo ex presidente y la arremetida del partido de la estrella a fin de disimular los escándalos y pasar desapercibidos. Pese a la intención sistemática por desmarcarse siguen apareciendo casos sospechosos. El último de ellos salpicaría directamente al ex ministro de Educación, José Antonio Chang.