La correlación mafiosa que maneja el congreso de la república viene desarrollando un plan de demolición de la -débil y precaria- democracia. Si bien el 7 de diciembre de 2022 Pedro Castillo intentó ejecutar un golpe de Estado, el hecho concreto es que los que sostienen a Boluarte en el poder son los que finalmente casi la han destruido por completo.

Un golpe certero contra la institucionalidad democrática. Comisión de Justicia aprueba remoción de toda la Junta Nacional de Justicia.

Eso es lo que acaba de perpetrar en menos de dos horas el Congreso de la República a través de su comisión de “Justicia” al aprobar -con cargo a redacción- un nuevo informe, presentado a último minuto, que recomienda al Pleno del Legislativo defenestrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por “falta grave”. 

El Perú no es una nación integral, es un país en proceso de construcción como nación. Nuestra democracia se encuentra bajo sospecha y el ejercicio de la justicia desde las instituciones del Estado entra en tensión. A esto se añade el modelo de desarrollo económico predominante y una narrativa predominante que conlleva, a una sola voz de decisión (¿o de mando?) y responde al interés particular por encima de la mayoría o del país(1).

La creciente subida de tasas de interés de los bonos de EE.UU. y el aumento del precio del dólar, han desatado el temor en el mundo de que se produzca una oleada de impagos (default) en decenas de países emergentes cuyas deudas están principalmente, en dólares.  Esa subida de tasas de la mano del dólar está provocando una fuga inversora de las economías emergentes hacia Estados Unidos, produciendo a su vez, la devaluación de sus monedas locales. Los países que estarían al borde del default serian: Etiopía, Túnez, Egipto, Pakistán, Argentina, Bolivia, Ecuador, entre otros.

La coyuntura que vive el Perú es crítica y está caracterizada por las acciones de diferentes actores, donde sus intereses personales o de grupo están en dirección contraria a los de la nación.

Lionel Messi se toca el pecho del lado del corazón y mira hacia arriba. La imagen es parte de un mural homenaje al ídolo argentino pintada después del campeonato mundial que ganó en Qatar. Está en un barrio popular de casas bajas en Mendoza, la cuarta ciudad más grande del país.

La gloria de Messi contrasta con las caras adustas de la gente del lugar, habitado por familias de trabajadores precarizados, informales o desocupados, uno más de entre los miles de conglomerados de este tipo que son los más golpeados por la extensa crisis que vive Argentina.

El truco, además de obvio, es grosero: invito a un conocido neoliberal y miembro de la famosa Sociedad de Mont Pelerin uno de cuyo fundador fue Hayek, para preguntarle "inocentemente" qué opina sobre los subsidios otorgados al cine peruano. Para "sorpresa" de todos dice que está en contra y añade demagógicamente que es "mejor" darles ese subsidio a los pobres. Luego invita a una persona con un apellido de expresidente cuyo partido tiene como nombre libertad y que se define como liberal, para que diga lo mismo que su amigo neoliberal de Mont Pelerin. 

La campaña por privatizar Sedapal, ha arreciado a partir de una pésima comunicación sobre el corte de agua a 22 distritos, se debió informar que esta es una obra proyectada que beneficiará a 400 mil personas de la zona sur de Lima y que no existe tecnología en el mundo donde se pueda realizar un empalme de tuberías sin cortar el servicio. Sedapal debió sensibilizar sobre la importancia de esta obra y no sacar en X (ex Twitter) anunciando un corte sin explicar su necesidad. 

La muerte del congresista de Fuerza Popular, Hernando Guerra García activó las alertas sobre la situación del sistema de salud en el país. Se ha mencionado que el fenecido legislador no recibió la atención adecuada y que una posta médica cerrada a las 11:30 de la noche, en el distrito arequipeño La Punta de Bombón, fue una de las razones que causó su muerte tras sufrir -según la necropsia- un infarto al miocardio. 

En días pasados volvió a ser noticia el que vuelva a la cárcel Walther Aduviri. En el 2019, jueces de Puno condenaron a Aduviri Calisaya, hallándolo – según su parecer – como coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios, por los hechos ocurridos durante la protesta denominada el "Aymarazo", ocurrida en el 2011.