¿Cómo hacer que una autoridad reacia a rendir cuentas pueda responder a la ciudadanía organizada? ¿Es la participación ciudadana un instrumento eficiente para exigir transparencia a nuestros gobernantes? ¿Cómo practicamos la democracia ante autoridades autoritarias que se niegan a darle sentido a esta palabra?

Ha llovido en Catalunya el domingo de ayer. Ha llovido durante muchas horas  y aún así, ciudadanos de todos los pueblos han hecho cola desde las 6am en locales electorales para votar contra viento y marea y fuerzas del orden. La vergüenza de la represión vivida en España ayer 1 de octubre ha dado ya la vuelta al mundo. Las portadas internacionales de hoy son elocuentes. Catalunya ha sufrido, pero toda España ha perdido.

La propuesta de un seguro de desempleo lanzada por el Gobierno adolece de sentido. O mejor dicho, conlleva un interés subalterno que no es el que formalmente se le atribuye, a saber, proteger al trabajador frente a la contingencia del despido. En el informe presentado esta semana por la Comisión de Protección Social, se atribuye a la baja tasa de asalariados con contratos a plazo indefinido (relativa estabilidad), la razón por la que el seguro no sería viable en el corto plazo.

Vuelve el trabajo al centro de la agenda política del país. La semana pasada se discutió con intensidad y polémica dos asuntos claves e ilustrativos de nuestra idiosincrasia laboral. 

Argentina se ha convertido en las últimas décadas en un país de exasperantes desmesuras y notables excesos. Una errática trayectoria le ha otorgado un lugar prominente en los anales de la historia económica mundial. Como evidencia solo basta recordar que a comienzos del siglo XXI, mientras la ciudadanía protestaba con furia en las calles por una nueva incautación de sus depósitos bancarios, el gobierno declaraba la mayor cesación de pagos de una deuda soberana.

El primer objetivo prioritario de la Política Nacional de Competitividad y Productividad es “dotar al país de infraestructura económica y social de calidad” (MEF, 2018, p. 24)1. El primero de los lineamientos de política que propone el MEF, es “planificar articulada y eficientemente la infraestructura pública tomando en cuenta las modalidades de ejecución y de financiamiento, además de los mecanismos de rendición de cuentas” (MEF, 2018, p. 37)2.

Los objetivos prioritarios 6, “generar las condiciones para desarrollar un ambiente de negocios productivo” y 7, “facilitación del comercio exterior y mejora del desempeño de la cadena logística” de la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encuentran relacionados con el desarrollo productivo de nuestro país1. 

El último paro nacional convocado por las centrales sindicales, el pasado 20 de junio, transcurrió discretamente, es decir, distante y ajeno a la opinión pública. No solo por la invisibilización a la que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación, sometidos al libreto del poder económico, sino sobre todo por la incapacidad del propio movimiento sindical para paralizar realmente la economía nacional y regional. Constatación que no debiera extrañarnos, conocido el contexto.

Pablo Iglesias no quiere dar por rotas las negociaciones con el PSOE ni por fallida la investidura de Pedro Sánchez que se vota la semana próxima. Ahora bien, el líder de Unidas Podemos no está dispuesto a ceder en su pretensión de un Gobierno de coalición ni en que él deba formar parte de ese gabinete. Iglesias se ha ratificado este martes en que el PSOE no puede “vetar” a miembros de su dirección ni a él mismo, porque hacerlo sería “una falta de respeto” a su partido.