trabajadores

Otra vez está en discusión si se debe aumentar o no el salario mínimo. Por mandato constitucional (artículo 24) el Estado es el que se encarga de su regulación con participación de las organizaciones de los trabajadores y empleadores. Hay, además, leyes que encargan su determinación al Consejo Nacional del Trabajo, donde participan el gobierno, los gremios empresariales y las confederaciones de trabajadores. Por último, existe una fórmula para su regulación periódica que toma en cuenta la productividad y la inflación.

El 19 de Mayo el sindicato de trabajadores de la minera Shougang Hierro Perú ubicada en Marcona, en la provincia Nasca, en la región Ica, inició una huelga general indefinida que tuvo el completo respaldo de la población. Al bloqueo de carreteras y la paralización del comercio se sumó la suspensión de las clases y el desabastecimiento de alimentos. El 25 de Mayo, producto del enfrentamiento entre manifestantes y efectivos de la policía, falleció el poblador Luis Quispe Chumpi a causa de un disparo perpetrado por un oficial.

El tema de las migraciones laborales es parte de la lucha política a nivel global. Como tal, se desarrolla en diferentes espacios y sentidos. Desde los años 80, una de las principales manifestaciones de la globalización ha sido la creación de mercados de alcance mundial. Los productos circulan libremente, caen los aranceles y se desdibujan las fronteras para la libre circulación del capital. Pero lo mismo no ocurre con los trabajadores. La migración laboral es obstaculizada y en muchos casos criminalizada.

El último paro nacional convocado por las centrales sindicales, el pasado 20 de junio, transcurrió discretamente, es decir, distante y ajeno a la opinión pública. No solo por la invisibilización a la que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación, sometidos al libreto del poder económico, sino sobre todo por la incapacidad del propio movimiento sindical para paralizar realmente la economía nacional y regional. Constatación que no debiera extrañarnos, conocido el contexto.

El corona-virus 19 ha puesto en evidencia la situación carencial de las clases laboriosas en el Perú de hoy. Así lo revela un completo informe de NN.UU.-CEPAL de la segunda semana de julio sobre los efectos de la pandemia en las estructuras económicas de la región latinoamericana, lo que facilita la comparación entre los países similares al Perú. (https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45734/4/S2000438_es...)  

En tiempos de la pandemia, en medio de la emergencia nacional, el gobierno dispuso la continuidad de una serie de actividades por ser consideradas esenciales para la vida económica del país. Aparte de los trabajadores de salud, se dispuso la continuidad de trabajadores de empresas bancarias, supermercados, entre otros. Pero además se estableció que los trabajadores de las empresas que brindan seguridad a estas entidades continuaran su trabajo.

Los impuestos dejados de pagar por la industria agroexportadora entre el 2005 y el 2020 ascenderán a fines de este año a unos S/ 2.900 millones. Debido a su expansión de la última década, en este período los impuestos no pagados sumarán S/ 2.365 millones. Si no se derogaba la ley en el Congreso, solo en el 2021 los agroexportadores hubiesen dejado de pagar otros S/ 450 millones aproximadamente.

El conflicto en la agricultura de exportación que por primera vez en décadas opone al capital y al trabajo en un sector de crecimiento explosivo, nos revela cuestiones que van más allá de esta lucha. La primera es la intensidad de la confrontación que ya ha causado tres muertos. El resultado trágico nos dice de la polarización existente pero también de lo mucho que está en juego para todas las partes en esta crisis. 

El conflicto del metal puede ser la señal de un reencuentro entre el mundo del trabajo y la izquierda política. El gobierno no puede ser neutral. La democracia, la de verdad, se juega en estas cosas.

La determinación del salario mínimo vital (SMV) en Perú es, usualmente, una decisión política del gobierno de turno sin importar la tendencia política del mismo; las partes (empleadores y trabajadores) nunca se han puesto de acuerdo, supeditarlo a ello es estancarlo, que no se ajuste ni tenga incrementos. La decisión política de aumentarlo, guste o no, obedece a la falta de acuerdo entre las partes. Asimismo, por más fórmulas que se elaboren para dotarlo de cierta evaluación técnica, resulta también siendo política según los criterios que se seleccionen para elaborar la formula.