Es reiterativa la acusación de la mayoría de medios de prensa (bajo control de pocos dueños), de gremios de empresarios y del propio gobierno contra ONGs y partidos políticos que representan a un sector de la sociedad peruana, respecto a su posición y práctica supuestamente “antiminera” y opuesta a la inversión en el país, desalentando capitales, impidiendo la generación de puestos de trabajo y retardando la lucha contra la pobreza.

