El metro podrá transportar 1’150,000 pasajeros diarios cuando esté completado yendo de Ate al Callao en sólo 45 minutos.

El pasado 28 de marzo, tras varios meses de espera, la Línea 2 del Metro de Lima fue concesionada en medio de numerosos cuestionamientos al único postor que quedaba en carrera: el Consorcio Nuevo Metro de Lima. Este Consorcio firmará el contrato el 1 de Mayo y, a mediados del 2019, 62 meses después de iniciadas las obras, la línea 2 y el ramal de la línea 4 estarán concluidos siendo operados por el Consorcio durante 30 años.

La campaña publicitaria ha dado información a toda la ciudadanía que ha mostrado al público la importancia y urgencia de esta obra. El metro podrá transportar 1’150,000 pasajeros diarios cuando esté completado yendo de Ate al Callao en sólo 45 minutos. Esta es una considerable mejora frente a las 2 horas y 20 minutos que toma realizar el recorrido actualmente y aumentará así la productividad de muchas personas que no perderán más tiempo en el tráfico. No obstante, ¿qué sabemos al respecto de estas empresas? ¿Garantizarán el metro que los limeños merecen y un servicio de calidad?

Este consorcio lo compone Iridium Concesiones de Infraestructura S.A. que es una constructora española subsidiaria del gigante grupo Actividades de Construcción y Servicios (ACS). Es el socio estratégico del consorcio aportando un 25% del capital. Vialia Sociedad Gestora de Concesiones de Infraestructura S.L. es otra constructora española subsidiaria de otro gran grupo español: Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y tiene el 19% de la participación. Acaba de firmar un acuerdo para refinanciar la práctica totalidad de su deuda equivalente a 4512 millones de euros.

El Consorcio también lo compone la empresa italiana Impregilo S.p.A. que posee el 19% de la participación y que, en los últimos meses, tuvo un conflicto junto a la española Sacyr con el gobierno panameño por el costo de las obras de ampliación del Canal de Panamá. Ellos paralizaron las obras porque reclamaban que la obra les costaría US$1,600 millones más de lo inicialmente pactado con la Autoridad del Canal de Panamá y, aunque han acordado retomar las obras, generaron un mal precedente.

Otras empresas italianas participando son Ansaldo Breda S.p.A. y Ansaldo STS. Tienen un 12% y un 15% de la participación respectivamente y ambas forman parte del grupo aeroespacial y de defensa italiano Finmeccanica el cual ha anunciado recientemente que tiene interés en vender ambas compañías para reducir sus niveles de deuda. Finalmente, la peruana Cosapi S.A. es una empresa de ingeniería y construcción que participa con el 10% restante del capital. Ha participado en las obras del puente del Ejército, que tuvo un forado en el 2012, las estaciones del Metropolitano y realizará, junto al grupo ACS, las obras de irrigación del proyecto Majes Siguas II en Arequipa.

Ante las dudas sobre su solvencia, el consorcio señaló que su patrimonio conjunto supera los US$10,100 millones excediendo los US$1.600 millones exigidos por ProInversión en las bases, y que Fitch Ratings le otorgó un rating crediticio para este proyecto de BBB, lo que les da el grado de inversión al ser capaces de cumplir con sus deudas. Asimismo, afirmó que tiene vasta experiencia en esta clase de proyectos al haber participado en la construcción y/u operación de metros como los de Madrid, Barcelona, Roma, Londres y Nueva York. 

Las dudas se centraron también en los sobrecostos. Oscar Rafael, decano del Colegio de Ingenieros de Lima, dijo que la Línea 2 podría costar US$ 2,000 millones menos, pues al construir túneles muy profundos, usar trenes automatizados y darle el proyecto entero a un solo grupo en vez de dar contratos para diversos aspectos de ingeniería elevaron los costos e incrementaron el riesgo de demoras en la construcción. A esto, en una reciente entrevista en el diario Gestión, el ministro de Transporte y Comunicaciones, Carlos Paredes, respondió que hacer el metro en la superficie sería US$ 1,200 millones más costoso que la actual concesión y demoraría 26 meses más al tener que expropiar más propiedades y tener que lidiar con la alta densidad urbana del Centro Histórico durante la etapa de construcción.

En conclusión, este proyecto es una de las mayores obras de infraestructura a realizar por este gobierno, siendo el primer paso para modernizar sustancialmente el transporte limeño. Sin embargo, es deber del gobierno asegurarse que esta obra se realice de la mejor manera y que los limeños no se vean afectados como en Panamá por falta de financiamiento, incremento de costos y retrasos. En estos años de incertidumbre global sobre la economía, es importante no sólo la experiencia de las empresas como mencionó el ministro Paredes sino la solvencia que puedan tener, en especial sabiendo que países como España e Italia aún afrontan graves problemas de deuda soberana. Esta historia recién empieza y sólo nos queda esperar lo mejor.