La ingeniería logística real de una narco-dictadura militarizada que operaba bajo el amparo de la geopolítica de Washington

Mientras los fujimoristas y sus mafiosos narco mineros disque informales con su gusano avalador siguen defendiendo al narco padre muerto de la candidata Keiko - quien perderá las elecciones del 7 de junio por cuarta vez -, siguen haciéndose los locos con relación al narco dictadura de los 90. Y sus compinches en Washington, con Trump el Taco y Narco Rubio a la cabeza, siguen haciendo de las suyas a nivel internacional, asolando naciones y pueblos - con su aliando Netanyahu narco sionista asesino - que lo único que quieren es respeto a su soberanía. Estos son los aliados del fujimorismo y la ultraderecha disque peruana. 

En el debate historiográfico y jurídico sobre la dictadura que asoló al Perú entre 1990 y 2000, la misma que un poco edulcorada, quiere instalarse a partir del 28 de julio del 2026, pero con más experiencia para robar y asesinar, suele repetirse una verdad a medias: que Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos fueron condenados exclusivamente como ladrones y asesinos. Si bien las sentencias por crímenes de lesa humanidad y corrupción estatal marcaron un hito en la justicia transicional, existe un manto de impunidad histórica que la narrativa oficial ha evitado tocar con rigurosidad: la troika gubernamental jamás fue condenada por el delito de tráfico ilícito de drogas (TID). Esta omisión no responde a la ausencia de evidencias, sino a la naturaleza misma del régimen.

Como bien lo teorizó Manuel Dammert en su obra seminal "El Estado Mafioso" (2001), el fujimontesinismo no replicó las dictaduras militares o populistas tradicionales del siglo XX, sino constituyó una "sociedad de código mafioso" que instaló un gobierno oculto, hipercentralista y orgánicamente fusionado con las economías del narcotráfico. Esta captura del aparato estatal no fue un fenómeno aislado. Analizada a la luz de la tesis de Lucía Dammert en "Anatomía del poder ilegal" (2025), la experiencia peruana de los noventa representa el caso paradigmático de cómo el crimen organizado transnacional no opera destruyendo al Estado desde fuera, sino parasitando y reconfigurando sus instituciones por dentro.

El poder ilegal, nos recuerda la autora, adquiere resiliencia y flexibilidad al arraigarse en las capas institucionales y moldear la burocracia para garantizar la fluidez de mercados criminales altamente rentables. En el Perú de la troika —conformada por Fujimori, Montesinos y el general Nicolás Hermoza Ríos—, esta simbiosis alcanzó niveles de ingeniería logística militarizada de escala industrial, blindada políticamente bajo el paraguas geopolítico de la llamada "Guerra contra las Drogas" dictada desde Washington.

La Mutación Logística: El Hub del VRAEM

Participé en el 2003 como asesor en la Comisión Investigadora de los Casos de Corrupción de la Década 1990-2000 (CICCOR), habiendo elaborado el Informe Final titulado “Corrupción y mafia en el poder en asuntos de Trafico Ilìcito de Drogas y Lavado de Dinero 1990-2000” 2. Formaron parte de esta Comisión los siguientes congresistas: presidida por Ernesto Herrera, secundada por Javier Diez Canseco, Heriberto Benites, Javier Velázquez y Rafael Rey. Diez Canseco, Benites y Rey tuvieron “reservas y observaciones” que nunca presentaron y, con ello, no aprobaron el informe propiamente por lo tanto no pasó al pleno para discutirlo. Por esos años elaboré varios informes conteniendo resúmenes de este informe y actualizaciones posteriores, básicamente en Otra Mirada y otras3.  Las siguientes afirmaciones son un resumen de lo que allí afirmamos4.

La geografía del narcotráfico estatal peruano sufrió una mutación estratégica a mediados de la década de los noventa. Tras la caída de los puentes aéreos en el Alto Huallaga y la captura del capo Demetrio Chávez Peñaherrera, alias "Vaticano" —quien reconoció judicialmente el pago de cupos directos a Montesinos—, la troika trasladó y centralizó sus operaciones en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), teniendo como epicentros neurálgicos a Palmapampa y Santa Rosa. Es aquí donde la perversión institucional del "Estado Mafioso" y la "anatomía del poder ilegal" confluyen en una paradoja histórica indignante.

Durante aquellos años, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) y otros organismos internacionales canalizaban millonarios fondos destinados formalmente al "desarrollo alternativo" de las comunidades cocaleras. No obstante, bajo la coartada técnica de garantizar la "seguridad, accesibilidad y pacificación" de una zona convulsionada por el remanente senderista, la dictadura militarizada desvió astutamente dichos recursos multilaterales para financiar la construcción de infraestructura vial y aeródromos, destacando el aeropuerto de Palmapampa.

El resultado en el terreno fue trágico y fraudulento. Los fondos que debieron financiar la sustitución lícita de cultivos, el crédito agrícola, la titulación de tierras y la conectividad comercial de los campesinos excluidos, terminaron subsidiando la edificación de la plataforma logística que la propia corporación criminal necesitaba. Como testigo de excepción y técnico de la CICCOR en 2003, pude constatar cómo el aeropuerto de Palmapampa se transformó en un enclave militarizado de uso exclusivo para el crimen organizado. No sirvió para sacar café o cacao; sirvió como el centro de acopio donde helicópteros del Ejército peruano, bajo las órdenes directas de Hermoza Ríos (el "narco milico" principal de la red), partían con toneladas de pasta básica de cocaína (PBC) con total impunidad y sin rastro en los radares oficiales del Estado.

De la Selva a la Costa: La Ruta Pisco-Alta Mar

La ingeniería logística de la troika requería una cadena de suministro perfectamente integrada que conectara el enclave productor con las rutas de exportación transnacional. El diseño de este corredor criminal conectaba los vuelos militares provenientes de Palmapampa con bases aéreas, almacenes clandestinos y puertos en la costa sur central, específicamente en Pisco e Ica. Esta ruta costera quedó plenamente al descubierto tras el desmantelamiento judicial de la red internacional "Los Camellos", liderada por el panameño Boris Foguel, cuyas declaraciones judiciales detallaron la compra de "franquicias de protección" al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

Una vez que los cargamentos lícitamente camuflados o las remesas de droga llegaban a la costa a través del transporte oficial de las Fuerzas Armadas, entraba en juego el componente naval de la corporación. La utilización de la Marina de Guerra del Perú como brazo naviero del narcotráfico tuvo su punto de quiebre en 1996, con el hallazgo de importantes cargamentos de cocaína en los buques de la Armada peruana BAP Ilo y BAP Paita.

Las embarcaciones oficiales y la flota pesquera cooptada transportaban la mercancía hasta las 200 millas náuticas, en aguas internacionales de alta mar. Allí, al amparo de la nula fiscalización civil, buques factoría procesaban la PBC en clorhidrato de cocaína (CHC) de alta pureza o transferían los cargamentos a embarcaciones nodriza pertenecientes a los carteles mexicanos de Juárez y Sinaloa, garantizando el abastecimiento seguro hacia los mercados de consumo de los Estados Unidos y Europa.

El Amparo de Washington y la “ceguera” de la CIA

Este gigantesco engranaje industrial, que convirtió al Perú en el principal exportador mundial de cocaína de la época, no ocurrió en la sombra; se desarrolló ante los ojos de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. La ingeniería del narco-Estado fujimontesinista operó bajo una política de ceguera voluntaria y complicidad pragmática por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y altos funcionarios de Washington.

Documentos desclasificados por el National Security Archive de la Universidad George Washington demuestran que la CIA transfirió al menos 10 millones de dólares en efectivo al SIN de Montesinos durante los años noventa bajo el membrete de "cooperación bilateral contra el narcotráfico y el terrorismo". A pesar de que agentes de campo de la DEA y analistas de la propia Embajada de EEUU en Lima reportaban desde 1996 que los camiones del Ejército, el avión presidencial y los mandos militares leales a Hermoza Ríos estaban cobrando cupos y custodiando el despacho de cargamentos, la jefatura de la CIA en Langley priorizó mantener a Montesinos como su principal activo geoestratégico en la región andina. La dictadura peruana era útil para los intereses estadounidenses de contención regional y control territorial; a cambio, Washington proveyó legitimidad diplomática, soporte técnico y una narrativa de "éxito" en la erradicación que sirvió de cortina de humo perfecta para ocultar las operaciones del "Cartel de Lima".

Conclusión: el Vacío Institucional

En su monumental estudio Historia de la Corrupción en el Perú, el historiador Alfonso Quiroz ofreció una radiografía indispensable del costo económico de las coimas, la deuda externa fraudulenta y las privatizaciones amañadas del fujimorismo. Sin embargo, su obra dejó un vacío estructural al omitir el impacto y la penetración del tráfico ilícito de drogas en el corazón del modelo económico del régimen. Las dinámicas del narcotráfico no eran un apéndice de la corrupción institucional; eran su motor financiero y su sostén logístico.

Haber participado en la redacción del capítulo de narcotráfico de la CICCOR – que nunca fue aprobada en la Comisión y menos discutida en el Pleno  - en 2003 representó un esfuerzo técnico por dejar asentado en los anales del Congreso de la República la verdad sobre la troika mafiosa. Aunque las presiones políticas de la transición impidieron que ese capítulo fuera formalmente debatido y aprobado con las sanciones penales correspondientes en su momento, el documento hoy recuperado del CENDOC constituye una pieza de memoria histórica irrefutable. El Perú de los noventa no fue gobernado por un régimen autocrático convencional afectado por la corrupción; fue una narco-dictadura militarizada de vanguardia que demostró, como bien concluye Lucía Dammert, que el poder ilegal no destruye las fronteras del Estado, sino que convierte al Estado mismo en su principal aduana, almacén y transportista.
------------------

1 Economista, exviceministro del MINAM y experto en políticas de drogas, desarrollo sostenible y derechos indígenas. Para la estructura, sistematización bibliográfica y redacción final de este artículo, el autor contó con la asistencia de Gemini, un modelo de inteligencia artificial de Google.
2 Ver: https://www3.congreso.gob.pe/Docs/sites/webs/CICCOR/infofinal/narcotrafi... También ver las entrevistas que hicimos en: https://www3.congreso.gob.pe/Docs/sites/webs/CICCOR/transcri/040303_002....
3 Ver: https://otramirada.pe/per%C3%BA-la-corrupci%C3%B3n-es-consustancial-al-%.... También ver: https://www.alainet.org/es/articulo/213032.. 
4 También ver mi artículo con Mariano Valderrama titulado “Questionable Alliances in the War on Drugs: Peru and the United States” publicado en el 2004 en Miami en: https://search.library.ucr.edu/discovery/fulldisplay?docid=alma991004733...