El mundo del trabajo atraviesa un momento crítico. Según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tasa de desempleo global se mantiene en un 5%, una cifra que, aunque estable, oculta profundos desafíos estructurales. Especialmente preocupante es el caso de los jóvenes, quienes enfrentan tasas de desempleo cercanas al 12,6%, y quienes, incluso cuando logran acceder al mercado laboral, lo hacen bajo condiciones de informalidad o pobreza laboral. Estos fenómenos, lejos de ser aislados, reflejan las tensiones de un mercado mundial que no consigue adaptarse a las demandas de un nuevo contexto económico y tecnológico.

En medio de este panorama, el Perú se presenta como un caso paradigmático de las contradicciones laborales. A pesar de haber experimentado cierta recuperación económica, el país no ha logrado revertir la precariedad laboral que afecta a millones. Según datos del INEI (hasta el 2024), en los últimos 30 años, más de 3 millones de peruanos han emigrado sin retorno, y el 45.5% de ellos tenían entre 20 y 39 años. Esta situación no es fortuita: es el resultado de políticas públicas insuficientes, una economía informal rampante, débil diversificación productiva descentralizada y un sistema educativo que no conecta con las necesidades reales del mercado.

En el escenario internacional, las economías avanzadas han logrado estabilizar sus mercados laborales tras los estragos de la pandemia, aunque con sacrificios significativos. Las tasas de inflación, por ejemplo, han descendido gracias a políticas fiscales restrictivas, pero a costa de frenar el crecimiento salarial real. Mientras tanto, en las economías en desarrollo, el empleo informal y la pobreza laboral siguen siendo la norma. La automatización y la concentración del poder empresarial han reducido el poder de negociación de los trabajadores, exacerbando las desigualdades.

En este contexto, la transición ecológica y la digitalización ofrecen nuevas oportunidades, pero también crean riesgos. Por ejemplo, gran parte de los empleos verdes y digitales se concentran en países con alta capacidad tecnológica y financiera, mientras que naciones como el Perú quedan relegadas al margen de esta revolución. Esto subraya la urgencia de una política industrial que priorice la inclusión y el desarrollo equitativo, algo que, hasta ahora, no ha sido abordado con la contundencia necesaria.

La situación laboral en el Perú es alarmante. Con una tasa de crecimiento económico proyectada en 3% para este año, el país queda muy por debajo del 5% necesario para generar un impacto significativo en el empleo. En los últimos cinco años, el empleo asalariado formal ha permanecido estancado, mientras que el subempleo y la informalidad han aumentado de manera preocupante. Además, el 9% de los trabajadores en Lima Metropolitana han perdido capacidad adquisitiva desde el 2019, lo que evidencia una erosión constante de las condiciones de vida.

Los jóvenes, particularmente afectados, enfrentan una tormenta perfecta: falta de experiencia, baja calidad educativa y un mercado que no ofrece oportunidades adecuadas. Un ejemplo claro es el índice de “ninis” (jóvenes que ni estudian ni trabajan), que ha crecido un 17% en el Perú entre 2019 y 2024. Para muchos, la única alternativa es aceptar empleos precarios, desarrollar actividades ilegales o migrar en busca de mejores oportunidades.

Además de ello, si revisamos las cifras de Lima Metropolitana desde 2019 hasta 2024, observaremos una contracción de aproximadamente el 14% de oferta laboral juvenil. Situación que ha quedado excluida de la agenda pública cuando, debería generar alarma.

El Perú enfrenta un dilema estructural: o redefine sus prioridades laborales o corre el riesgo de perpetuar un ciclo de exclusión y desigualdad. Algunas soluciones ya están sobre la mesa. Por ejemplo, los sectores de textiles, confecciones, agroindustria y turismo tienen un alto potencial para generar empleos. Sin embargo, para desbloquear este potencial, es imprescindible implementar políticas de diversificación productiva y mejorar la calidad educativa.

Otra propuesta clave es fomentar la formalización mediante incentivos fiscales que permitan a las micro y pequeñas empresas capacitar a sus trabajadores. También es vital priorizar la inversión en infraestructura y tecnología, especialmente en regiones donde el desempleo juvenil es más agudo. Sin estos pasos, cualquier intento de cambio será insuficiente.

El tiempo apremia. El Perú no puede permitirse seguir ignorando la urgencia de una reforma laboral estructural. La combinación de alta informalidad, bajos salarios y migración juvenil masiva representa una amenaza existencial para su futuro económico y social. Las cifras hablan por sí solas: uno de cada tres trabajadores peruanos tiene un contrato temporal, y el país registra un éxodo de talento joven.

La pregunta que debe guiar nuestras acciones es clara: ¿Qué tipo de futuro queremos construir? El trabajo no debe ser un lujo; debe ser un derecho accesible para todos.