Los hechos

Aunque, la hiper velocidad informacional del mundo contemporáneo puso en dominio mundial la invasión a la Embajada de México en Ecuador, realizada por parte del gobierno de este país en la noche del 5 de abril, con el propósito de secuestrar al exvicepresidente Jorge Glas -que estaba en calidad de asilado político-; los medios corporativos locales han desatado una campaña de control de daños, para “pasar la página” y tirar debajo de la alfombra, los alarmantes sucesos de violencia y de crisis terminal que diariamente sacuden el Ecuador. Sin embargo, esta vez la estrategia de golpes de efecto comunicacional, no le está resultando una tarea fácil ni al gobierno del presidente Daniel Noboa ni a sus corporaciones mediáticas, debido a la gravedad de los acontecimientos.

Estos hechos no pueden ocultarse ante las imágenes presentadas el 9 de abril por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la brutalidad del asalto de las fuerzas de élite, provistas de dotación militar y ocultas con pasamontañas, que agredieron al jefe de la Misión, Embajador Roberto Canseco y “secuestraron” al ex vicepresidente Jorge Glas. La gravedad de estos sucesos motivó inclusive un pronunciamiento por parte del gobierno de Estados Unidos, a través del consejero Jack Sullivan, quien dijo, que esta actuación “puso en peligro las bases de las normas y relaciones diplomáticas básicas”; lo que, a su vez, dejó zanjada la duda, de si una operación de esta naturaleza habría sido o no consultada previamente con Washington, rumor que circulaba por la ambigüedad de las primeras declaraciones del Embajador Michael Fitzpatrick.

Igualmente, a nivel regional, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, al igual que el conjunto de naciones del continente, condenaron el hecho señalando, Almagro, que “no podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito” y pidiendo que se “restituya la situación a su estado anterior antes de abrir el camino para el recurso de las vías pacíficas de solución a las posibles controversias”. Estas declaraciones antecedieron a lo ocurrido en la Sesión Extraordinaria de la mañana del 10 de abril, del Consejo Permanente de la OEA, que con 29 votos a favor, 2 ausencias, la de México y Venezuela y la abstención de El Salvador, condenaron enérgicamente “la intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en el Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la región”; al mismo tiempo, que reafirmaron la obligación que tienen los Estados de respetar la Convención del Asilo Diplomático de Caracas de 1954 y otras convenciones internacionales que rigen las relaciones diplomáticas y garantizan la inviolabilidad de las delegaciones diplomáticas y su personal, sin excepción alguna. 

Adicionalmente, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció el mismo 5 de abril, la ruptura de relaciones con Ecuador, y ha ratificado que acudirá a la Corte Internacional de Justicia, agravando con ello la difícil posición de Ecuador, producto de una mal concebida estrategia de odio y autoritarismo del Presidente Daniel Noboa, quien, en su improvisación y desconocimiento del mundo de las relaciones internacionales, al igual que la de su canciller Gabriela Sommerfeld, no solo que nos han sometido a una vergüenza mundial sino que han complicado relaciones comerciales, económicas, culturales y la situación de miles de migrantes ecuatorianos, que transitan por territorio mexicano, en su éxodo para llegar a los Estados Unidos.

¿Por qué la invasión a la Embajada de México?

Luego de repasar los hechos y las consecuencias inmediatas de este inaceptable acto, cobra mayor sentido, preguntarse sobre las razones que le empujaron al presidente Noboa a tomar esa gravísima decisión, pues, se ha informado por boca de la propia canciller, que el presidente fue advertido de las consecuencias de violentar el derecho internacional, y que fue él, quien ordenó asaltar la Embajada.

Cabe poner en antecedentes que, durante las últimas semanas, muchas voces han advertido, sobre la deriva antidemocrática y autoritaria que ha tomado el presidente Noboa, abandonando su inicial estrategia de ser “anti nada” y de hacer una ruptura con el relato polarizante “correísmo-anticorreísmo” -con el que ganó las elecciones-. Entonces, el gobierno ha vuelto sobre la -vieja táctica confiable- de descalificar a sus opositores como “revoltosos”, “conchudos”, “atrasa pueblos” y tratar de vincular a sus opositores políticos con la situación de violencia que vive el país.

Con este cambio de política, el presidente Noboa ha retrocedido a las posiciones de sus antecesores Lenín Moreno y Guillermo Lasso, de señalar como “narco políticos” a quienes se opongan a la consulta popular, convocada por el Presidente, para el 21 de abril, con once preguntas, entre otras, sobre reformas a la Constitución para posibilitar un mayor involucramiento de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna; permitir la extradición de ecuatorianos; y, principalmente, para retornar al trabajo por horas, vieja aspiración de las élites empresariales para “hacer más competitivo al Ecuador”; y abrir el país a arbitrajes internacionales, que al momento están limitados en la constitución ecuatoriana a centros de mediación y arbitraje regionales y latinoamericanos. Además, constan otras preguntas sobre reformas penales, pero sin precisar los textos de las mismas, que se proponen al Código Orgánico Integral Penal y Ley de Extinción de Dominio.

La orden de asaltar la Embajada de México, tendría la finalidad, de producir un golpe de enorme impacto político, para asegurarse un resultado triunfante en la Consulta Popular, proyectarse con fuerza para las elecciones de febrero/2025, anulando a sus posibles contendores del centro derecha, incluyendo la posible candidatura de la Fiscal General del Estado y dando inicio a una pre campaña, basada en la polarización contra el correísmo, principal fuerza del progresismo. 

Sin embargo, esta forma antidemocrática y violenta de hacer política, podría terminar hundiendo anticipadamente su gobierno y arrastrando consigo al país, por las gravísimas consecuencias diplomáticas que seguramente tendrá el acto cometido; pero fundamentalmente por no resolver los problemas de inseguridad, falta de empleo y de la economía que siguen postergados.
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(*) Parlamentario Andino por Ecuador, Master en Ciencia Política y abogado, ex Asambleísta Constituyente y ex Asambleísta Nacional. Profesor Universitario