“En atención a los documentos leídos y a fin de preservar el irrestricto derecho a la legitima defensa, se convocará oportunamente a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, por única vez, para que asistan a una nueva sesión del Pleno del Congreso”.

Con esta frase el presidente del Congreso, Alejandro Soto, cerró una jornada que generó el rechazo y el reclamo desaforado de algunos de sus colegas, entre ellos los iracundos Jorge Montoya y Alejandro Muñante de Renovación Popular quienes ahora amenazan con censurar al titular de la Mesa Directiva. 

Y es que, en sus cálculos no estaba estipulado que Soto diera por cerrada la discusión de la moción de orden del día que buscaba destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con la única intención de desaforarlos del cargo tras haber suspendido de forma preventiva a Patricia Benavides, en el cargo de fiscal de la nación. 

De esta forma, el debate de la destitución de los miembros de la Junta o investigarlos (otra vez) por 10 días, pasará hasta el mes de marzo. Según el programa “Punto Final”, una reunión en la casa de Richard Acuña (hijo de César, líder de Alianza por el Progreso) había sido el espacio donde se acordó “no tocar a la JNJ”. En esta reunión participaron representantes de su partido, Fuerza Popular y Perú Libre. ¿Otro negociado? Según el mismo programa, en ese cónclave se cerró la elección a dedo del nuevo integrante del Tribunal Constitucional. 

La furia de Patricia Chirinos 

“He tomado conocimiento que, en las próximas horas, de manera arbitraria e ilegal, sin ningún sustento jurídico, van a allanar mi despacho, mi casa y pedirán mi detención preliminar. La caviarada quiere cobrar venganza contra quienes siempre luchamos por el Perú. ¿Qué buscan con eso?, ¿intimidarme?, ¿Qué deje de luchar por mi país?”

Acompañado de un video, estas fueron las palabras en X (antes Twitter) que la congresista Patricia Chirinos escribió horas antes de conocerse que ya se encontraba en España, adonde -según ella- viajó por un asunto previamente planificado, sin embargo todo hace indicar que el coraje y la valentía de la legisladora chalaca no es tal y qué habría preferido ponerse a salvo frente a lo que podría ser un arresto preliminar por ser, presuntamente, parte de la organización criminal liderada por la hoy ex fiscal de la nación, Patricia Benavides. 

Confrontada por algunos periodistas, Chirinos ha insistido en señalar que se enteró “por fuentes fidedignas” de la fiscalía que se iba a allanar sus oficinas y vivienda para proceder a su arresto. Son las mismas “fuentes” a las que hace unos años atrás apeló el fallecido líder aprista, Alan García. 

Son las mismas “fuentes” que mantienen bien informado a un sector de la coalición gobiernistas por la impunidad que en los últimos días ha mostrado un cisma en aras de la sobrevivencia política. 

¿Hay una ruptura de la coalición? 

Los eventos de las últimas semanas dejan entrever que existe un quiebre en la coalición que sentó su fundación el 7 de diciembre de 2022 y que juntó en una misma bolsa al fujimorismo, el cerronismo, el acuñismo, la derecha de Renovación Popular y Avanza País y el binomio Boluarte-Otárola, además de la extensión liderada por Patricia Benavides en la fiscalía de la nación. 

La reunión que mencionamos líneas arriba en la casa del benjamín de César Acuña, ha sido parte de un estudiado escenario en el cual tres de las líneas de esta coalición han decidido mantener a la dupla Boluarte-Otárola, con la intención de sobrevivir (y cobrar) hasta el 2026. 

La moneda de cambio habría sido Alberto Fujimori, cuya libertad fue encontrada como un premio para Keiko en sus afanes de mantener a sus bases unidas. A los sectores de Keiko, Acuña y los Cerrón les vale más estar con el poder de Boluarte-Otárola que quemar (más) su imagen en aras de salvaguardar a una fiscal que en caída ya no les garantiza impunidad. 

La colaboración eficaz de Jaime Villanueva, otrora hombre poderoso de Benavides, generó mucho nervio en la avenida Abancay, por lo cual las fichas empezaron a moverse. ¿Valía la pena seguir detrás de una fiscal que -encima- se subía a las espaldas del aprismo más recalcitrante?

En las filas de Renovación Popular y Avanza País, ni siquiera tenían mapeado que el presidente del Congreso iba a patear para marzo la defenestración de los miembros de la JNJ. Los gritos de Jorge Montoya y el shock de Alejandro Muñante daban cuenta de eso. La coalición se ha partido y ahora son dos bandos que luchan por sobrevivir. 

En medio de eso, antes del quiebre, vimos a un Congreso apresurado por modificar todo lo que les convenía a sus intereses y a los de sectores a los que -a todas luces- representan: se tumbaron las elecciones primarias en los partidos, aprobaron una ley para formar una comisión que proponga “reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, flexibilizaron la ley forestal, beneficiando a los taladores ilegales (esos que hoy siguen matando defensores ambientales), eligieron un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional acorde con sus intereses, limitaron los alcances de la colaboración eficaz, se aprobaron un aguinaldo de 1700 soles en un país donde más del 73% de los puestos de trabajo son informales, etc. 

Es decir, aprobaron todo lo que quisieron, pero no pudieron darle el zarpazo final al equilibrio de poderes porque -en medio de todo- priorizaron sus intereses políticos y su necesidad de sobrevivencia. Lo que venga en los próximos meses, será parte de un escenario de confrontación entre dos bandos que no dudarán en unirse nuevamente cuando su estabilidad se vea amenazada.

Y su estabilidad depende de la Fiscalía de la Nación, esa fiscalía que hasta ahora no le abre una investigación formal a la suspendida Patricia Benavides. Cuestión de tiempo dicen algunos. Pero ¿Quién gana en esta especie de cuarto intermedio en el que ha entrado la política peruana? ¿O será que -otro año más- nos sorprenden con alguna novedad en plena nochebuena?.