Lima, es una ciudad de casi 11 millones de habitantes. Los especialistas señalan que la capital de la República fue construida sobre un desierto, a pesar de su cercanía con los ríos Rímac, Lurín y Chillón que colindan con los valles del mismo nombre, sin embargo, pese a la existencia de éstos, el acceso al agua potable depende del transporte que se hace desde las lagunas y ríos en las alturas de la sierra central de nuestro país. 

Por ende, Lima no cuenta con agua potable porque el río Rímac sea el más caudaloso del país, sino porque existen una serie de lagunas y fuentes de agua que son canalizadas desde la región Junín, en su mayoría, y que abastecen de este preciado elemento a una capital que -históricamente- vive de espaldas al resto del país. 

Por ello, cuando un conflicto socioambiental por la actividad minera arrecia en alguna región, no es tomado en cuenta en la capital sino hasta que se produce un hecho violento. Pero ¿Qué ocurre si Lima fuese escenario de un latente conflicto de este tipo pero que no es conocido por los habitantes? ¿Qué pasaría si los limeños y las limeñas supieran que existe un proyecto minero que puede poner en riesgo la fuente de agua potable de la ciudad? 

La mina Ariana y el riesgo sobre Marcapomacocha 

Desde el año 2019, los especialistas de CooperAcción, conocieron la existencia del proyecto minero Ariana que es una explotación subterránea de yacimientos de cobre y zinc, manejado por la empresa Southern Peaks Mining, que depende del fondo de inversión conformado por SPM Management Team y Global Nature Resource Investments (GNRI), empresas de origen estadounidense e inglés respectivamente1.

“La mina Ariana y la amenaza al agua de Lima y Callao. Lecciones de un caso inaudito”, es el título del libro que recoge los alcances de la investigación realizada por José De Echave, Marisa Glave, Ana Leyva y Paul Maquet a través del cual se presenta en detalle cómo se aprobó el controvertido proyecto minero que pone en riesgo el sistema de lagunas y toda la infraestructura que abastecen de agua a la capital del país.

Conversamos con José De Echave, investigador de CooperAcción, exviceministro del Ambiente y uno de los autores de la investigación para conocer detalles del proceso que devino en la realización de este libro que será presentado este miércoles 29 de noviembre. 

De Echave señala que la investigación realizada determina que existe un gran riesgo sobre la infraestructura natural y física de abastecimiento de agua para Lima, generado por el proyecto minero Ariana. 

“Lima se abastece de agua por lo que viene del proyecto Marcapomachocha que nace, no en Lima, sino en las alturas de Junín, en la provincia de Yauli, entonces ahí tenemos un proyecto minero como Ariana, cuya concesión se superpone a una zona estratégica que forma parte del sistema Marcapomacocha, donde existen lagunas, represas y se trasvasan aguas de la cuenca del río Mantaro a la del río Rímac”, apunta.

Precisamente, Lima depende de todo este sistema hídrico y la ejecución del proyecto de Southern Peaks representa un serio riesgo para el abastecimiento de agua para más de 11 millones de habitantes de Lima y Callao.

El investigador de CooperAcción recuerda que, en el área de influencia de la mina, existen lagunas, bofedales, humedales y el Túnel Trasandino que son parte del Sistema Marcapomacocha que deriva agua para Lima. 

¿Un conflicto socioambiental en Lima? 

Según la Defensoría del Pueblo, en su reporte de conflictos sociales (julio 2023) existen 225 conflictos sociales, de los cuales el 67% corresponden a conflictos socioambientales con industrias extractivas. De este porcentaje, más de la mitad corresponden a conflictos por actividades mineras2. 

La mayoría de conflictos corresponde a regiones, sin embargo, Lima no estaría exenta de este tipo de situaciones si es que los habitantes de la capital supieran el riesgo que existe actualmente. 

“Lima está viviendo lo que ocurre en otros puntos del país desde hace 25 o 30 años. Conflictos socioambientales que veíamos lejanos y que hoy están ocurriendo aquí pese a que los limeños no están muy enterados del problema”, afirma De Echave.

Lo que llama la atención es que este proyecto, autorizado en el año 2016 por el Ministerio de Energía y Minas, no es un proyecto que signifique un ingreso muy grande para el país en comparación con otros puntos mineros. 

“El proyecto es de 140 millones de dólares de inversión (…) no es tan estratégico como otros proyectos”, señala De Echave y recuerda que Sedapal tiene previsto invertir 10 veces más el monto de inversión de este proyecto para terminar la infraestructura del sistema de Marcapomacocha. 

Southern Peaks, la empresa responsable del proyecto ya ha estado en otros puntos del país, específicamente en sierra de La Libertad donde, según la investigación, no ha tenido un buen papel ni un buen desempeño con la población. 

El libro recoge algunas alertas que no explican como el Minem aprobó el Estudio de Impacto Ambiental, además de algunas recomendaciones hechas por una auditoría externa que buscaba detallar los problemas que presentaba el proyecto. 

Es por estos problemas que el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima ordenó suspender sus actividades y esta suspensión se mantendría vigente hasta que “el Ministerio de Energía y Minas realice un estudio complementario (con la participación de la Autoridad Nacional del Agua - ANA), a fin de tener certeza que las actividades extractivas no ponen en riesgo el agua que discurre a la ciudad de Lima y Callao”3

Por estas y otras razones, De Echave y los autores insisten que no solo se trata de una investigación, sino que el libro “es el resultado de un largo proceso desde el año 2019 en que conocimos el proyecto, hemos intentado dar a conocer este proyecto y los riesgos que lleva sobre la ciudad”.