Hacerse del poder sin elecciones

Según una reciente nota de prensa de la OEA, el Grupo de Alto Nivel nombrado por el Consejo Permanente de la Organización para analizar la situación en Perú en el marco de la Carta Democrática interamericana, concluyó sus entrevistas in loco exhortando al diálogo a los actores políticos peruanos. 

El Grupo se constituyó tras las consultas realizadas por el presidente del Consejo Permanente de la OEA, Embajador Marten Schalkwijk, en atención a lo dispuesto en la Resolución CP/RES. 1208 (2400/22), aprobada por el Consejo el 20 de octubre. 

Recordemos que la misión continental estuvo integrada por:

• Eamon Courtenay, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional e Inmigración de Belize
• Arnoldo André, ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica
• Juan Carlos Holguín, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador
• Mario Adolfo Búcaro, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala
• Julio César Arriola, ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay
• Pablo Tettamanti, secretario de Relaciones Exteriores de Argentina
• Laura Gil, viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia
• Eladio Loizaga, ex ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, representante de la Secretaría General de la OEA y vocero del Grupo. 

Nótese que, según la misma fuente, el Grupo de Alto Nivel tuvo veinte y siete reuniones en Lima durante dos días para cumplir con su objetivo prioritario que era el de escuchar a la mayor cantidad de voces representativas de las instituciones y fuerzas políticas sobre el conflicto que enturbia las relaciones entre los poderes públicos. 

La misión se reunió con el Presidente de la República, la Vicepresidenta y el gabinete; el Presidente y los Vicepresidentes del Congreso; la señora Presidenta del Poder Judicial y dos magistrados de la Corte Suprema; el Presidente y cinco magistrados del Tribunal Constitucional; la señora Fiscal de la Nación; los trece grupos parlamentarios representados en el Congreso y parlamentarios no agrupados; autoridades electorales; la Defensoría del Pueblo; la Conferencia Episcopal peruana; organizaciones profesionales, abogados, periodistas; centrales sindicales; y organizaciones de la sociedad civil.

Además, el Grupo recibió otros puntos de vista sobre la situación en el país, que serán insumos procesables en la preparación del informe de la visita. 

De vuelta a la sede, ahora el Grupo está elaborando el reporte que presentará- se espera- de modo célere al Consejo Permanente de la Organización en Washington DC. 
Cumple así con el mandato recibido al activarse, reiteramos, la Carta Democrática interamericana. La misión, además, seguirá monitoreando la compleja situación creada desde la aprobación unánime del pleno a solicitud de la cancillería peruana. 

Además- se anota- que el Grupo queda a disposición de todos los actores consultados. Apunta la diplomática secretaria de la OEA que las reuniones se desarrollaron en un clima de cordialidad y respeto a la Constitución, la soberanía, el Estado de Derecho, las instituciones y la ciudadanía peruanas. 

El Grupo, entonces, recibió una información que procesará en el informe, y luego lo elevará a la instancia pertinente- Y recomendará los escenarios y acciones indispensables para encontrar las salidas adecuadas a las crisis.

Este procesamiento diplomático también le habla a Pedro para que lo escuche Juan. Y el resto de América. En efecto, la apretada derrota del castrense presidente candidato de Brasil ha producido reacciones que se parecen como una gota de agua al itinerario de la crisis peruana. La diferencia de votos en la segunda vuelta fue muy cercana en ambos países y, al igual que los reclamos formulados ante el JNE, alegando fraude, una selección de mesas electorales escogida por los abogados del perdedor Bolsonaro ha sido exhibida como presuntas pruebas de fraude en mesa, de acuerdo a Datafolha de Sao Paulo. Además, también se ha cuestionado la conducta de la autoridad electoral y no han faltado los excesos verbales. Algunos no vacilan en anunciarle vida corta a Lula, el vencedor de la contienda electoral. Un año o menos.

En clave local eso significa la emisión de un rosario de denuncias nacidas en el propio cotejo electoral, usadas como medios destructivos para erosionar la autoridad del próximo presidente y léase- en caso de seguir- promesas de futuros y virulentos ataques que auguraran -como es en Perú- intentos de vacancia hasta acusaciones de “traición a la patria” dirigidas contra el mandatario electo. Se trata de negar los resultados y convocar a “Nuevas elecciones generales”.  Así   el derrotado jugará una nueva chance electoral pese al insuficiente resultado obtenido en las urnas. En suma, la vacancia es una hoja de ruta no desdeñable para hacerse del poder sin elecciones. O un sendero lawfare, nomenclatura anglosajona que describe el golpe de Estado legal, cosa que ya ocurrió con la presidenta Rousseff, el presidente Lugo en Paraguay o Zelaya en Centroamérica. 

En el ínterin, contrario sensu, el TC pulverizo la apurada y antijuridica acusación congresal de “traición a la patria” contra el presidente; la Corte suprema explicito en una de sus recientes Resoluciones que la actividad investigatoria del ministerio público -en el caso del presidente- llega hasta el limite de lo fijado en el artículo 117 y demás de la Carta Magna. Y ha entrado a la discusión a la agenda del TC la solicitud del Legislativo sobre un pretenso conflicto de competencias en materia de la ejecución de la cuestión de confianza. Esta última es entendida como sinónima de rehusamiento en el texto mismo de la Constitución argumenta el Poder Ejecutivo, según consta en actas del consejo de ministros. Bastaría en tal lógica que haya una segunda negativa del parlamento a una cuestión de confianza planteada por el Poder Ejecutivo para autorizar su disolución. 

Mientras tanto numerosas interpretaciones jurídicas y políticas pugnan por encontrar una salida que, en esencia, logre despojar al actual presidente de su silla en el palacio de Pizarro sin riesgo de desbarrancarse en una ilegalidad flagrante.

La respuesta política del gobierno ha sido el nombramiento de un gabinete de choque presidido por la ministra señora Abogada Betsy Chávez Chino, con el fin de tentar la segunda negación de la confianza, si fuera necesaria. Y la respuesta del parlamento es intentar los votos de una vacancia por causal de presunta incapacidad moral permanente (113, c). Si no alcanzaran los votos apelar a una suspensión temporal del ejercicio del cargo, tesis que no ha resistido el escrutinio de los juristas especializados. O buscar razón en la denuncia constitucional del ministerio público ante la subcomisión de acusaciones constitucionales que pide poner en salmuera al artículo 117 de la constitución, propuesta que también conduce al impasse.

Ante este dilema y agotadas las alternativas, solo cabe volver al origen, al respetable y soberano. Y como el documento del 93 (Alberto Bórea) no da más, en lugar de continuar con parches y remiendos, convendría aprestarse para elaborar una nueva Constitución que debiera someterse a la decisión de la ciudadanía.