El cambio constitucional, objetivo principal del actual proceso político

El Perú oficial celebra desde el año anterior el Bicentenario de la Independencia. Celebración que responde a los 200 años de dominación criolla colonial pues la inmensa mayoría de peruanos, permanecieron en servidumbre hasta el año 1969 en que la Reforma Agraria de Velasco Alvarado los convierte en campesinos, hombres libres, proto ciudadanos.

No hay que olvidar que los indios dejaron de pagar el tributo indígena recién en 1920, pues se mantuvo durante la república, hasta 1860, como Contribución indígena y, hasta 1920, como Conscripción vial, que era el trabajo gratuito obligatorio durante 30 días al año en obras de carretera.

Las ondas repercusiones e implicancias raciales y étnicas de los 50 años post velasquistas y su emergencia virulenta en los procesos electorales últimos, es incomprensible sin el reconocimiento de este factor histórico de vital importancia. Sociólogos y estadísticos repiten hasta el cansancio la peculiaridad de una sociedad que alberga un 70% de informalidad económico y social, como virtud o como déficit. Esta cifra realmente existente, mirada en el largo plazo, debe leerse como el sector mayoritario de la sociedad que, desde su inicio republicano, fue excluido por el estado y la sociedad oficial. Ese 75% de indígenas y subalternos que, desde el inicio de la independencia no es incorporado por el criollo oligárquico. Pervive hasta la actualidad, ahora con la denominación de informal.

Esta nefasta herencia colonial y republicana es lo que, en periodos de agudas tensiones sociales, eclosiona con sus expresiones racistas colonialistas. La casta dominante que rechaza la igualdad y el gobierno de los cholos y mestizos. El estado nominalmente republicano de 1821, renovado con la constitución fraudulenta de 1993, es el sustento del actual poder oligárquico-neoliberal. 

La constitución fujimorista de 1993 es la restauración del dominio oligárquico, que logró ser resquebrajado seriamente por el reformismo militar de los años 70, pero no se destruyó. Se reconstruye con la restauración del segundo belaundismo y, con nuevos ropajes y careta tecnocrática, subordinado al capitalismo transnacional, asume la forma neoliberal desde el Consenso de Washington en 1990. Que es como sigue vigente en el Perú actual.

Por eso la solución requiere de modo insoslayable el cambio del régimen actual y de la constitución que lo sustenta. 

La vida y la historia muestran el anacronismo del actual estado

Los 200 mil muertos que produce la pandemia, el desastre de la atención pública y los flagrantes actos de corrupción de presidentes y ministros, no solo evidencian la inoperancia del régimen fujimorista establecido con la constitución de 1993, revela que es inviable en la administración y dirección del país.

Es el poderoso catalizador de las críticas que las fuerzas socialistas y democráticas venían realizando, que eran silenciados por el monopolio mediático derechista y la dispersión social. El descarado asalto del gobierno, que los sectores mafiosos más avezados del anterior congreso, con Manuel Merino como cabecilla, realizan la primera semana de noviembre del 2020, es la gota que rebalsa el vaso del descontento y malestar acumulado en todo este tiempo.

Las movilizaciones de noviembre 2020 y el triunfo electoral abren el curso constituyente. Los resultados del 11 de abril, que decide la incursión de Pedro Castillo en la primera vuelta y su acceso a la presidencia en la segunda, es hijo de estas movilizaciones; las acciones masivas muestran que el poder vigente es vulnerable y precario.  El ánimo indignado y las acciones callejeras llenan las ánforas de esperanza y produce el triunfo de Perú Libre y Pedro Castillo.

Las dos acciones democráticas más importantes de los últimos años, abren el curso constituyente. El llamado a cambiar la constitución actual adquiere legitimidad y se incorpora al discurso político electoral. En la izquierda para cohesionar un mensaje de cambio radical, y en la derecha para impedirlo o bloquearlo desde adentro.

Las propuestas de reformas y cambios de algunos articulados que levantan algunos partidos políticos derechistas o centro-derechistas (Partido Morado, uno de los primeros) traducen la política de “cambiar algo para que nadie cambie”.

Entre la bruma del ayer y la oscuridad que anuncia la aurora

Lúcidos y agudos diagnósticos proliferan. Sinesio López reitera críticas sobre nuestra condición de República sin ciudadanos; recientemente el politólogo Alberto Vergara, refiriéndose a los últimos procesos electorales que han devenido en rituales farsescos ha escrito el ensayo Alternancia sin alternativa. Estos diagnósticos críticos son certeros y desnudan graves y profundas falencias de la precaria democracia peruana, compartidas en lo sustancial por las élites intelectuales y políticas progresistas mas no arriban a propuestas políticas que logren incidir de modo efectivo en cambiar esta realidad.

En la medida que el objeto de estas críticas es el Estado peruano, es indispensable abordar su discusión. La Constitución del año 1979, producto de la transacción entre los militares que, habiendo realizado reformas profundas en lo económico y social, buscaban que éstas estuvieran consagradas en la nueva constitución, en tanto que los partidos políticos y la sociedad civil buscaban el retorno del orden democrático y las garantías necesarias.