Para explicarse el complejo contexto político peruano desde la conflictividad social, es necesario entender el carácter de las movilizaciones que han tenido y tienen lugar en el Perú de hoy. Es preciso acercarse lo más posible a la naturaleza de las acciones de fuerza.

Para ello, se debe distinguir qué sectores se han movilizado, cuál es el perfil de los liderazgos, cuáles son sus demandas e incluso qué ubicación, política y geográfica, tienen. 

Se han manifestado sectores ya movilizados desde hace varias gestiones gubernamentales, son dirigentes conocidos y, a su vez, ellos conocen el mecanismo de cada conflicto: acción de fuerza, reacción del Congreso, reacción del Ejecutivo, constitución de espacios de diálogo, firma de actas y reuniones de seguimiento de los acuerdos y, en la mayoría de los casos, una nueva manifestación. Tal es el mecanismo de un conflicto social en el país, algunas veces hace crisis y luego vuelve a desescalar, pero siempre está latente. 

La imposibilidad de prever lo que se venía, sólo se puede explicar por la inexperiencia de las jefaturas que tienen a su cargo hoy, el manejo de los conflictos sociales en las diferentes carteras gubernamentales, sumado a la situación de crisis económica mundial y de los combustibles producto de los hechos en Europa del este, la permanente voluntad vacadora del Congreso de la República y la ausencia de norte en el Ejecutivo.

Se han movilizado comunidades amazónicas, sectores agrarios de la costa y la sierra, parte de los gremios del transporte de carga pesada, trabajadores del sector agro exportador, asociaciones de regantes, organizaciones históricas del agro, sindicatos como el de controladores aeroportuarios, poblaciones aledañas a la minera Cuajone, comunidades cercanas a lo que será el aeropuerto de Chinchero, poblaciones del corredor minero y se ha sumado la ciudadanía de Junín, Ayacucho y Cusco, con plataformas específicas o demandas desatendidas por décadas.

Mención aparte, merece la marcha de sectores de la derecha desarrollada en Lima el día que el Gobierno declaró la inmovilización ciudadana en Lima y El Callao. Siendo la única manifestación política vista en este período, que terminó en desmanes e incendios en edificios del Poder Judicial y el Ministerio Público.

En Junín, Ayacucho y Cusco, los gremios se han movilizado por sus demandas puntuales, aun cuando en algunas convocatorias ha participado la CGTP, las acciones de fuerza no han involucrado a gremios nacionales, tampoco existe una agenda estructurada o una plataforma aglutinadora. Cada sector y localidad, ha realizado su acción de fuerza por demandas sectoriales, regionales, locales, puntuales.

Nada que no pueda superarse con la instalación de una mesa de diálogo que recoja las demandas de cada cual, la firma de un acta y la promesa de cumplir lo pactado, en otros casos, con la realización de Sesiones del Consejo de ministros Descentralizadas y la participación del propio presidente de la República.

Diríamos que lo que define a las acciones de fuerza reciénteme desarrolladas en el país, más tienen que ver con exigir al presidente Castillo que cumpla sus promesas.
El Gobierno debería tomar muy en cuenta ello porque, no significa necesariamente que la población apoye al actual gobierno, sino que, pese a todo, sigue siendo el mal menor, el pueblo no es desavisado.

Los compromisos en las mesas de diálogo

Una tarea en la que debería enfocarse el Gobierno, si quiere realmente atender a las poblaciones que se han manifestado las semanas pasadas, es poner a las diferentes oficinas de diálogo de las instituciones del Estado, a evaluar cuánto de los compromisos asumidos en las mesas de dialogo, desde la creación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad en octubre de 2012, se han concretado y cuantas siguen estando pendientes de atención, estas últimas son las causas de las constantes acciones de fuerza por parte de la población, todos estos años.

Es necesario ver qué tipo de trabas existen tras de este incumplimiento: trabas de orden administrativo en los tres niveles del Estado y comenzar a darles salida.
Hay que evaluar también las capacidades técnicas que se requiere en el aparato estatal y generar mecanismos más eficientes para una capacitación constante sobre los procesos de cada sector y acordar un compromiso de los diferentes niveles de gobierno en ese sentido.

Sinceramiento de la viabilidad de los compromisos asumidos en las mesas de diálogo

Algo que complica aún más el panorama de la conflictividad social, es la inviabilidad presupuestal de muchos de los compromisos que ha asumido el Estado en las mesas y espacios de diálogo. Se han firmado acuerdos que luego no han sido dotados de presupuesto y ni siquiera se encuentran en los planes quinquenales (para ser presupuestados algún día) y otros, son imposibles de ser cumplidos.

Un gobierno que realmente quiere servir a las poblaciones, debería comenzar por hacer un sinceramiento de la situación de los compromisos asumidos por los gobiernos anteriores en los espacios de diálogo e informar de este balance a las poblaciones con toda transparencia.

No es necesario que el presente gobierno asuma nuevos compromisos, bastaría con comprometerse a hacer este sinceramiento y esforzarse por cumplir la mayor cantidad de los compromisos ya asumidos por el Estado en anteriores gobiernos, con ello se podría comprometer la voluntad de los dirigentes y autoridades locales y regionales y a todas las poblaciones, en una voluntad de trabajo conjunto.

Al mismo tiempo, hay algunos ajustes que se debería hacer: generar mecanismos legales para abreviar (lo que se pueda abreviar) en el trámite y elaboración de expedientes técnicos, acelerar los proyectos ya encaminados, (existen compromisos con expediente técnico avanzado, sin viabilidad presupuestal) y algo sumamente importante: que el MEF, por fin, sea parte de las reuniones en las mesas de diálogo.

Aquí es importante señalar que una zona altamente conflictiva es el corredor minero. El Gobierno actual ha tenido alta votación en las provincias y distritos de esta importante zona del país, ahí precisamente se concentra gran cantidad de mesas de diálogo que han tenido el objeto de “destrabar” la inversión minera, no así destrabar el desarrollo de las poblaciones. Ahí hay que prestar especial atención.

Carácter de las movilizaciones

Entonces, qué está pasando en el país, cuál es el carácter de las movilizaciones, ya hemos hablado de las marchas por demandas puntuales, que se han levantado con la firma de una nueva acta de compromisos, esas acciones de fuerza, le han exigido a Castillo que cumpla sus promesas.

Ha habido sectores en Junín, Ayacucho y Cusco, que han solicitado el cierre del Congreso y nueva Constitución, aun en aquellas zonas, la medida de fuerza se ha levantado con la firma de un acta que atiende demandas puntuales. En Cusco ha habido un anuncio por parte del Presiente sobre la presentación de un proyecto de Ley al Congreso para la realización de un referéndum para consultarle al pueblo si quiere o no una nueva Constitución juntamente que las elecciones regionales y locales de octubre de este año. Seguramente la mayoría congresal, lo archivará. 

Las demandas de la ciudadanía no tienen aún un cariz altamente político, lo que sí permitiría la unificación de las plataformas a nivel nacional, sí existe un rechazo al Congreso de la República, a la llamada clase política en general y esto incluye al Ejecutivo, pero la consigna es aún: “cumple tus promesas”.

El malestar puede crecer rápidamente y aglutinar a varios sectores de un momento a otro, por hoy, el escenario de la reciente segunda vuelta electoral, donde la población prefirió votar por un candidato desconocido en vez de la otra propuesta ultraconocida, sigue vigente, pero, el reclamo de “cumple tus promesas” también puede ser el inicio de una toma de distancia. 

*Abogada y periodista, especialista en conflictividad social.