Tras haber sido contabilizadas el 100% de actas electorales, el profesor Pedro Castillo Terrones será el presidente del Bicentenario del Perú. Su triunfo se da en medio del ataque deliberado a la democracia por parte de Keiko Fujimori y sus aliados de la derecha conservadora, quienes no están dispuestos a reconocer su derrota y hacen uso de todo tipo de recursos legales sin mayor sustento para invalidar el voto de miles de peruanos y peruanas.

El gobierno de Castillo no tendrá un camino fácil. Un primer reto es asegurar su supervivencia. La reacción antidemocrática de Keiko Fujimori está motivada no solo por su intento de librarse de la cárcel, sino también por su misión de vaciar de legitimidad el gobierno de Castillo, allanando el camino para futuros intentos de vacancia. 

Además de los intentos de vacancia, su gobierno se verá asediado por esfuerzos constantes de desestabilización de la derecha conservadora y sus aliados económicos, políticos y mediáticos, quienes buscarán cercar al gobierno para dejar sentada la idea de que la izquierda es incapaz de gobernar, con lo cual se preparan las condiciones para el retorno al poder de una derecha reaccionaria por varias décadas más.

De otro lado, Castillo deberá responder a las expectativas creadas en la población que votó por él. Los votantes de Castillo depositaron en él sus esperanzas de cambio, además de estar movidos por el antifujimorismo. Satisfacer estas expectativas significa en buena cuenta hacer un buen gobierno. 

En medio de un contexto político adverso, el gobierno de Castillo deberá priorizar sus batallas. El modelo económico vigente ha permitido que el Estado tenga un rol limitado como proveedor de salud y educación, profundizando las desigualdades entre quienes pueden o no pagar para acceder a servicios de calidad. La pandemia ha desnudado la situación inhumana a la que nos ha llevado dicho modelo y cambiar este paradigma resulta un imperativo moral. 

En ese sentido, el gobierno de Castillo deberá romper con el paradigma neoliberal e instaurar una nueva narrativa donde el Estado tenga un rol más activo para asegurar condiciones de vida dignas para todos y todas. En ese sentido, Castillo tiene la tarea de contener la pandemia, asegurar la vacunación gratuita y universal, reactivar la economía para generar empleo digno, así como asegurar un retorno seguro y progresivo de los estudiantes a las aulas. 

Al mismo tiempo, deberá impulsar medidas reformistas que permitan cambiar de raíz los problemas estructurales de nuestra patria. Una medida en ese sentido es generar un nuevo modelo de gobernanza en torno a las industrias extractivas, a través del diálogo y la renegociación de contratos, que permitan establecer nuevas reglas de juego para recuperar nuestra riqueza y tener industrias social y ambientalmente responsables. En esa línea, será clave cambiar el modelo primario-exportador y sentar las bases para diversificar nuestra economía. Asimismo, será necesario impulsar una reforma tributaria que permita combatir la elusión y la evasión, revisar las exoneraciones, así como tener un sistema más justo para aplicar políticas redistributivas. 

Hacer todo esto no es fácil por varios motivos. No solo es retador por el ataque sistemático de la derecha que verá peligrar sus privilegios o por la necesidad de cuadros técnicos solventes que lideren las reformas en distintos sectores. También lo es por la necesidad de cuadros políticos que tiendan puentes con otros actores y defiendan al gobierno. Además, debe considerarse que el aparato estatal es una maquinaria compleja donde predominan más los cambios incrementales que las grandes reformas. 

A esta agenda de gobierno se le suma la convocatoria a la Asamblea Constituyente, promesa electoral que presenta riesgos y oportunidades. De un lado, la Asamblea Constituyente puede ser útil para abonar a la legitimidad del gobierno de Castillo; pero al mismo tiempo abre un escenario de disputa política en un país polarizado donde no es seguro que el oficialismo gane un eventual referéndum o una mayoría de constituyentes. 

La convocatoria a la Asamblea Constituyente no debe competir con las medidas urgentes del gobierno para asegurar condiciones de vida dignas a la población. Castillo deberá hilar fino para asegurar un buen gobierno, al mismo tiempo que avanza con la generación de condiciones favorables para un proceso constituyente. Para ello, será clave la instauración de sentidos comunes en la población sobre la necesidad de cambiar las reglas de juego para impulsar o profundizar las reformas del gobierno. 

El Perú no se cambia en 5 años, pero pueden sentarse las bases para un cambio de paradigmas. El gobierno de Castillo deberá combatir la pandemia e instaurar reformas de justicia social. Estas medidas, de ser exitosas, le permitirán obtener ganancias rápidas, que le permitan hacer frente al ataque sistemático de la DBA y acumular capital político para un proceso constituyente. En suma, su éxito dependerá de su capacidad de hacer política y el arte del buen gobierno.

*politóloga