Esta semana, desde las páginas de El Comercio, Elmer Cuba y Diego Macera han publicado severas críticas a los anuncios realizados por la Ministra de Trabajo, Betssy Chávez. Cuestionan, en particular, la propuesta de aumentar el salario mínimo vital y la indemnización por despido sin causa, así como la modificatoria aplicada a la normativa sobre tercerización laboral. Ambos coinciden en que tales medidas beneficiaran a una minoría de trabajadores, ahondando en la informalidad y el desempleo, al desalentar la inversión privada. 

Algunos aspectos por destacar. Uno primero, general, es que tanto Cuba como Macera tienen como punto de referencia el recetario neoliberal. Sus propuestas giran en torno a flexibilizar lo más que se pueda la regulación laboral. Esto es, incrementar la “libertad” (discrecionalidad) de las empresas para despedir trabajadores. Reducir al mínimo los ingresos, para ser más “productivos”. Tercerizar la fuerza de trabajo, para ser “competitivos”. Olvidan, interesadamente, que ese ha sido el enfoque predominante de la política laboral desde los años 1990 hasta la fecha. Con los resultados en informalidad y precariedad que hoy todos conocemos. 

Un segundo aspecto, son las inconsistencias en sus planteos. Aumentar el salario mínimo es una medida que cae de madura. En principio, porque está retrasado respecto de la productividad general del país, lo mismo que del nivel adquisitivo de los ingresos (por efecto de la inflación acumulada). Solo estos dos factores ameritan el ajuste. Pero, además, como ha señalado el reciente premio Nobel de Economía, David Card, no está probado que aumentos en el salario básico ejerzan efectos negativos sobre los indicadores laborales. Por el contrario, cumplen un efecto “faro” sobre los ingresos de empleos informales, mejorándolos. Incrementar el salario mínimo, sobre todo, dinamizaría el mercado interno, generando nuevas fuentes de empleo.

Revisar la normativa sobre despidos es necesario, en virtud del sinfín de abusos que se cometen contra los trabajadores “incomodos” para las empresas, sobre todo si están sindicalizados. Quienes argumentan que aumentando el costo de despido se alentará la contratación temporal o informal, omiten este detalle. Son los mismos que denostan la sentencia del Tribunal Constitucional que instaló la reposición laboral para los casos de despido fraudulento e incausado.  Como han demostrado Fernando Cuadros y Christian Sánchez, el uso intensivo de los contratos a plazo fijo antecede dicha sentencia, y son preferidos mayoritariamente por los empleadores –precisamente– como mecanismo de control sobre el trabajador y su empleo. 

La tercerización es quizá el aspecto más polémico, aunque no menos importante de atender. Esta modalidad está regulada desde el 2008, estableciéndose que podía ser utilizada en el caso de las actividades u obras especializadas, complementarias al giro principal del negocio. Sin embargo, la evidencia disponible –registrada en las centenas de denuncias, actas de infracción y resoluciones de la SUNAFIL– demuestran que su “desnaturalización” es un hecho generalizado en el aparato productivo, sobre todo en las empresas formales. Lo que ha hecho el MTPE es precisar en el reglamento los casos en los que esta modalidad puede ser utilizada, sin incurrir en un uso fraudulento e ilegal que solo perjudica al trabajador. 

Lo que más preocupa de los razonamientos comentados, es la inclinación para confrontar a los trabajadores formales con los que no lo son, tanto si son asalariados como independientes. Lo que sugieren el ex vocero económico del fujimorismo y el gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), es que para mejorar la situación de los trabajadores en situación de informalidad laboral es necesario desproteger a los asalariados formales, o aguantar sus incrementos salariales. Una lógica perversa, revestida de “tecnicismos”, que carece de evidencia y fundamento. 

Algo que Cuba y Macera debieran considerar es que la informalidad es un problema estructural, difícil de resolver “reduciendo la rigidez” o “igualando hacia abajo” la normativa. Ese camino ya fue recorrido y fracasó. Por el contrario, se requieren políticas de mediano y largo plazo (y una fuerte inversión de recursos) que apunten a (1) diversificar la base productiva para ampliar mercados y generar oportunidades de empleo productivo; (2) promover el desarrollo de capacidades técnicas y formativas de la fuerza de trabajo, mejorando el sistema educativo; y la adopción de (3) una regulación laboral que proteja a los trabajadores, promoviendo la inversión responsable y sostenible.  Nada que los últimos gobiernos hayan intentado, seriamente.