La huelga minera indefinida convocada por la Federación de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) no solo es contra la Ley de Tercerización (29245), que permite la subcontratación de personal en las minas con contratos temporales y salarios muy por debajo de lo que ganan los trabajadores en planilla, sino también contra algunas normas que recortan importantes derechos laborales de los mineros y trabajadores de todo el país.

El Secretario General de la FNTMMSP, Ricardo Juárez, informó que de los 210 mil mineros que hay en el país, el 70 por ciento se encuentra tercerizado, es decir, más de 147 mil están siendo perjudicados al recibir casi el 50% del sueldo que perciben los trabajadores de la empresa principal, pese a que cumplen el mismo trabajo en los socavones.
 
Marco Leoncio Sarca Taco, dirigente de la FNTMMSP, manifestó que cada vez hay menos trabajadores en planilla y son más los que están tercerizados, quienes tienen contratos por dos o tres meses. “Y cuando las empresas no los necesitan los liquidan o los paralizan”, señaló.
 
La tercerización no solo afecta la igualdad de sueldos, también imposibilita a los trabajadores afiliarse a un sindicato y restringe la negociación colectiva, entre otros. Todo eso justificado con la reducción de “costos laborales” (que no viene a ser otra cosa que recorte de los derechos laborales).
 
Pero además del abuso laboral, la huelga minera pone sobre el tapete las condiciones legislativas ventajosas que el Estado le otorga a las empresas mineras para que puedan aumentar sus ganancias y disminuir los ingresos de los trabajadores. Pedro Francke sostuvo que el DS Nº 013-2014 permite a las mineras declarar sus cuentas en riesgo, para realizar ceses colectivos.
 
INDIGNACIÓN
Ricardo Juárez recordó que el gobierno de Ollanta Humala prometió respetar los derechos de los trabajadores, sin embargo mantuvo la Ley 29245 de tercerización, que viene del gobierno aprista de Alan García.
 
La indignación por esta normatividad que afecta sus derechos ha propiciado marchas en Lima y paros en Oyon contra la minera Buenaventura, en Marcona contra la minera Shougang, así como en Raura, Atacocha, Huanzala, Cuchuchacua, Cerro de Pasco, Alcatar, Cerro Verde, entre otros.
 
En el caso de la mina de Yanacocha, el dirigente José Rivera Luna, dijo que  existe un clima de violencia laboral, debido a que de haber sido 3800 trabajadores en planilla en el 2012, ahora quedan solo 1600 y a fin de año quedarán solo 1000 trabajadores. En contraparte han aumentado los trabajadores en calidad de tercerizados. “Esa coyuntura impide a nuestra gente acatar una paralización total", explicó.
 
EXIGENCIAS
En su plataforma de lucha los trabajadores mineros piden la derogatoria de la Ley 29245 y que pasen a planilla todos los trabajadores que realizan labores vinculadas al proceso productivo de las mineras, prohibiendo además el uso de la tercerización.
 
Exigen también la derogatoria de las Leyes N° 30222 y 30230, que colocan los intereses empresariales por encima de la vida, la salud y la integridad de miles de trabajadores mineros en el país. Estas normas reducen la posibilidad de sancionar penalmente a los empresarios que pongan en peligro la integridad física, causen la muerte o produzcan lesiones graves a los trabajadores.
 
Otro pedido es la derogatoria del Decreto Supremo N° 013-2014-TR y archivamiento del Proyecto de Ley N° 4008/2014-CR, que facilita los despidos colectivos. La primera norma permite que las empresas despidan a sus trabajadores cuando tengan pérdidas por 3 trimestres consecutivos o vislumbren tener pérdidas si mantienen el 100% de trabajadores, mientras que el Proyecto de Ley 4008 busca reducir a 5% el mínimo de trabajadores que se requiere para acogerse a los despidos colectivos.
 
También piden la modificación del Decreto Legislativo N° 892, que regula la participación de los trabajadores en las utilidades, a fin de que se incremente del 8% al 10% el porcentaje de distribución para el sector minería.
 
Ninguno de estos puntos ha sido atendido, por lo que la huelga de los trabajadores mineros sigue en pie y volverán a las calles para reclamar por sus derechos vulnerados. Dependerá del gobierno que las protestas disminuyan o aumenten en número e intensidad.