Otra vez está en discusión si se debe aumentar o no el salario mínimo. Por mandato constitucional (artículo 24) el Estado es el que se encarga de su regulación con participación de las organizaciones de los trabajadores y empleadores. Hay, además, leyes que encargan su determinación al Consejo Nacional del Trabajo, donde participan el gobierno, los gremios empresariales y las confederaciones de trabajadores. Por último, existe una fórmula para su regulación periódica que toma en cuenta la productividad y la inflación. Sin embargo, toda esta institucionalidad es boicoteada por el propio gobierno y los gremios empresariales.

Por qué debe aumentar el salario mínimo
El salario mínimo debió haberse aumentado ya. El último aumento se hizo en el 2011, y en los cuatro años que han pasado la inflación fue de 11.2%. Esto quiere decir que el actual salario mínimo ha perdido 11.2% de capacidad de compra. Por lo tanto, es de justicia que este salario aumente para restaurar su capacidad de compra.

En estos últimos cuatro años también aumentó la productividad en algo más de 12%. Esto quiere decir que disminuyó el costo unitario de producción (o lo que es lo mismo, aumentó la ganancia del capital) en un porcentaje similar. En consecuencia, el salario debe aumentar, para que ese incremento de la productividad no se vaya todo a manos del capital.

Los que dicen que el aumento del salario mínimo es inoportuno debido a la actual desaceleración económica, sin duda piensan que toda la producción es para exportación y que, por lo tanto, no importa que se mantenga o reduzca el salario. El salario es visto solo como costo de producción. No toman en cuenta que el salario es también parte de la demanda.

Cuando aumenta el salario, aumenta el gasto (la demanda) en bienes y servicios, porque los trabajadores no atesoran el dinero en el bolsillo. ¿Quiénes producen los bienes y servicios que compran los consumidores? Las empresas. Por lo tanto, cuando sube el salario mínimo, lo más probable es que haya un incremento de la demanda de aquellos bienes y servicios que se producen para el mercado interno. Así, el aumento de la demanda puede más que compensar el incremento del costo de producción, ayudando a la reactivación de la producción para el mercado interno.

La baja productividad de los trabajadores
Es verdad que en un amplio sector de la economía hay trabajadores de baja calificación y baja productividad. Pero esta situación no es de exclusiva responsabilidad de los trabajadores. Las empresas pueden aumentar la productividad mediante la innovación y la capacitación de sus trabajadores. Si no lo hacen o no lo han hecho, no pueden argumentar que es inoportuno subir el salario mínimo. Además, la productividad en promedio aumentó. Es importante que el aumento del salario se vea como un incentivo para que las empresas innoven, hagan cambios técnicos y desarrollen programas de capacitación de sus trabajadores. Asimismo, las empresas, sobre todo las medianas y pequeñas, deben proponer fórmulas para que baje el costo de financiamiento de sus inversiones. Este es el costo que les agobia más que el costo del trabajo.

Por último, el hecho de que en nuestro país predomine un alto porcentaje de empresas «de 1 a 10 trabajadores» de baja productividad, es resultado de la manera como crece la economía. Tenemos un estilo de crecimiento impulsado por la demanda externa de minerales y secundado por la expansión de actividades terciarias de baja productividad. Ese estilo del crecimiento tiene que cambiar, para que las empresas tengan la oportunidad de crecer, de ampliar su tamaño, de innovar y hacer cambios técnicos. Este cambio implica atender la agricultura e impulsar la industrialización. La industrialización y la diversificación productiva que el país necesita, debe partir de la agricultura y del desarrollo agroindustrial.

El salario digno es de interés público
El salario mínimo nace en 1962 como un instrumento de política de redistribución de ingresos. Cuando aumenta el salario mínimo, los salarios más bajos de la estructura salarial empiezan a subir, con lo cual la dispersión salarial disminuye. Y, cuando esto pasa, mejora el ingreso promedio de los trabajadores. Por eso el salario mínimo es un auténtico instrumento de redistribución de ingresos.

La controversia sobre el salario mínimo (así como sobre el salario digno) es una controversia sobre el interés privado versus el interés público. Los que están en contra de su incremento, creen que la promoción del interés privado de las empresas es la mejor manera de asegurar el interés público. Afirman que el aumento del salario mínimo genera distorsiones en los precios y afecta el empleo. Así, lo que es malo para el interés privado, es malo para el interés público.

Esta posición privatista no toma en cuenta que la existencia del salario mínimo previene la explotación extendida de los trabajadores con baja calificación, por parte de empresas que cuentan con mayor poder de negociación sobre los salarios. Tampoco toma en cuenta que los salarios dignos alientan el esfuerzo y, por lo tanto, la productividad de los trabajadores. Asimismo, cuando aumentan los salarios, aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores y, por lo tanto, la demanda agregada.

A modo de conclusión
La actualización periódica del salario mínimo es de interés público. Su efecto positivo sobre el salario promedio es un indicador de mejora del bienestar económico de los trabajadores. Cuando las empresas pagan menos que lo necesario para la subsistencia de los trabajadores, afectan la futura capacidad productiva de la sociedad. Por eso un salario digno es simplemente un salario de interés público.