La discusión acerca de si Petroperú debe entrar en el Lote 192 ha cobrado fuerza, debido a que el concurso para su otorgamiento fue declarado desierto. Hay sólidas razones técnicas, económicas, sociales y políticas para que Petroperú asuma este lote al 100%. Veamos.

Primero, los activos del Lote 192 –que está en explotación desde mediados de los 70– valen US$ 345 millones y revierten al Estado a título gratuito al final del contrato, según la Ley 26221 de 1993. Cualquier nuevo inversionista debe pagar esta cantidad, lo que, en esta coyuntura de precios bajos del petróleo, hace que la operación no sea rentable.
 
Pero no sucede lo mismo con Petroperú, pues los activos seguirían en poder del Estado. Al no tener que “recuperar” esos US$ 345 millones la explotación se vuelve rentable. Y Petroperú volvería, después de 20 años, a la integración vertical.
 
Segundo, cualquier privado tiene que pagarle a Petroperú la tarifa de uso del oleoducto –de su propiedad– desde la selva hasta Bayóvar, lo que es un costo adicional. No sucede lo mismo con Petroperú pues el pago de esa tarifa es un ingreso de Petroperú-Casa Matriz.
 
Tercero, Petroperú no tiene que desembolsar dinero para las nuevas y necesarias inversiones en el Lote 192 (el más grande del Perú). Puede buscar un inversionista privado bajo la modalidad de contrato de servicios: se le paga una tarifa por cada barril, que le permita recuperar sus inversiones, pagar sus costos y tener una ganancia adecuada. Esta modalidad –Petroperú sigue siendo el dueño de la molécula– es aceptada internacionalmente.
 
Cuarto, Petroperú está modernizando Talara para eliminar el azufre que contamina, para refinar 95,000 barriles diarios (en lugar de los 65,000 actuales) y procesar petróleo pesado (como el del Lote 192, más barato que los petróleos ligeros) con nuevas técnicas que permiten obtener mejores combustibles. Si a eso le sumamos la producción futura del Lote 64 (de petróleo ligero, de propiedad de Petroperú) y que también va a usar el oleoducto, las sinergias son aún mayores.
 
La entrada al Lote 192 debe formar parte de un nuevo proyecto integral para Petroperú, que tome en cuenta todas sus actividades e inversiones, llevando a cabo la necesaria reingeniería y la mejora del Buen Gobierno Corporativo.
 
Todo para garantizar, en primer lugar, la viabilidad económica y financiera de la Refinería de Talara. Esto es central, ya que ahora la modernización se hace bajo la Ley 30130 del 2013, que prohíbe a Petroperú asumir nuevas inversiones hasta que no cancele los préstamos para su financiamiento.
 
Es obvio, entonces, que el nuevo esquema debe garantizar al constructor de Talara y a los prestamistas que se cumplirá con todas las obligaciones asumidas, de manera clara y transparente. Esta es la condición sine qua non para los planes de relanzamiento de la empresa.
 
El obstáculo central es la absurda Ley 30130 (Art. 6) que encadena a Petroperú a seguir siendo una refinería, no permitiéndole entrar a explotar petróleo. La Ley 30130 fue el candado que pusieron Castilla-Segura cuando, a regañadientes, se vieron obligados a darle luz verde a la Refinería de Talara, bajo presión de los talareños, piuranos y trabajadores de Petroperú.
 
Pero se puede abrir ese candado. ¿Cómo? Pues porque en esta legislatura se debe debatir la Iniciativa Legislativa que en junio pasado –con 100,000 firmas en su alforja– planteó la derogatoria del Art 3 y el Art 6 de la Ley 30130. ¿Estarán los congresistas a la altura de sus responsabilidades?
 
Por otro lado, es importantísima la conjunción del apoyo a Petroperú de Talara y Loreto. Lo de Talara es conocido. Ahora se suman las comunidades nativas del Alto Tigre y la Feconat a favor de Petroperú al 100% en el 192, oponiéndose a otras empresas por su pésimo récord contaminante. Que quede claro: las comunidades están a favor de la explotación. Y no en contra como sucede en otros lugares.
 
Hace pocos días, en gran manifestación en Iquitos, Fernando Chuje, presidente de la Feconat, y el gobernador de Loreto, Fernando Meléndez, coincidieron en terminar la contaminación y en justicia para todo Loreto.
 
Hasta hace pocos días, parecía que todo estaba listo para Petroperú al 100%. Tanto la ministra Rosa María Ortiz como el presidente de Petroperú, Germán Velásquez, no solo no descartaban la posibilidad sino que la veían con buenos ojos. ¿Qué ha pasado, entonces, para que ahora se diga que hay un “Plan B” de negociación directa con un inversionista, relajando las condiciones económicas iniciales (los US$ 345 millones y menores regalías)?
 
Lo más probable es que se deba a las recientes declaraciones del presidente Humala contra la entrada de Petroperú al 192, reafirmado la vigencia de los planes Castilla/Segura (“la empresa no puede picotear por aquí y por allá”; “esa es una posición extremista”).
 
Lamentable, porque la “posición extremista” –y obsoleta– es la de Castilla/Segura, que no quieren empresa pública, ya sea por capricho neoliberal o por intereses encubiertos. Esa posición de Segura llevó hace unos meses al descalabro de la Ley Pulpín, que le costó al gobierno siete congresistas.
 
No es buena política oponerse a alternativas viables en el plano económico, técnico y político. Y en Talara y Loreto no gusta que se les tilde de “extremistas” cuando están defendiendo –como miles de peruanos– sus reivindicaciones y los intereses estratégicos de la política energética por la vía democrática. Les están diciendo no a los intereses subalternos y a los dogmas obsoletos. Ojalá tengamos éxito.

Publicado en el diario La República  10 agosto 2015