El aspecto central del balance que necesariamente debe hacerse sobre el cambio de 180 grados de la política petrolera del gobierno y del rol de Petroperú es: ¿por qué el MEF se convirtió en ejecutor determinante logrando que Petroperú no pueda acceder a ningún lote petrolero y esté cada vez más cerca de la privatización por su exclusión del Lote 192?

La jugada clave del MEF fue la Ley 30130 a fines del 2013. La Ley da luz verde a la modernización de la Refinería de Talara, a ser construida por Técnicas Reunidas (TR) de España por US$ 2,730 millones, pero con dos condiciones: que se aumente de 20 a 49% la cantidad de acciones a venderse en Bolsa (Art. 3) y que Petroperú no emprenda ningún proyecto que le genere pasivos (reales o a futuro), mientras no pague los préstamos de Talara (Art. 6).

 
El Art. 6 aparece razonable, ¿no? Pero su verdadero objetivo es otro: impedir que Petroperú explote petróleo y avance hacia su fortalecimiento definitivo. ¿Por qué? Porque tener lotes petroleros mejora el flujo de caja de la empresa y, por tanto, su capacidad de pago de los préstamos. Y eso es lo que no quiere el MEF para que “no se le vea bien” a la estatal, que siempre “debe ser mala e ineficiente”.
 
Eso es lo que el MEF no dice, al tiempo que alega que cualquier pasivo es “ilegal”. Lógico si para eso está la 30130. Lo que cabe preguntarse es por qué Humala, que fue elegido para fortalecer a Petroperú, acabó haciendo lo contrario. Pensamos aquí que la influencia de Castilla y Segura –como en casi toda la política económica, incluido el salario mínimo- tuvo ejes y relevos dentro de Palacio. Se creyeron la del “piloto automático” y nos dieron tragicomedia a cuatro voces.
 
Hay varios problemas acá, como se aprecia. Pero también es gravísimo el daño a Petroperú, pues queda clara la injerencia política en el manejo de la empresa.
 
Me corresponde decir aquí que, bajo nuestra administración, la línea de política central fue demostrar que sí era posible fortalecer la empresa estatal, eje primigenio del gobierno de Humala. Desde diciembre del 2011, con la salida de Salomón Lerner, la situación cambió. Pero, ¿si gobiernos supercercanos a las políticas liberales pro-mercado como Chile y Colombia apoyaban a sus empresas estatales (Codelco, ENAP, Ecopetrol), por qué aquí no podría suceder lo mismo?
 
De hecho, en diciembre del 2012 se aceptó la propuesta de TR para Talara y ese mismo mes se consiguió que el Lote 64 pasara gratuitamente a manos de Petroperú, con reservas probadas de 55 millones de barriles.  Y los Directorios que vinieron después continuaron esas mismas políticas. O sea, parecía que se podía, como en Colombia y Chile.
 
Hasta marzo del 2015 (ya con Mayorga fuera del MEM), cuando el directorio de Petroperú de Pedro Touzett acordó que la empresa asuma el 25% de los Lotes III y IV de Talara, que ganó Graña y Montero. Allí el MEF puso el grito en el cielo y dijo que no, invocando el Art 6. ¿De cuál Ley? Pues de la 30130, que Segura se vanagloria en afirmar que redactó de puño y letra.
 
El nuevo directorio, presidido por Germán Velásquez, anuló el acuerdo anterior, con lo que las órdenes del MEF se cumplieron. Pero con el paso de las semanas comenzó a quedar claro, incluso para el nuevo Directorio, que Petroperú debía volver a la integración vertical. Y votó a favor de entrar con el 25% al Lote 192, no descartándose la opción de tener el 100% cuando fracasó la licitación de Perupetro hace 15 días. O sea, que sí tiene la capacidad técnica.
 
Pero, otra vez Petroperú “decidió no participar”. Las razones aparentes del Directorio: “hubo poco tiempo para evaluar las cifras del nuevo operador Pacific Resources”, motivo por el cual no cumplieron con su acuerdo. No nos parece. Afirmamos que, una vez más, se impuso el  poder real del MEF. Y Petroperú se queda sin los ingresos de ese lote (1) y, como un estropajo ante la opinión pública.
 
No sabemos todavía qué pasará con el Lote 64. Hace poco, Germán Velásquez dijo que Petroperú “ya estaba en el upstream pues iba a explotar el Lote 64”. ¿Qué dirá Segura? Lo más probable es que obligue a Petroperú a que venda ese Lote, con lo que se perderían US$ 30,000 millones de ingresos para el Perú. Alerta, entonces, porque la entrega del 64 sería de marca mayor.
 
A pesar de lo negativo, hay importantes avances como las 100,000 firmas de la Iniciativa Ciudadana, impulsada por Manuel Dammert y los sindicatos de Petroperú, para derogar el Art.  3 y el Art. 6 de la Ley 30130, que ya está en el Congreso y ha recibido 15 adhesiones multipartidarias, desde Marisol Espinoza hasta Karla Schaefer. También Petroperú ha recibido el apoyo del Frente de Defensa de Loreto y de las comunidades nativas del 192, para que sea el operador al 100% y garantice el cumplimiento de las demandas sociales y ambientales.
 
Avanza, entonces, el apoyo popular en Piura, Talara y Loreto, con lo que el tema ya está en la agenda electoral. En el 2002, después del Arequipazo, hubo tregua, pero no consenso, con respecto a las privatizaciones. Y los gobiernos las pararon, optando por otros métodos encubiertos. Pero ahora el inexistente “ojo político” de Segura (demostrado cuando llevó al gobierno a la estrepitosa derrota de la Ley Pulpín) está chocando de nuevo con la misma piedra.
 
Guerra avisada no mata gente. Y eso que no estamos hablando del agravamiento del descalabro de su gestión económica. Que también viene.
 
(1) Ver “Lote 192: Los extremistas están en el MEF”, 10/08/2015, www.cristaldemira.com

Publicado en el Diario La República 24 de agosto 2015