Un policía contratado por el Ministerio del Interior durante varios gobiernos articula una red de policías a su servicio que se hace llamar irónicamente la “policía patriótica”. Un partido político que utiliza desde su posición de poder los recursos de las instituciones que gobierna para encargarles la investigación, espionaje y fabricación de documentación falsa contra adversarios políticos. Un grupo de periodistas que son integrados como la tercera pata de esta trama para difundir sin rubor esta documentación falsa con el objetivo de perjudicar a estos adversarios políticos. ¿Cómo se llama la película?

No, no estoy hablando de ningún caso peruano aunque similitudes matizadas no faltan. Los invito a cruzar el Océano Atlántico conmigo para ver esta película de terror democrático. Los protagonistas tienen nombres y apellidos. El comisario policial que articuló la maniobra: José Manuel Villarejo. El partido político que desde el Gobierno opera esta trama desde el Ministerio de Interior: el Partido Popular. El periodista que creó un medio de comunicación y difundió esta información falsa sin chistar: Eduardo Inda. La formación política atacada con pruebas falsas: Podemos.

Hace ocho años, un 15 de marzo y un país politizado gritaba una arenga indignada en Puerta del Sol y alrededores: ‘lo llaman democracia y no lo es’. Si algo ratifica el escándalo del que ahora hablamos es que el nivel de podredumbre en las instituciones españolas no es posible ya ni de ocultar. El nivel de parasitación al que fueron sometidas durante los gobiernos anteriores y con particular perversidad durante el anterior gobierno del Partido Popular constituye una vergüenza que debería prender alarmas en todas las formaciones políticas al margen de sus posturas ideológicas y de la campaña electoral que atravesamos.

El escándalo se ha hecho conocido, pero esta policía política ha sido investigada en el Congreso de los Diputados hace meses. En 2017 el Congreso aprobó la conformación de una Comisión de investigación sobre uso partidista del Ministerio de Interior”. En septiembre de ese año el dictamen final de dicha comisión investigadora concluyó que el Gobierno había creado una policía política para atacar a sus adversarios. Podemos no fue el único adversario en la mira de esta trama, lo fueron también líderes independentistas catalanes. Si bien la investigación del Congreso llegó a esta alarmante conclusión, ni los medios de comunicación dieron énfasis a la noticia y el Comisario Villarejo, el Partido Popular y periodistas como Inda, continuaron sus labores cotidianas sin siquiera ruborizarse. Esta semana, por fin, la Justicia ha movido ficha.

Pablo Iglesias salía de la Audiencia Nacional después de haber declarado en la investigación que se sigue por el teléfono celular que robaron a una antigua colaboradora suya y del cual han utilizado información privada medios de comunicación. Hoy sabemos que el ‘Comisario Villarejo’ accedió al contenido de este celular y que, según sus propias palabras, “participó en una investigación contra Pablo Iglesias”. Pero cuidado, que hay que ser muy claros sobre lo que ha ocurrido, está ocurriendo y quieren ocultar en España al respecto de estos auténticos atentados contra la democracia.

Escandaloso hubiera sido ya que es espiara tanto a Pablo Iglesias como a cualquier líder político. Pero decir que lo que ha habido es una “investigación” o “espionaje” es mentir. Lo que estamos viendo es la puesta en acción de una trama que fabricó pruebas falsas, como ha acreditado ya la justicia, contra Podemos respecto de su financiación como formación tanto como de una supuesta cuenta (falsa) de Pablo Iglesias en el extranjero. Ambas noticias fueron publicadas en el medio de comunicación de preferencia de este entramado del fango: Ok Diario, dirigido por Eduardo Inda, un periodista que no sólo no esconde su odio visceral contra la formación morada, sino que, y esto es lo realmente preocupante, disfraza de periodismo lo que es sus vínculos con una mafia que utiliza recursos del estado para atentar contra líderes políticos.

La fecha en que las maniobras de estas cloacas del Estado estaban en marcha coinciden con momentos claves tanto para Podemos en su participación política como para el devenir político en España. La primera publicación ocurre poco después de las elecciones del 20 de diciembre cuando Podemos se erige como tercera fuerza estatal y entra en el Congreso de los Diputados con apenas 341 mil votos menos que el PSOE a quien correspondía formar gobierno. La operación contra la formación morada ocupó todos los medios de comunicación y tuvo un eco más que considerable pese a que hoy sabemos que fueron informaciones falsas y construidas. La historia la conocemos, aquel Pedro Sánchez prefirió pactar con la cuarta fuerza en lugar de con la tercera (Ciudadanos) y su investidura, por tanto, no se llevó a cabo. Meses después hubo una repetición electoral que, oh casualidad, coincidió con la segunda maniobra de esta policía política, esta vez respecto a una supuesta cuenta de Iglesias en el extranjero. El Partido Popular logró ser primera fuerza y Mariano Rajoy fue investido presidente. La pregunta cae por sí sola: ¿Quién estaba tan interesado en evitar que Podemos y Pablo Iglesias entraran en el Gobierno? En el año 2017, un Pedro Sánchez que había sido defenestrado como Secretario General del PSOE nos dio algunas pistas en una entrevista con el periodista Jordi Évole: hubo presiones de poderes económicos para evitarle pactar con Podemos.Hoy esas pistas no son más una intuición y tenemos muchas más pruebas que demuestran este auténtico atentado a la democracia española.

Si la democracia es la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por la ciudadanía y donde están garantizados los derechos de participación política a cada ciudadano y ciudadana, ¿qué nos demuestra la existencia de esta policía política? A varios días de conocida esta investigación y esta maniobra contra Podemos hay quienes han elegido callar en todos los idiomas avalando así un atentado contra la democracia. Es el caso del Partido Popular y Cs, los dos partidos de derechas que se llaman a sí mismos constitucionalistas y demócratas a la par que miran de costado frente a estas evidencias. Por otro lado, está el PSOE, actualmente en el gobierno, que rechaza los hechos pero que no es capaz de explicar por qué impidieron que el Comisario Villarejo compareciera en el Congreso de los Diputados cuando lo solicitó Podemos. ¿A quién le temen tanto? 

En esta España que se encuentra en precampaña el juego limpio sigue reinando por su ausencia y por el silencio de líderes políticos que blanquean así estos actos. Esto no va de Podemos, sino de la democracia Española. Esto no va de Pablo Iglesias, sino de defender que los votos de los y las ciudadanas valgan más que las tramas de corrupción que con los recursos del Estado quieren decidir el futuro de un país al margen de lo que digan las urnas. Ante estos hechos lo que queda claro es que a día de hoy en España “la llaman democracia y no lo es”. Vaya que no.

Cerrada la opción de publicar encuestas antes del proceso electoral del domingo 28 nuevamente ponemos a prueba está débil democracia de la que hemos hablado. 

Más de 36 millones de españoles decidirán el futuro del país y hasta el momento las preferencias apuntan a una continuidad del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con Pedro Sánchez a la cabeza con un lugar expectante del Podemos de Pablo Iglesias. 

Sin embargo, la preocupación pasa por el repunte de los movimientos conservadores y de ultraderecha reflejados en Ciudadanos y Vox. En el caso del último tendrán por primera vez una representación en el parlamento con un aproximado de 26 curules lo cual le daría un número importante para negociar con un Partido Popular (PP) que se ha visto debilitado por las acciones de los últimos años. 

Los indecisos, que según las encuestas llegan a los 8 millones, serán quienes finalmente inclinen la balanza este fin de semana. Luego de eso veremos cómo va esta democracia.