Cada mañana, Rosa sale muy temprano desde su casa, cerca al Mercado Inkamay en San Martin de Porres, para dirigirse al centro comercial Gamarra donde ha logrado trabajar como remalladora en un taller de confecciones. Desayuna en un puesto ambulante al lado del paradero donde espera el microbús que la lleva. Viaja alrededor de dos horas para llegar a Gamarra. El taller funciona en un sótano donde junto con una docena de mujeres trabajan todo el día. Salen por grupos para almorzar en los 30 minutos que tienen. Esta allí desde hace tres días y espera completar un mes. La semana pasada fue despedida de otro taller, dos calles más abajo porque el encargado quería viajar a su tierra y cerró por unos días el negocio. 

La cotidianeidad de Rosa nos permite ilustrar lo siguiente: si uno mira, las condiciones de trabajo de todas las personas, más allá de sus distinciones como asalariados, formales, informales, empleados, autónomos o desempleados; es decir, si miramos el mundo del trabajo en su conjunto; la principal característica será la precariedad. 

Entonces, recordar la gesta de las ocho horas, luego de un siglo de luchas y tensiones debe tener un sentido profundamente crítico. No se trata de una memoria nostálgica y congelada; sino de recordar para encontrar algunas respuestas a viejos problemas. 

Las condiciones de trabajo hace un siglo en nuestro país se sustentaban en relaciones de dominación y poder muy parecidas a las actuales. En esas difíciles condiciones, el naciente sector laboral logró superar sus limitaciones y diferencias para articular una acción colectiva de manera unitaria. 

El proceso por el cual, los trabajadores asalariados de Lima logran en 1919 establecer la jornada laboral de ocho horas, se desarrolló sumando las experiencias de diversos sectores laborales. En 1912 recordamos la masacre del Valle de Chicama, cuando luego de una huelga de los obreros de la caña de azúcar, el gobierno de entonces envía a los soldados para reprimir dicha protesta. Con el resultado de más de 200 trabajadores, entre hombres y mujeres, asesinados por el delito de hacer una huelga. 

Otro hito importante fue la movilización de las mujeres de Huacho que fueron asesinadas durante el desarrollo de una huelga. De esta manera, Irene Salvador y Manuela Díaz Chaflojo son mártires de la lucha obrera. Lamentablemente, no hemos logrado incorporar en la memoria sindical, el sacrificio de estas compañeras. 

En 1913, una huelga en el puerto del Callao obliga a Billinghurst a reconocer la jornada laboral de 8 horas para los trabajadores del muelle y Dársena del Callao. Así llegamos a 1919, cuando los trabajadores en Lima organizan una huelga bajo la bandera de las 8 horas. Entre los organizadores del movimiento destacan los líderes anarcosindicalistas. La protesta obrera resultó contundente incluso para los actuales estándares. El comercio, transporte, la industria textil y de alimentos paralizó sus actividades por varios días. 

Al final, el gobierno tuvo que ceder a las demandas de los obreros. De esta manera, se establece, la jornada laboral de 8 horas en todo el territorio nacional.  

¿Qué lecciones podemos destacar de este proceso? En primer lugar, podemos entender que hay una estrecha relación entre derechos laborales y libertades ciudadanas. La sociedad peruana es más democrática desde que conquista la jornada de ocho horas, pues así permite que un sector importante de personas pueda ejercer la ciudadanía en mejores condiciones. En segundo lugar, nos ayuda a entender, que el desarrollo de una democracia se realiza a partir del conflicto y del consenso. De esta manera, las posiciones que deslegitiman toda forma de conflicto social quedan claramente identificadas como conservadoras. En tercer lugar, debemos destacar, que contrariamente a la visión tradicional en las izquierdas y el sindicalismo, el aporte de las mujeres ha sido fundamental para el desarrollo gremial y las conquistas laborales.  

Queda claro también, que una visión simplemente histórica no nos permite ponderar el significado de esta gesta. Porque las luchas democráticas de los trabajadores no concluyen en alguna conquista específica o nuevos derechos legales. Se han cumplido 100 años de la jornada de ocho horas y en breve recordaremos los 200 años de vida republicana. Sin embargo, las condiciones de trabajo de Rosa se parecen mucho a las de hace 100 años atrás. 

Más aún, como todos sabemos, en la agenda política del gobierno esta la propuesta de una reforma laboral desreguladora. Efectivamente, algunos intereses empresariales desean que las condiciones laborales de Rosa sean las de todos los trabajadores. La Política de Productividad y Competitividad aprobada por el actual gobierno es una propuesta de la CONFIEP y de su operador, el Ministro de Economía. El objetivo es colocar los criterios de mercado en el centro de la sociedad. 

¿No hay alguna otra alternativa? En verdad, si existen alternativas. Desde el derecho laboral, el movimiento sindical y la academia, en diferentes partes del mundo se repite la necesidad de poner más bien al trabajo en el centro de la sociedad. 

El objetivo de una política así, en el caso peruano sería la eliminación de la precariedad laboral. Se basa en una política estatal activa y promotora del mercado laboral. El principal problema del mercado laboral es la precariedad del empleo. Es necesaria una reforma legal que ordene las normas laborales ya sea en un Código de Trabajo o una Ley General del trabajo; la cual debe ser discutida por los tres actores: trabajadores, empresarios y Estado; se requiere una política de capacitación técnica para los trabajadores más jóvenes, que sea sostenida por aportes del Estado y de los empresarios; fortalecer la norma de seguridad y salud en el trabajo especialmente en el tema del comité paritario; reducir las modalidades especiales de contrato y fortalecer los contratos a plazo indeterminado. Asimismo, debemos promover la sindicalización y la negociación colectiva por rama de actividad como ocurre con éxito en construcción civil desde hace más de 15 años. Es necesaria más fiscalización laboral a través de SUNAFI. Finalmente, se debe repensar el Consejo Nacional de Trabajo, estableciendo procedimientos y competencias eficaces para que no sea un espacio de pérdida de tiempo.  

No basta entonces la memoria nostálgica sino, aquella que nos llama al compromiso ciudadano por una sociedad más democrática.