En la década del 60 el mundo seguía estremecido por la revolución china y los movimientos antiimperialistas y de liberación nacional que emergían en Asia, África y América Latina. La revolución cubana constituía el punto más alto de la ola revolucionaria latinoamericana. 

En este contexto hay que ubicar los acontecimientos que se producen en el Perú. El 3 de octubre de 1968, las fuerzas armadas, bajo el liderazgo del General Juan Velasco Alvarado  iniciaron un proceso de profundas transformaciones económicas y sociales que hicieron del Perú oligárquico un país en tránsito a la modernidad y la soberanía. 

Sentaron las bases económicas, sociales y culturales de la democratización para que las formas y mecanismos democráticos logren ciertos avances aunque no alcancen carta de ciudadanía plena. 

La Constitución de 1979 resume parte de los logros del proceso de reformas por la búsqueda de un Perú con justicia, libertad y soberanía, revalorando y continuando las acciones que desde Túpac Amaru alimentan este sueño.

La permanente y potente propaganda para demonizar a Velasco y las reformas progresistas, que oligarcas reciclados y la burocracia neoliberal han realizado en este periodo, no han podido borrar las reformas ni la presencia velasquista. Como a Túpac Amaru “No podrán matarlo” Vive en la memoria y corazón de las mayorías nacionales y populares.

Por eso conmemoramos hechos trascendentales como las reformas Agraria y Educativa, la declaración del quechua como idioma oficial, Ley de Comunidades nativas y la Política Exterior soberana que rompieron el sistema oligárquico. 

Para quienes desde la izquierda socialista denostamos y nos opusimos al proceso de reformas nacionalista y democrática, es una obligación revalorar estos cambios. Como autocrítica debemos reconocer que nos equivocamos al poner por delante la teoría gris antes que el árbol de la vida, sobrevalorando tendencias autoritarias presentes en la dinámica de las reformas, sin considerar que era mucho más lo que había en común entre el proyecto reformista radical y las aspiraciones del pueblo peruano. Intereses que los socialistas decíamos asumir.

Afirmar que la nación actual es hija de este proceso, es una verdad histórica. El tránsito de siervo a campesino propietario de su tierra, es la creación del ciudadano con derechos que se completa con el reconocimiento de su idioma y el derecho al sufragio. Estos cambios trascendentales se realizaron entre 1968-1975.

El fujimorismo y su irrita constitución expresan el pacto conservador entre el proceso restaurador del segundo belaundismo y la ola neoliberal instalada desde 1990. 

Si sumamos la violencia sanguinaria del senderismo y la guerra sucia del Estado durante los gobiernos de García y Fujimori, tendremos una evaluación más aproximada de la magnitud que la descomposición ha alcanzado en nuestra sociedad. No es solo un fenómeno político sino profundamente ético, moral y emocional.

La inocultable crisis actual del país, con un estado que abdica de sus obligaciones sociales y de su soberanía, con una corrupción generalizada y, cada vez más narcotizado es la expresión descarnada de la constitución de 1993. No se trata de cambiar dos o tres artículos como pretenden el Presidente Vizcarra y el neoliberalismo  menos mafioso y transnacional.

Salir del actual descalabro requiere indefectiblemente que el pacto social que debe traducir una nueva constitución esté precedido del perdón y la reconciliación nacional, cerrar las heridas que siguen sangrantes y purulentas. ¿Cómo hablar seriamente de un nuevo pacto social en estas condiciones? 

Urgimos una nueva constitución que retome las conquistas socio-económicas y culturales que están presentes en la carta magna de 1979 y se proyecte al siglo XXI que transitamos. Una nueva constitución que se  encuentre con los verdaderos desafíos del Perú actual y su historia.