El pasado 2 de diciembre, un contingente policial se enfrentó a un grupo de comuneros del caserío Cajas Canchaque, ubicado en el distrito de El Carmen de La Frontera, en Huancabamba, Piura.

Estos campesinos reclamaban por la detención arbitraria de algunos de sus compañeros, quienes eran acusados de formar parte de un violento ataque a un campamento propiedad de la empresa minera Río Blanco Cooper S.A. (ex Minera Majaz S.A.). El enfrentamiento con la policía acabó con la vida de 2 comuneros y lo más terrible es que, según información que recoge el diario La República, la necropsia realizada a los comuneros asesinados revela que recibieron disparos por la espalda. ¿Por qué tanta violencia? ¿Qué hay detrás de estas absurdas muertes?

El último reporte de la Defensoría del Pueblo (noviembre 2009) identifica este conflicto socioambiental, donde la población rechaza la presencia ilegal de la empresa Río Blanco Cooper. El conflicto en esta zona es de vieja data. Recordemos que en 2007 se llevó a cabo una consulta popular en los distritos de El Carmen de La Frontera, Ayabaca y Pacaipampa, donde más del 94% de los votantes se declaró en contra de Río Blanco. El gobierno desconoció la validez de dicha consulta, aunque un informe de la Defensoría del Pueblo de 2006 decía que esta empresa estaba ocupando territorio sin contar con el acuerdo previo de los propietarios. Esta consulta popular y los resultados del informe de la Defensoría también fueron avalados por un informe del Parlamento.

En 2008, OSINERGMIN evaluó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de exploración minera “Río Blanco – Programa de Exploraciones 2008 – 2010” y concluyó que esta empresa debía levantar una serie de observaciones para no desaprobar la evaluación. A pesar de ello, esta minera siguió operando y, ahora, se encuentra alistando un nuevo EIA para iniciar la fase de explotación. Sin embargo, este año se supo que en la Alta Corte de Inglaterra, la compañía Monterrico Metals (anterior accionista principal de la Minera Majaz S.A.) enfrenta una demanda millonaria por daños y perjuicios contra un grupo de comuneros que fueron secuestrados y torturados por miembros de seguridad de la Minera Majaz y algunos efectivos policiales. ¿Cómo es posible que se permita a Río Blanco seguir operando con estos antecedentes? ¿De quién es la responsabilidad?

El gobierno ha anunciado la posibilidad de instalar bases militares para proteger los asentamientos mineros, pues suponen que la violencia se debe a la presencia de narcotraficantes que quieren proteger su negocio y por la presión de sectores “antimineros”. ¿Será esta una lectura responsable de lo que ocurre en Huancabamba? Para el economista José de Echave¹, especialista en conflictos mineros, entender así el problema deja de lado dos temas fundamentales: 1) Que Río Blanco Cooper no ha cumplido con los estándares ambientales y sociales necesarios para operar en Huancabamba y 2) Que la mayoría de pobladores no quieren que la zona se convierta en un distrito minero.

Desde que se originó este conflicto en 2004, han muerto 7 personas, 28 han sido torturadas y 30 han sido denunciados por terrorismo. Ni los ex premieres Jorge del Castillo y Yehude Simon pudieron lograr algún avance con las mesas de diálogo. 

CONACAMI², en representación de los pobladores de la zona, ha formalizado el pedido de investigación sobre estos sucesos, entregando toda la documentación pertinente tanto al Congreso como al Ministerio del Interior y a la Defensoría del Pueblo. De Echave, por su parte, señala que decretar medidas extremas, como la militarización de la zona, paralizaría cualquier posibilidad de diálogo. Esperamos que el gobierno tome cartas en el asunto de manera responsable para que no llegue más sangre al río.

¹ En entrevista concedida a Otra Mirada
² En entrevista concedida a Otra Mirada