El domingo pasado se cumplieron seis meses desde los sangrientos sucesos ocurridos en Bagua. Después de estos hechos, el gobierno creó el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos como un nuevo espacio de diálogo entre el Estado Peruano y las comunidades nativas.

Sin embargo, mientras se instalaban las 4 mesas de trabajo de este Grupo Nacional, el gobierno persistía en la persecución judicial a los líderes indígenas y buscaba la disolución de la AIDESEP.
Un reciente informe de Amnistía Internacional señala que mientras se ha detenido y acusado a manifestantes en relación con los homicidios de policías, ninguno de los presuntos implicados en las muertes y lesiones de los manifestantes ha sido acusado hasta ahora. Es por ello que una de las conclusiones de este informe recomienda “retirar los cargos no fundamentados que pesan sobre los miembros de las comunidades indígenas y poner fin a la persecución y el hostigamiento de que se hace objeto a personas y organizaciones indígenas”.
Si bien el gobierno se ha cansado de decir que el líder indígena Alberto Pizango es el mayor responsable de los hechos ocurridos en Bagua por haber llamado a la insurrección a los indígenas, algunas evidencias (declaraciones del líder indígena Santiago Manuin, actas de levantamiento de paro indígena) demostrarían que el Paro Amazónico estaba a punto de levantarse cuando el operativo policial en la Curva del Diablo fue ejecutado. Estas evidencias han sido poco difundidas por los medios de comunicación radial y televisiva.
La mesa de trabajo que más piedras ha tenido en el camino para realizar su tarea ha sido la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua. Basta con recordar que dicha comisión tiene una debilidad de origen, pues está refrendada solo por una Resolución del Ministerio de Agricultura. De esta manera, se ha evadido un mayor compromiso de sectores como Defensa e Interior en las investigaciones. Esto sin olvidar que en el Congreso también se ha formado una comisión con similares tareas y que hasta ahora no ha presentado ningún informe. Según ha declarado el premier Javier Velásquez, el 13 de diciembre se dará a conocer los resultados del trabajo realizado por la Comisión de Bagua. Pero, como ya lo adelantado la ex ministra de trabajo Susana Pinilla, miembro de esta comisión, dicho informe no apunta a definir responsabilidades, sino a dar una “opinión sobre cómo se desarrollaron los hechos y qué actores motivaron la violencia de Bagua”.
Para Humberto Ortiz¹, Secretario General de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), esta comisión no debería conformarse con emitir una “reflexión” sobre lo ocurrido, sino que debería elaborar un informe que detalle responsabilidades y otorgue reparaciones a todos los que de alguna forma fueron afectados. Asimismo, Adda Chuecas², Directora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), afirma que las conclusiones de esta comisión deben sentar las bases para una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas, para lo cual es imprescindible conocer la verdad de los hechos ocurridos en Bagua y que se haga justicia.
En ese sentido, esperamos que este informe no sea un saludo a la bandera y nada más, pues lo que se necesita es reconocer que los pueblos amazónicos tienen derecho sobre los territorios que ancestralmente han protegido y habitado, y en consecuencia deben tener participación de la riqueza que la explotación petrolera, gasífera o forestal genere. Además, es necesario que se reconozcan sus acciones como cuestionamientos válidos al actual modelo de desarrollo que encuentran incompatible con la preservación de la Amazonía.

¹ En entrevista para Otra Mirada
² En entrevista para Otra Mirada