En tiempos de pandemia donde hablar de las cifras de informalidad en el Perú es casi un lugar común y una abstracción, obviamos la dimensión humana de los datos como, por ejemplo, el discutir la idea que tenemos de progreso, del proceso de formalización que deben superar los trabajadores independientes, de las brechas que enfrentan la diversidad de nuestras Micro y Pequeña Empresa (MYPE)o tan solo la búsqueda de un trabajo digno.

Lo que pasa en nuestro país es que muchos peruanos y peruanas son semi-informales y semi-formales. ¿Qué significa ello? Se suele considerar como informales a quienes trabajan para un empleador, que no les otorga seguridad social, contrato de trabajo u otro derecho laboral. El Ministerio de la Producción estima (desde el 2018) que el 72% de la MYPE no tiene a sus trabajadores en planilla. Pero aquí viene uno de los tantos tonos de grises en el tema: una empresa puede tener a sus trabajadores en planilla y no brindarles CTS, o tener un local que no cumple con lo que exige la municipalidad, por ejemplo. La mayor parte de los que consideramos informales son, sin embargo, trabajadores independientes o de microempresas (dependientes) con quienes interactuamos a diario: el panadero, el canillita, las personas que ayudan en un negocio familiar, jóvenes que no encuentran empleo y deciden emprender, el guardián del edificio o el profesional que brinda servicios como locador.

Como vemos, no hay un único tipo de caso de lo que entendemos por informalidad. Término con el que muchas veces solemos estigmatizar a las personas. Ante un problema multidimensional, se deben proponer medidas integrales y para ello la pregunta que nos interesa resolver es si este enorme número de informalidad está en esa situación por una decisión que les conviene (caso Mac Donalds), o porque no tienen otras alternativas de empleo (caso Malvinas). Dado que el 35% de la PEA lo constituyen trabajadores independientes (1 de cada 3 trabajadores en el país, es independiente y su ingreso promedio es la mitad de lo que gana un asalariado), es indispensable promover sus emprendimientos, formalizarlos y fortalecer las capacidades de ese capital humano. Ello permitirá aumentar su productividad, a la vez sus ingresos y el acceso a los mecanismos de protección social.

En primer lugar, las políticas de emprendimiento suponen identificación de oportunidades empresariales con futuro, capacitación de los independientes, acceso a nuevas tecnologías y ampliación de mercados (incluida la exportación). En segundo lugar, a efectos de llevar a cabo políticas de emprendimiento es necesario saber quiénes son los emprendedores y qué capacidades tienen, por lo que resulta muy importante formalizarlos y hacer sostenible la formalidad.

Quienes han mostrado cierta preocupación por este amplio sector de la economía nacional y se esfuerzan por presentar algunas propuestas, consideran: capacitación constante para MYPE e independientes, cambios en la LOGR para permitirles a los Gobiernos regionales y locales el fomento en la creación de empleos formales, así como planes de incentivos para dar mejoras a los negocios e iniciativas de la localidad. Hasta la creación de una especie de clúster donde se reúnan todos los micro comercializadores de determinados productos, coordinen entre sí y puedan tener más acceso a mercados y a crédito.

Junto con ello, considero que, siendo conscientes que los costos de la formalidad no resultan atractivos para quienes se esfuerzan por impulsar medianas y pequeñas empresas, una de las herramientas útiles para los empresarios peruanos, sería contar con una “Ventanilla Única de la Formalidad” de carácter itinerante (basado en un enfoque multisectorial y participativo), lo que permitirá que en un solo lugar y de manera simultánea, se realicen los trámites respectivos para su formalización (Sunat, Sunarp, SIS, Banco de la Nación, la Municipalidad respectiva, el Ministerio de Trabajo, Sunafil etc.) lo que permitirá que el Estado llegue a los espacios donde la presencia es limitada y a su vez se reducirán los costos de desplazamiento de empleador y trabajadores (facilitando la adhesión a los planes de formalización).

Antecedentes a esta propuesta, existen. Así mismo, el fortalecimiento de la Superintendencia de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) es un requisito básico para lograr la formalización de los puestos laborales y mejorar la inspección y fiscalización laboral. De allí que, de un lado, será importante consolidar su organización y perfilar sus competencias, pero, de otro, debe diferenciar la informalidad sustentada en el fraude y la informalidad que nace como un recurso para sobrevivir. En el primer tipo de informalidad la aplicación de la ley debe ser efectiva e inmediata, mientras en el segundo tipo deben promoverse planes temporales de fomento empresarial que generen en el mediano plazo la formalización de la empresa (bajo supervisión de SUNAFIL).

La mejor alternativa a la informalidad es la generación de empleo y promoverlos en los sectores intensivos de mayor demanda de mano de obra. La creación de puestos de trabajos dignos y el fomento de la formalización del empleo debe ser el objetivo fundamental de la política laboral de cualquier país y de cualquier Plan de Gobierno.