Sencillamente, hay que estar viviendo en la luna, o estar a leguas de la realidad, para creer que en nuestro país se puede vivir con 850 soles al mes. El Ministro de Trabajo, cree lo contrario. Ello le ha costado el rechazo inmediato por parte de los trabajadores organizados, como de la sociedad en general, hasta el punto de retarlo a vivir, con esa cantidad. 

El Ministro de Trabajo está cuestionado por los trabajadores organizados y de los jóvenes también. Se han venido presentado diversas iniciativas, desde su cartera, que no cuentan con la aprobación de estos espacios y que incluso dos centrales sindicales (CGTP y CUT), mantienen suspendida su participación en el Consejo Nacional del Trabajo.

Estas medidas, forman parte de la política laboral del Gobierno de PPK y que datan desde el pedido de facultades que se solicitó al Congreso de la República. La emisión de diversos Decretos con carácter de Ley, apuntan a desviar la atención de los verdaderos problemas de fondo en el mundo laboral. Falencias como la informalidad, la inestabilidad laboral, la escasa capacitación, y el no aumento del salario mínimo, no son discutidas.

La Modificación del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. 016-2016-TR), Medidas diversas de simplificación administrativa (D.S. 1246-2016-TR), Medidas adicionales de simplificación administrativa (D.S. 1310-2016-TR) y el Establecimiento de disposiciones para el proceso de formalización minera integral (D.S. 1336-2016-TR), son las principales medidas de corte laboral que se emitieron en el 2016. Medidas que en estos momentos, se vienen ejecutando.

La “Ley que promueve la contratación formal de los jóvenes” (PL 1104), es el flamante proyecto que el Ejecutivo presentó el Legislativo con carácter de urgencia. Pasaron 3 meses sin que sea debatido en la Comisión de Trabajo y el Ejecutivo presionó para que sea puesto en agenda, y se contemple derivarlo a la Comisión de Economía. Ambas comisiones ya tienen elaborado sus dictámenes respectivos. Ambas por caminos distintos.

Este proyecto, ya ha sido bautizado, por los jóvenes, como la nueva “Ley pulpín 2”. Una nueva versión de la pretérita norma que fue derogada tras la multitudinaria movilización de los jóvenes y trabajadores durante el Gobierno de Ollanta Humala. Ahora la estrategia ha cambiado. Si bien es cierto, la norma no contiene explícita y exactamente lo mismo a la verdadera “Ley Pulpín”, es innegable mencionar que si limita derechos laborales y viola normativas internacionales.

Esta norma contempla el subsidio del pago de seguro de salud que hace la empresa (9%) por los trabajadores que contrata y que ahora, en su lugar, lo asumirá el Estado. El dinero saldrá de EsSalud, entidad estatal que vela por brindar atención sanitaria a los peruanos que más lo necesitan. Al trabajador no se le subsidiará nada, a ellos y ellas se les seguirá descontando el 13% de sus ya míseros sueldos. No contempla capacitación laboral, aumento de salario, estabilidad laboral y establece un plazo de contrato de 3 años con un período de prueba de 90 días. 

Los jóvenes son la población más vulnerable a la informalidad laboral, a la inestabilidad en sus contratos de trabajo, y a la casi imperceptible inversión en la capacitación laboral. Si el Estado tuviera la voluntad de canalizar dinero para un fin que ayude a solucionar algunos de estos problemas, no los derivaría a las empresas que no necesariamente van a contratar personal, sino más bien se derivarían esos 70 millones de soles a fomentar las capacitaciones laborales. Ahora, en cambio, se pagará por trabajar.

La deuda millonaria que mantiene el Estado con EsSalud, profundiza la mala atención que se brinda a los miles de peruanos que esperan ser atendidos en una cita, durante meses. ¿No será acaso, éste el motivo perfecto para privatizarla de una vez? Se va entendiendo ahora el apuro del Ministro por apresurar el debate de su proyecto en las comisiones del Congreso. 

Eso no es todo, con fecha 22 de mayo se derivaron, también dos proyectos de ley que contemplan cambios en el arbitraje laboral y la fiscalización laboral. Como el Ministro y el Ejecutivo, al parecer, no querían seguir estando en la silla de espera, una semana después los emitieron como Decretos Supremos (D.S. 007 y D.S. 009). Cambios que flexibilizan las condiciones laborales y las normativas heredadas por el Fujimorismo. 

Los jóvenes ya empezaron a movilizarse, han elevado su voz de rechazo a este nuevo proyecto juvenil y ya se vienen organizando en varios puntos del país para evitar la promulgación de este proyecto. Con una economía estancada, con poca demanda, baja productividad de las industrias, obras estancadas, elevación del desempleo, escándalos de corrupción y nula inversión pública; el escenario de convulsión social está a la vuelta de la esquina