El 19 de Mayo el sindicato de trabajadores de la minera Shougang Hierro Perú ubicada en Marcona, en la provincia Nasca, en la región Ica, inició una huelga general indefinida que tuvo el completo respaldo de la población. Al bloqueo de carreteras y la paralización del comercio se sumó la suspensión de las clases y el desabastecimiento de alimentos. El 25 de Mayo, producto del enfrentamiento entre manifestantes y efectivos de la policía, falleció el poblador Luis Quispe Chumpi a causa de un disparo perpetrado por un oficial. Los ataques a las oficinas de la empresa fueron duramente reprimidos por las fuerzas del orden en lo que parece ser otra Tía María latente. 
 
El detonante fue el despido arbitrario a más de 90 trabajadores por parte de la Cooperativa Coopsol, a quien la Shougang designó para contratar al personal. Los trabajadores reclamaban la reposición de sus compañeros. El pliego de reclamos incluía también el aumento del salario en S/10 diarios y una asignación familiar de S/.70. Asimismo, se exigía el abastecimiento de los servicios básicos como agua potable y energía eléctrica al pueblo, que actualmente viene siendo administrado por la mencionada compañía china.
 
Estamos ante otro conflicto social que, en esta oportunidad, enfrenta a la población y una transnacional que desde hace 23 años ha tomado el control de todo un distrito a expensas del Estado. El detalle aquí es que el gobierno aún no se ha dignado a tomar las medidas del caso para frenar el abuso. ¿Qué está esperando?
 
Otro cuento chino
No es la primera huelga que se vive en Marcona pero sí la más violenta. Atrás quedo la época donde los derechos laborales eran respetados, los tiempos de la compañía norteamericana Marcona Mining, a mediados de los setenta. Marcona fue en esos años cuna del sindicalismo y por la lucha de los trabajadores se consiguió los beneficios de los que hoy en día carecen.
 
En 1975, durante el gobierno de Velasco, la mina fue nacionalizada y pasó a llamarse Hierro Perú. La nacionalización llevó a la compañía a la bancarrota. Pero fue la administración aprista la que la terminó de liquidar. A fines de los ochenta se destinó dinero de Hierro Perú a la subvención de otras minas. Lo que sumado a la inflación hizo sucumbir a la empresa.
 
En 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori, los mineros de Marcona vieron resurgir sus esperanzas. Los nuevos dueños de la mina provenían de la República Popular China y nada los hacía pensar que sufrirían los peores abusos dignos del estado más capitalista. El gobierno se encargó de despedir a 1200 trabajadores y una vez que entró la Shougang Hierro Perú S.A.A. en funcionamiento contrató nuevamente a ese personal pero en condiciones laborales deplorables y sin beneficios sociales. Así empezó la nueva esclavitud, al sur de Lima.
 
En el gobierno de Alejandro Toledo, se renovó la licitación a la compañía asiática de manera indefinida. Dicho de otra forma, se le obsequió el distrito a la Shougang. Además, durante varios años la empresa declaró pérdidas. Con esto evitó pagar el canon minero para la zona, las utilidades y prestaciones sociales a sus trabajadores contratados.
 
El peso del capital chino en la economía peruana es significativo. En la actualidad, es el principal inversor minero, con cerca de US$ 19 mil millones comprometidos. Pero ese dinero no llega a las familias peruanas. Shougang y la contratación de personal a través de empresas como Coopsol es solo un ejemplo. El 70% de los trabajadores mineros se encuentran tercerizados, sin opción a reclamo por las condiciones laborales que se les impone y ante la necesidad que enfrentan.
 
El Estado lejos de atender dicha necesidad apoya los intereses privados a través de medidas legislativas como la Ley de Tercerización (29245). Y eso no es todo. Según Convoca la Shougang Hierro Perú tiene desde el 2010, diez multas por incumplimiento de políticas administrativas y contaminación ambiental. La deuda con el Estado por estas multas asciende a más de un millón de soles. Y ni aún así, vemos su intervención.
 
En los últimos días, se ha acusado a la compañía china de haber contratado a veinte individuos para que realicen actos violentos durante las jornadas de protesta. Así lo dejó entrever uno de los detenidos, Américo Soto Soto, quien en su declaración preliminar inculpó al segundo jefe de seguridad interna de la Shougang, Antonio Arévalo, de haberlo contratado para dichos fines. Por otro lado, la fiscalía ha procedido a notificar a los denunciados por la empresa minera, incluyendo a la viuda de Quispe Chumpi.
 
En Marcona, la población está cansada de protestar de manera pacífica. La violencia se ha convertido en la única forma de llamar la atención del gobierno, que ni siquiera así se ha dignado a prestar atención a sus pedidos. Si bien el Frente de Defensa de Marcona ha decidido suspender la medida de paralización por 30 días a partir del 30 de Mayo, dado que no se pudo llegar a un acuerdo, el reclamo persiste. Un reclamo que se ha tornado histórico: ‘Marcona para los marconeños, no para los extranjeros’.