Angélica Cusi Díaz, de 75 años de edad, natural de Belén Chapi, Chungui– Ayacucho, perdió a su esposo, hija y nieta en manos de Sendero Luminoso en 1984. Treinta años después, el Estado peruano le acaba de entregar los restos de su hija y su nieta en un ataúd. Este es el drama que viven aquellos peruanos que logran, después de años de lucha, la entrega de los restos óseos de sus seres queridos, quienes fueron asesinados y desaparecidos a manos de las huestes terroristas o por fuerzas del Estado durante el conflicto armado ocurrido entre 1980 y 2000. Pero la agonía continúa para la gran mayoría de familiares que siguen buscando.  

¿Cuántos realmente son?

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) entregó junto con su Informe Final la “Lista Preliminar de Personas Desaparecidas”, que contienen 8,558 casos por desaparición forzada ocurrida entre 1908 y 2000. Asimismo, incluyó un “Registro Nacional de Sitios de Entierro”, que registra 4,644 lugares a nivel nacional, de los cuales el 48% se encuentran en Ayacucho. En años siguientes, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos identificó nuevos casos por desaparición forzada, a partir de la información recopilada durante la campaña “Los peruanos que faltan”, realizada entre los años 2005 y 2007. Por tanto, la cifra de personas desaparecidas se incrementó de de 8,558 a 12,027.

El año pasado, a diez años de la CVR, el Equipo Forense Especializado (EFE) del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, señaló en un documento remitido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que existen 15,731 personas desaparecidas en una lista “en estado de verificación”. Esta es, por el momento, la información oficial que maneja el Estado peruano.

Según el EFE, desde que empezó el programa de exhumaciones en el 2006, hasta julio del 2014, en todo el país se recuperaron 2925 cuerpos, se identificaron a 1689 y se han entregado a sus familiares 1485. Este es un avance de apenas 18% si tomamos en cuenta la cifra de 15,731 personas desaparecidas. Si seguimos a este ritmo, terminaremos por reconocer a nuestros desparecidos nada menos que en ¡44 años!

La interminable búsqueda

La búsqueda de los desaparecidos suele iniciar cuando la Defensoría del Pueblo entrega la constancia de ausencia por desaparición forzada. A partir de allí inicia un largo proceso que puede durar unos 5 a 7 años para encontrar los restos y exhumarlos de los lugares de entierro. Para ello, se requiere de la existencia previa de una denuncia ante el despacho fiscal, a partir de lo cual dispone abrir una investigación forense con el fin de identificar a las presuntas víctimas. Una vez culminada esta fase, el Fiscal dispondrá la entrega de los restos a los familiares.

Como señala Gisela Ortiz del Equipo Peruano de Antropología Forense, la única forma que tiene un familiar de buscar a sus seres queridos es a través de una denuncia en la fiscalía, donde se prioriza el proceso penal por encima de la tarea humanitaria de búsqueda, ubicación e identificación de los desaparecidos para entregarlos a sus familiares. No se toma en cuenta que la gran mayoría de familiares son ancianos y hacerlos esperar “más” es una agonía que no tiene mayor justificación.

El viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, José Ávila Herrera, informó que el gobierno preparaba un proyecto de ley para establecer una política de búsqueda de personas desaparecidas. Ha pasado un año y no hay algo concreto al respecto. El Estado peruano tiene la responsabilidad de acelerar el proceso para saber dónde están, quiénes son y qué les pasó a los desaparecidos producto del conflicto armado. ¿Hasta cuándo seguiremos esperando?