En las últimas semanas el Congreso de la República consumó su diseño de la contra reforma político electoral de cara a los comicios regionales y municipales del próximo octubre. En medio de su agitada agenda pro vacancia y entre interpelaciones y censuras, el 25 de mayo pasado promulgó la norma que da un plazo excepcional para la inscripción de candidaturas para las elecciones internas y la realización de comicios internos para las elecciones regionales y municipales de este año. La aprobación inicial se produjo a fines de abril con el respaldo entusiasta de Acción Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y la mayoría de Perú Libre.

Ante el silencio del Ejecutivo frente al proyecto de ley, a todas luces inconstitucional porque ya estaba en curso desde meses atrás el proceso electoral convocado por el Jurado Nacional de Elecciones y como es obvio, incluso para el más desinformado, una vez convocada una competencia no se pueden cambiar las reglas de la misma, la ley fue finalmente publicada abriendo el enfrentamiento entre el Legislativo y los entes electorales que ya decidieron no acatar la medida.

Con su decisión el Parlamento culminaba el desmontaje de las pocas vallas que regulaban la participación de partidos y movimientos regionales en el proceso venidero, dejando sin efecto la aplicación de las disposiciones que obligaban a participar en las elecciones y a obtener resultados mínimos para mantener la inscripción legal. Así, por ejemplo, para mantener aquella, mientras la norma original para su participación obligaba a los movimientos regionales a presentar listas en por lo menos dos tercios de las provincias y distritos de su circunscripción, ahora puede hacerlo al extremo, en una sola de aquellas.

No sorprende la coincidencia de ambos poderes del Estado, en la acción y omisión o silencio de cada uno de ellos, repitiendo en última instancia el juego que instalaron desde el inicio de la actual gestión donde más allá de los discursos extremos sobre la vacancia de los unos y la clausura de los otros, coinciden en su mirada patrimonial y clientelar del Estado, su desprecio por la gente y la democracia y la protección de intereses opacos y subalternos además de los inmediatamente suyos.

Como fue señalado desde el primer momento por los distintos especialistas electorales consultados por los medios, la norma promulgada es inconstitucional, afecta la transparencia del proceso electoral y desconoce la independencia de los organismos electorales. En otras palabras, deja de lado principios elementales como la intangibilidad, la preclusividad y la seguridad jurídica en cualquier elección que se pretenda democrática. Así, viola la intangibilidad de un proceso ya convocado y en marcha, es decir la seguridad que el JNE tiene que darnos a ciudadanos, a agrupaciones políticas y candidatos, de que las reglas de juego no se cambiarán en el camino.  Hace lo propio con la preclusividad, es decir la cancelación de un acto procesal -las elecciones internas ampliadas en este caso- pasado el término señalado para su realización.

Adicionalmente, la aplicación de la norma es inviable. En detalle, ésta establece que el JNE tiene que abrir su sistema por dos días calendario para que los partidos presenten o modifiquen sus listas de candidatos en las internas complementarias hasta 10 días antes de la fecha límite para la inscripción de los candidatos que es el 14 de junio. Pretender hacerlas al 4 de junio es un despropósito y un imposible técnico. Peor aún, cuando las elecciones internas se realizaron 10 días antes de la promulgación de la ley, incluyendo locales de votación acondicionados, una importante logística, abundante información y personal de los organismos electorales desplegados nacionalmente, todo a un costo cercano a los cincuenta millones de soles según diversos medios de comunicación.

Así las cosas, cabe preguntarse en consecuencia qué es lo que explica el comportamiento de Ejecutivo y Legislativo en esta ocasión, así como la reiteración de la coincidencia en el resultado de los extremos del espectro político. Si miramos algunos números del proceso regional y municipal ya en curso, encontraremos pistas importantes para la respuesta. El 22 de octubre próximo estarán en disputa las autoridades de 1901 circunscripciones, entre regiones, provincias y distritos.

La participación de los partidos nacionales en ellas alcanza apenas al 62% en el caso de APP que es el que logra mayor cobertura, resultando con Somos Perú y Perú Libre, las únicas dos agrupaciones que superaron el 50% de presencia en los espacios en competencia. De los 179 movimientos regionales inscritos en todo el país, 76 no han ganado nunca una gubernatura o una alcaldía provincial o distrital.  94 ex parlamentarios, 53 de ellos integrantes del parlamento extraordinario 2020-2021 buscan ser alcaldes y gobernadores, 14 ex gobernadores -incluyendo dos sentenciados por corrupción- intentan volver a las gobernaturas y 1338 ex autoridades regionales y municipales cantan “todos vuelven”, 46% de ellas del período 2014-2018. La mayoría de organizaciones optaron por las internas a través de delegados; apenas 70 agrupaciones realizaron elecciones internas directas y en el 87% del total de las internas, se trataba de listas únicas. En otras palabras, la apuesta por la repetición de la informalidad política de las últimas décadas, que hace de nuestro país uno de los que tiene organizaciones políticas con las relaciones más precarias con la sociedad y sin niveles elementales de institucionalización.

Apuesta que apunta a prolongar el registro de agrupaciones sin consistencia, representatividad ni apoyo electoral que funcionan como franquicias, refuerzan la personalización de la política, la mercantilización de la participación en las contiendas electorales y de las propias campañas y prolongan la penetración, si no la captura de nuestro sistema político por poderes opacos que hoy, más allá de discursos ideológicos, coinciden en el Ejecutivo y el Legislativo. 

En el plazo inmediato, el enfrentamiento entre el Congreso y los entes electorales está abierto. La mayoría de bancadas ha decidido presentar una demanda contra el JNE. En la votación en la Junta de Portavoces en la que no participó Perú Democrático, apenas se opusieron Cambio Democrático y sorprendentemente Renovación Popular. En el largo plazo siguen perdiendo la democracia cada vez más vacía de contenido y la gente, cada vez más enervada con la política y los políticos.