Diversos países en América Latina tendrán elecciones en las próximos semanas y meses y un fantasma recorre la región: la proscripción política.

Proscribir en política es prohibir la participación de un determinado partido, frente y/o líder en la competencia por el poder en un determinado país.  La proscripción ha sido una herramienta principalmente de la derecha continental en la lucha contra las izquierdas y los movimientos nacional populares que históricamente amenazaban con acceder al gobierno en América Latina. Los casos del Apra y Haya de la Torre en el Perú y del justicialismo y Juan Domingo Perón en la Argentina, fueron emblemáticos a lo largo del siglo XX. En las ultimas décadas se ha convertido en una herramienta contra las fuerzas progresistas que han ganado el poder por la vía electoral, tratando de desalojarlas del mismo y, eventualmente, tratando de evitar que vuelvan a ganar.  Este es el caso de Lula y el Partido de los Trabajadores en el Brasil, nuevamente del peronismo en la Argentina, así como del MAS y Evo Morales en Bolivia y de Rafael Correa en el Ecuador.

También tenemos un caso singular, la Venezuela actual, en la que la proscripción está en el medio de la crisis democrática que impide darle una salida a la patria de Bolívar. Por un lado, el gobierno de Maduro que proscribe a la extrema derecha opositora y por otro, esta misma extrema derecha que se niega a plantear un futuro incluyendo al chavismo y prefiere la alianza con los Estados Unidos. En el medio el arco de fuerzas incluidas no es todavía suficiente para encontrar una salida.

Un hecho tan deplorable como la proscripción se suele presentar de una manera distinta a lo que realmente es. La derecha y sus medios afines lo que hacen es señalar, por distintas razones, a las fuerzas progresistas como antidemocráticas. A mediados del siglo XX la razón que se esgrimía era la amenaza comunista, de allí que tal brulote estuvo hasta en las constituciones de la época como fue el caso de la peruana de 1933. En la época contemporánea se ha usado en primer lugar la lucha anticorrupción, tachando de corruptos a los líderes populares y señalando, en todo caso, que todos los políticos de derecha e izquierda, en cuanto a corrupción se refiere, son iguales. Se obvia aquí el caso del lawfare o el uso de la ley para la persecución política, como ha sido en el Brasil con Lula y Dilma, en Bolivia con Evo Morales, a quien siempre le encuentran algún delito en época electoral, y el Ecuador de Rafael Correa, donde se ha sentenciado al líder y su entorno por diversos delitos de corrupción sin pruebas ni respeto al debido proceso. Peor en el caso argentino, donde hasta ahora luego de cuatro años de Macri y uno de Alberto Fernández, no le encuentran culpas a Cristina Kirchner y si más bien esquemas de persecución y reglaje del gobierno de Macri a su oposición peronista. 

Pero también se esgrime el populismo, por oposición a lo que se suele llamar las “razones técnicas” de los neoliberales. Cualquier izquierda sería populista porque no atiende al conocimiento privilegiado de los tecnócratas que “saben hacer las cosas bien”. Dejando de lado la exégesis del término populismo para otra oportunidad, diría que se usa tal palabra para calificar cualquier demanda popular por una mejora en la distribución de los ingresos, porque no le conviene a los poderosos meterse la mano al bolsillo para repartir algo de sus caudales, pagando, por ejemplo, mayores impuestos. 

Los izquierdistas, corruptos y populistas, serían por todo esto antidemocráticos y habría que proscribirlos. Los medios para hacerlo no importan mucho. Antes era la horca, el cuchillo y el fusil, la ejecución extrajudicial como hecho cotidiano. Hoy, son más amables, se usa el lawfare con eventual cárcel y el descrédito mediático, para lograr los mismos objetivos de la proscripción. Esta voluntad de prohibir a algunos hacer política tiene como objetivo rediseñar la democracia en la región. Se trata de dejar atrás los avances del “giro a la izquierda” del 1998-2016 y volver a las democracias de élites a las que nos acostumbraron las oligarquías y que han querido reeditar con suerte desigual los neoliberales. 

Desafortunadamente existen todavía algunos izquierdistas, cada vez menos, por cierto, que añoran los tiempos del partido único de la era soviética o del partido hegemónico como en los “tiempos de oro” del PRI mexicano, y creen que alguno de esos modelos es el futuro de la democracia en la región. Este pensamiento deja de lado la experiencia de las últimas dos décadas que señala que la transformación social, con sus avances y retrocesos, se debe dar con pluralismo y competencia política para que sea duradera.

La situación, sin embargo, es más difícil para la principal fuerza proscriptora en estos tiempos: la derecha neoliberal, porque la experiencia de poder que ha tenido la izquierda en la región le ha permitido forjar pueblos con la conciencia ciudadana suficiente para luchar masivamente por sus derechos. Lo que hemos visto como reacción en las calles de América Latina en oposición a la contraofensiva derechista es prueba de ello. Por ello, esperamos que los próximos eventos electorales, si son justos y libres, puedan volver a empezar una marcha emancipadora para la región.