Las democracias de América Latina han logrado navegar, por primera vez en su historia, un ciclo de procesos electorales y alternancias de distintos signo. La travesía de estabilidad a nivel del régimen, que registra una andadura virtuosa con de más de tres décadas en su haber, no ha estado exenta de ciertos elementos nocivos que con diferentes intensidades reaparecen para mostrar su resistencia. Son los reflujos tóxicos de un andamiaje institucional con niveles variables de fisuras que podrían dificultar la posibilidad de asentar democracias de mayor calado según demandan y anhelan las mayorías. Como tema pendiente, de acuerdo a lo que indican desde hace tiempo los ciudadanos en diversos estudios de opinión, aparece recurrentemente los resultados en forma de bienes públicos de calidad que no están llegando de manera suficiente a pesar del ciclo expansivo que hemos recorrido en la región. La precariedad de los estados en esta materia dilata una mayor cohesión y bienestar. Es por ello que la ciudadana expresa claramente una demanda de gobernanza que se presenta todavía esquiva e incompleta y que supone mucho más que el consenso bastante extendido que hemos logrado conseguir sobre las reglas de juego para el acceso al poder, con las elecciones como la única alternativa posible. 

A modo de una lista incompleta de algunos de los temas que componen los déficits que nos aquejan y nos alejan de una mayor dosis de gobernabilidad democrática, podríamos colocar a la corrupción como la cuestión de mayor potencial corrosivo.  En este terreno y a juzgar por las respuestas que han tenido lugar en los países donde el esquema de Lava Jato ha operado, existen más interrogantes que certezas sobre la voluntad de ir a fondo en las denuncias que se conocen. La contracara de este espinoso asunto es la oportunidad que se ha generado de blindar nuestros sistemas judiciales pero tampoco aparecen signos demasiado alentadores.  

En Brasil, origen de este magma de gobernabilidad mercantilista, jueces y fiscales pusieron contra las cuerdas a los empresarios que protagonizaron este esquema pero con resultado distinto en el entramado político que participaba de esta funesta relación. La justicia avanzó contra la cúpula del partido de los trabajadores, incluyendo al ex presidente Lula, aunque para los políticos de otros partidos, que tienen cuentas pendientes en la justicia,  la vara ha sido más corta. El ambiente se ha vuelto más confuso con la utilización controversial del instrumento revocatorio para desplazar del ejecutivo a Dilma Rousseff, so pretexto de manejos administrativos incorrectos. El desplazamiento en cuestión, movilizado por políticos sobre los que pesan también graves sospechas de corrupción, forzó esta herramienta democrática hasta el límite la legalidad. En esta compleja dinámica se monta encima un menú con políticas regresivas en materia de derechos que ahonda el proceso de deslegitimación del sistema. 

En el Perú siguen apareciendo evidencias que involucran en el esquema de Lava Jato a destacadas figuras políticas que hasta ahora no han sido alcanzadas por el brazo de la justicia. Solamente Ollanta Humala y Nadine Heredia se encuentran con prisión preventiva mientras se sustancia la causa por la cual están siendo investigados. La paradoja es que la utilización exagerada de la prisión preventiva, que cosecha réditos de corto plazo, podría debilitar principios republicanos esenciales. La premura con la que están actuando los jueces, mostrando mayor sintonía con el poder político y económico que con la ciudadanía, no parece la más viable para restructurar en el largo plazo un poder judicial que arrastra desde hace tiempo altos niveles de desconfianza. 

La ola de encarcelaciones en modo preventivo está siendo también utilizada por algunos jueces argentinos que durante la etapa del kirchnerismo mostraron pocos reflejos pero con el cambio político comenzaron a lanzar sus mastines contra funcionarios que parecían entonces intocables. El hecho que se repite en las distintas latitudes hace pensar en un sistema de justicia cercano a las necesidades políticas que cada coyuntura marca pero lejos de lo que la gobernabilidad reclama. La oportunidad de darnos sistemas de justicia más sólidos, ante estos hechos recientes, se desvanece.

En otro andarivel, reaparecen intentos que buscan forzar la instalación de hegemonías a contrapelo de pluralidades que resisten esos embates con suerte variable. En Bolivia ha tomado un nuevo envión el proyecto de otra reelección para Evo Morales a pesar del rechazo en la consulta ciudadana celebrada hace poco tiempo. La insistencia de Morales por forzar su permanencia en contra de las reglas que limitan esa posibilidad, podría tomar una deriva con algunos tonos parecidos a la tragedia que se despliega en Venezuela. Son proyectos que buscan conservar el poder con medidas cuestionables que finalmente desvirtúan y vacían de contenido las reglas que impulsaron y los avances que lograron. 

En el trasiego peruano el fujimorismo avanza de manera similar con el peso asfixiante que detenta en el congreso unicameral. Las embestidas autoritarias que intentan arrinconar a un poder ejecutivo con escasos reflejos políticos van corriendo el velo de la sustancia autoritaria que conforma su médula espinal. Las múltiples evidencias de su accionar, en clave de pretensión hegemónica, dejan sin sustancia esos intentos retóricos esgrimidos por Keiko Fujimori durante la pasada campaña presidencial. Ahora sabemos que aquello que buscaba era embaucar a los peruanos con gato democrático por liebre autoritaria. El último coletazo en esta intentona, después de la declaración de Marcelo Odebrecht confirmando los aportes a la campaña al fujimorismo, es la embestida para desplazar al fiscal de la nación mediante una acusación constitucional. El artilugio no es nuevo, siendo vicepresidente de la Argentina Amado Bodou logró desplazar al Procurador General de su país para evitar que las denuncias en su contra avanzaran en la justicia. Los fujimoristas “van por todo”, al decir de Cristina Fernández cuando arengaba a sus seguidores que deliraban con el proyecto “Cristina eterna”. La búsqueda que intenta restaurar la hegemonía fujimorista en Perú es una suerte de remake de los años noventa que pone en peligro los avances logrados de la restauración democrática en 2001. La estantería comienza a temblar con el riesgo de un retroceso catastrófico. 

Las posibles explicaciones a estos asuntos tan viscosos que se presentan en la región no hay que buscarlos en el terreno de lo ideológico. Una de las claves para explicar cómo algunos países lograron blindarse contra la corrupción endémica y las tentaciones hegemónicas ha sido, como advirtió Guillermo O’Donnell hace dos décadas, la acción sostenida de determinadas voluntades que priorizaron respetar reglas de juego aun cuando por hacerlo perjudicaban la propia carrera política. Algo similar señaló Seymor M. Lipset para explicar la construcción de legitimidad que se deriva de la limitación de las propias ambiciones en la fundación de regímenes políticos. Uruguay podría ser uno de los casos junto con Costa Rica, dentro de una lista poco numerosa, de anclaje institucional virtuoso con progresos sociales de magnitud. Si bien ya suena a lugar común la sentencia, nos falta seguir pensando en priorizar y sostener las reglas de juego e incentivos que posibilitarán mayores dosis de gobernabilidad para democracias precarias donde todavía abunda el color sepia. 

(*) Docente ciencia política UARM