Lo que la noche del jueves 18 se vivió en las calles del centro de Lima ha puesto de vuelta y media al gobierno de Ollanta Humala. Unos 20 mil jóvenes y no tan jóvenes salieron a las calles a protestar en contra de la nueva ley del régimen laboral juvenil, “ley pulpín”, mostrando su indignación por el recorte de los derechos laborales que esta norma significa. En coro, el gobierno y los medios concentrados se apuran en criminalizar esta grandiosa movilización, que ya se cataloga como una de más grandes desde la caída del fujimorismo. ¿Estamos ante el nacimiento de un movimiento juvenil parecido a los que vienen promoviendo cambios sociales y políticos en países como Chile, México y España? ¿Cómo ir más allá de la movilización a la formación de un movimiento de cambio?

La movilización tildada como “pulpinazo”, por ser la movilización de los más jóvenes del país, fue contundente. Días previos, las redes sociales, elemento fundamental de esta convocatoria, estallaban llamando a participar en la movilización pacífica. El tamaño de la convocatoria, que pudo unir a jóvenes estudiantes de universidades nacionales y privadas, trabajadores informales y formales, empleados y desempleados, militantes de partidos y no partidarizados, barristas deportivas, entre otros, rebalsó el intento por direccionarla de parte  de algunas agrupaciones políticas. La necesidad de darle un contenido a la protesta resulta fundamental porque las movilizaciones por sí solas no producirán una nueva situación política.

Desde el primer momento, el gobierno salió a reprimir. Desde horas de la tarde, se extremaron las medidas de seguridad en las calles aledañas a la Plaza San Martín, lo que resultó siendo una provocación. Además, sorprendió la presencia de policías motorizados, caballería, perros sin bozal y drones usados con  el fin de disuadir a los manifestantes. Esta situación, y la falta de lineamientos a seguir durante la manifestación, hicieron que la misma se  dispersara en varios grupos de manifestantes. Un grueso se quedó en la Plaza San Martín mientras otro marchó por la Av. Arequipa rumbo al local del Partido Nacionalista (San Isidro) donde hubo enfrentamientos con los partidarios de la agrupación y con la policía.

El afán de criminalizar la protesta dio como resultado unos 25 jóvenes detenidos por la policía así como una docena de golpeados y heridos. En tanto, los medios (des)informaban sobre la movilización, mostrando a los jóvenes como vándalos solo porque algunos de ellos se cubrían la cara como protección ante los gases lacrimógenos. ¿Desde cuándo cubrirse la cara es un delito? Se insistía en usar calificativos como “jornada de caos”, “violencia” y  “vandalismo” para descalificar la movilización que, al parecer, es el inicio de otras más en Lima. Cabe señalar que en diversas ciudades del país, como Cusco, Arequipa, Chiclayo y Abancay, también se vienen movilizando contra la “ley pulpín”, cuya cobertura mediática brilla por su ausencia.

Mientras tanto, subiéndose al coche, diversos grupos políticos que votaron a favor de la iniciativa laboral contra los jóvenes (como el fujimorismo y el APRA) vienen retrocediendo en su apoyo a la misma. Ya se han presentado dos proyectos de ley (Frente Amplio y el APRA) para derogarla, los que tendrían que ser debatidos en el más breve plazo. Se requiere que los voceros de la protesta puedan articularse con las iniciativas congresales para tener logros efectivos. El primer triunfo sería lograr la derogatoria de la norma. Un segundo paso sería una movilización mayor para exigir la promulgación de la Ley General del Trabajo y por derechos laborales para todos. El tiempo nos dirá si el “pulpinazo” marcará la agenda electoral hacia el 2016.