De acuerdo al último reporte emitido por la Defensoría del Pueblo, el total de fallecidos a causa de enfrentamientos por conflictos sociales durante el gobierno de Ollanta Humala asciende a 66. A esta cifra habría que sumar las tres últimas víctimas mortales producto del enfrentamiento entre civiles y la policía en el distrito de Challhuahuacho, por el proyecto minero Las Bambas, en Apurímac. Desde agosto del 2011 hasta la fecha, suman un total de 69 los fallecidos.

Durante el primer año del gobierno nacionalista se registraron 2 fallecidos. En el 2012, fueron 24 las víctimas mortales. Para el 2013, la Defensoría del Pueblo reconoció 9 fallecidos. El año pasado fueron 16 y este año suman 19 las personas que perdieron la vida en conflictos sociales. De ese total, la gran mayoría son civiles. Más de la mitad de las muertes se produjeron en medio de conflictos socioambientales. Solo en Tía María se han registrado 6 muertos (entre el 2013 y el 2015). En Conga fueron 5 (entre el 2011 y 2012); en Espinar, 3 (2012) y un fallecido dejó el enfrentamiento en Pichanaki a inicios de este año. ¿A qué se debe toda lista interminable de muertes? El gobierno tiene una gran responsabilidad y mucho que explicar.

Conflictos socioambientales

En el mes de agosto se registraron un total de 213 conflictos sociales, solo en ese mes han estallado 6 nuevos conflictos. De estos, la injerencia del Estado se ha repartido de la siguiente forma: el principal implicado es el Gobierno Nacional, es decir, la gestión pública del Gobierno Central (163 casos, equivalentes al 63.8%), los gobierno regionales (42 casos, que representa el 19.7%), y los gobierno locales (22 casos, equivalente al 10.3%).

La principal causa de los conflictos sociales son problemas relacionados al uso y control del medio ambiente y los recursos, lo que se ha denominado conflictos socioambientales, que enfrenta en la mayoría de casos a comunidades campesinas con compañías mineras, como por ejemplo el conflicto en Espinar (Cusco) con la Xstrata Tintaya, Conga (Cajamarca) con Yanacocha y Tía María (Arequipa) con Southern Cooper, entre otros. Hasta el mes de agosto se tenía registro de 142 conflictos socioambientales, que equivalen al 66.7% del total. En segundo lugar, se encuentran los problemas entre las poblaciones y los gobiernos locales (22 casos, que representan el 10.3%) y en tercer lugar, están los conflictos por la demarcación territorial (15 casos registrados, equivalentes al 7%). Pero la cifra que más destaca es que del total de conflictos registrados por problemas socioambientales, en 117 tiene responsabilidad directamente el Gobierno Central.

El departamento que presenta más casos de conflictos sociales para el mes de agosto ha sido Apurímac, con un total de 22. En Puno se registraron 21 casos y en Ancash, 20. Continúan en esta lista los departamentos de Cusco con 16, Piura con 15 y Cajamarca con 14. Respecto al último conflicto registrado en Apurímac, contra el proyecto minero Las Bambas, en informes previos, la Defensoría del Pueblo ya venía alertando de la situación. En el mes de mayo ya figuraba como un conflicto social latente y para el mes de agosto, ya se encontraba en observación puesto que podía devenir en un conflicto mayor. Las muertes en Chalhuahuacho, así como en Tía María o Pichanaki pudieron haberse evitado si el gobierno hubiera intervenido de forma efectiva y oportuna. Pero este carece de una estrategia de prevención. Por el contrario, insiste en la criminalización de las protestas y la represión violenta. Lo que ha traído como consecuencia el número de muertes que tenemos hasta el momento. Y solo después de ello, se ha entablado el diálogo.

La respuesta del gobierno siempre ha sido la más dura. La represión por parte de la policía y los militares ha contribuido a sumar más fallecidos. El empleo de armas letales para el control de las protestas, la falta de entrenamiento y equipos adecuados para realizar intervenciones, y la falta de regulación de los procedimientos para el uso de la fuerza son algunos ejemplos de las malas prácticas que se llevan a cabo en dichas circunstancias. Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el actual marco legal permite impunemente la violación de Derechos Humanos en el contexto de los conflictos sociales. Cabe añadir que, la prestación de servicios privados de seguridad a las compañías mineras por parte de la PNP y la presencia de las Fuerzas Armadas al interior de las mismas, como hemos visto en el caso de Las Bambas, hace que nos preguntemos qué tipo de Estado tenemos. ¿A quiénes protegen nuestras fuerzas del orden? ¿A las empresas trasnacionales o a los peruanos? Sumado a esto, las declaratorias de Estado de Emergencia solo agravan más la situación.

De todo esto, algo queda claro. A pocos meses de finalizar su mandato, el gobierno del presidente Ollanta Humala ha demostrado su incapacidad para prevenir, controlar y solucionar conflictos sociales. No en vano, el Ministerio del Interior, encargado de mantener el orden público y velar por la seguridad de los peruanos ha visto desfilar hasta la fecha a siete ministros. Cada uno de ellos tuvo que ser reemplazado después de que se registraran víctimas mortales durante manifestaciones sociales. ¿Qué más tendrá que pasar para que se escuchen los reclamos de la población y se cese a la violencia? Esperemos que esa lista no continúe en aumento.