El campanazo dado a la política peruana por estas veintiséis muertes causadas por el estado de emergencia decretado por el gobierno de Dina Boluarte, tendrá un efecto duradero en el Perú. Estos gravísimos hechos nos llevan a la pregunta que da título a este artículo.

¿Quién es el enemigo? Esta es una cuestión fundamental en cualquier régimen político. Si el enemigo del estado son los ciudadanos el régimen es una dictadura. Pero a una dictadura no se llega de la noche a la mañana, se empieza por establecer una lógica autoritaria como eje de la política, que se define como la relación amigo-enemigo, tal como señalaba Carl Schmitt, uno de los principales asesores de Adolfo Hitler. Esta lógica supone que los que están de acuerdo con el gobierno son sus amigos y los que no sus enemigos. 

¡Ojo! Enemigo es distinto de adversario. Al enemigo se le destruye porque se supone amenaza la propia sobrevivencia. Con el adversario se compite y se le puede derrotar, pero sin liquidarlo, porque tiene derecho a la oposición y a volver a competir. La lógica de la competencia entre adversarios es la lógica democrática.

El problema es que, en los últimos días, posteriores a la caída de Pedro Castillo, lo que observamos en la escena política es el establecimiento de esta lógica amigo-enemigo. Primero, la declaratoria de estado de emergencia, que históricamente ha servido en nuestro país para atemorizar y reprimir y no para garantizar los derechos democráticos de la población. Segundo, la calificación de aquellos que se movilizan como agitadores y terroristas, negando la existencia de causas suficientes, económicas y políticas, para que la población se mueva y proteste. Tercero, inventado un enemigo que supuestamente coordinaba las marchas y planificaba el incendio de instalaciones públicas, “activos críticos” en la nueva retórica militar. Por último, como lo ha dicho algún ministro en estos días, se ha señalado que enfrentamos un “guerra no convencional”. Claro, si hay una guerra hay enemigos que hay que liquidar y estamos a un punto de justificar el uso de armas de fuego contra los manifestantes. Nuevamente 
gravísimo.

En este mismo sentido, se han dado declaraciones contradictorias sobre la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de estas muertes. Primero, Dina Boluarte dijo que la investigación de estos hechos serían materia de la justicia militar. Tamaño dislate que no se escuchaba en la boca de un gobernante en los últimos cuarenta años. Luego el ministro de justicia que señaló, algo inseguro, que la investigación debía ir a la justicia civil y al poco rato un comunicado del fuero militar y policial que decía que sí pero no. ¿En qué quedamos? ¿Vamos a regresar a la época de la dictadura militar pura y dura?

Creo, más bien, a diferencia del escenario planteado para justificar el estado de emergencia y las muertes consecuentes, que enfrentamos en el Perú la furia de una ciudadanía harta del engaño de estos últimos treinta años, plasmada en el fracaso del modelo neoliberal. En concreto harta de la sobre explotación del trabajo, del abuso reiterado, de raza y de clase, contra los derechos de las personas y del saqueo de nuestras riquezas —donde el gas es quizás el ejemplo más nítido— depredando recursos no renovables y burlándose de la soberanía nacional. Esta población es la que se moviliza con toda razón. No sólo por reivindicaciones puntuales e inmediatas, sino por el descrédito de los políticos y las instituciones que se burlan cotidianamente de los ciudadanos. Además, el tipo de movilización apunta a que se trata de liderazgos locales y regionales, no nacionales, y con poca coordinación entre ellos. La coincidencia en el tiempo tiene que ver más con la coyuntura de polarización política a nivel nacional y la frustración con el proyecto de transformación planteado por Castillo que con otra cosa.

Todo esto, por supuesto, no justifica la violencia y si esta existe el papel de la policía es individualizar responsables y ponerlos a disposición de la justicia, pero no para generalizar. Que puede haber economías ilegales (narcotráfico, minería y tala ilegales, trata de personas etc.) interesadas en la violencia, también es posible, pero nuevamente toca allí a la policía discriminar.  

Lo que no podemos permitir es que la política peruana entre en una lógica amigo-enemigo, porque esto nos coloca en el curso de una salida autoritaria que puede tener consecuencias en los próximos años y décadas. No sé si todavía podemos hacer algo al respecto, pero hay que empeñar todo el esfuerzo posible en este sentido. Por ello, para hacer política junto con verdad, creo que no sólo debemos exigir elecciones generales inmediatas, sino también exigir la convocatoria a un referéndum constituyente, para saber si los ciudadanos del Perú desean una nueva constitución, es decir poner al país en otro rumbo, diferente al de los estados de emergencia.