Tienen directa relación en el contexto actual de reacomodos públicos entre los grupos de interés del Ejecutivo y del Congreso, que conforman la alianza de “Quedémonos todos” entre contra reformas y lucha por poder estatal, la explícita vocación ciudadana encuestada, por una salida democrática al desgobierno y el golpismo; el adelanto electoral general pro medidas económicas-sociales y reforma política mínima.

Hizo muy bien el ex presidente Francisco Sagasti -como lo habrían hecho Valentín Paniagua y Javier Diez Canseco, en el contexto de las campañas pro referéndum en defensa de Petroperú y el patrimonio nacional, el referéndum contra la re reelección fujimontesinista y la marcha de los 4 Suyos del año 2000-  en proponer de manera  mediática, frente a la creciente ola de la voz ciudadana que casi llega al 70%, -confirmado en las encuestas recientes- por una solución constitucional vía el adelanto de elecciones generales, con lo que se irían todos: golpistas vacadores y los que pretenden desgobernar el país. 

Esa voluntad de cambio conquistada desde inicios del siglo, habiendo derrotado antes al terrorismo y luego al régimen convertido en mafia por el fujimontesinismo, es lo que la tecnocracia y los políticos que no son clase dirigente, solo ven como el antivoto y no el aprendizaje social, intergeneracional;  no quieren ver que habiendo aprovechado el largo proceso de transición democrática del 2000, que el nuevo siglo labró en el Perú, que otros cosecharon y hasta se reciclaron, siendo los derrotados del 2000 los que mejor aprovecharon del proceso. 

Actualmente -ojo tecnocracia- el 76% de la vocación actual de la ciudadanía de Lima es por el adelanto general de elecciones, siendo los sectores A/B: 71%, C: 69% y D-E: 66% y  el 64% en las otras partes del Perú. El desacuerdo con dicha solución es de 33% en Lima y 22% fuera de la capital. Solo entre 1% limeño y 2% de fuera, no sabían qué opinar. Y cuando se indica que venimos en crisis de gobernabilidad desde 2016, hay que resaltar que se trata de "tecnócratas” y “políticos”.

Frente a ello, un proceso de tercera moción pro vacancia presidencial que Renovación Popular lideraría, se daría en la eventual negociación de intereses particulares entre Palacio y las bancadas del Congreso, con un Ejecutivo más entrenado pero con proceso fiscal, y movilizaciones de transportistas y agrarios para el mes de  julio, junto al previsible desgaste de los consejos ministeriales descentralizados, por el mismo motivo: incumplimiento de actas, acuerdos y ofertas. 

Recordemos que apenas asumida la presidencia de Pedro Castillo, el líder del partido del desgobierno –Perú Libre- aclaró que la clave no es quien gobierna sino quien le “sucede” al gobernante. Es decir, el “rey” también es negociable, finalmente porque “salvo el poder, todo es ilusión”. No le faltó sinceridad pública ya que se entiende –como muchos izquierdistas y derechistas que no llegan a ser clase dirigente sino solo politiquera- que el poder “de uno” es lo que vale. 

De otro lado, estamos quienes propugnamos el poder del consenso con soluciones desde abajo –en gobernanza, obedeciéndolo, no traicionando- para que nuestro Perú supere las crisis yuxtapuestas, incluida la hambruna que se prevé, manteniendo la voluntad de cambio que persistimos en expresar en las elecciones generales quinquenales y también lo hicimos con 86% en el referéndum: SÍ, SÍ, SÍ, NO en diciembre de 2019; en la emergencia de la elección complementaria congresal de enero del 2020 y la propia voluntad de cambio porque se vayan todos que la mitad + 1 ganamos en las elecciones de junio de 2021.  Voluntad que se habría incrementado a mas del 70% según los encuestados a favor de adelantar elecciones generales como única salida democrática, junto con que se resuelva la crisis económica –salarial, de empleo y nutricional- así como la inseguridad ciudadana y una mínima reforma electoral para dichas elecciones generales.

Considerando que el segundo intento de vacancia contra Pedro Castillo, en marzo reciente, obtuvo 54 votos en contra y 19 abstenciones, un hipotético proceso pro vacancia presidencial sería así:

• Para presentar la moción bastarían 26 firmas, es decir 10 más de las que tiene la bancada de Renovación Popular: a escoger entre 24 de FP, AP, APP, AvP, RP, SP, algún/a no agrupado/a, de Podemos, Partido Morado u otros individuales. Lo lograría entre más del doble (54) que en marzo último votaron en minoría por la 2da moción de vacancia presidencial.
• Acto seguido, para ser admitida a debate dicha moción, bastaría que dupliquen las anteriores firmas a 52, con lo cual bastan nuevamente los 54 votos minoritarios pro el segundo intento de marzo reciente.
• Y para ser aprobada la vacancia destituyendo al presidente con 86 votos mínimos, conforme a la norma, el presidente Castillo tendría que perder a la mitad +1 de quienes lo mantuvieron como presidente en marzo (55 votos) y a 1/3 de los 19 que se abstuvieron de votar. 
• Si esto ocurriera, lo destituiría algo más del mínimo requerido entre 55+18+6 = 89 votos. Más fácil es suponer que esto ya podría venir ocurriendo, considerando los 71 votos que censuraron la semana anterior a la exministra Betssy Chávez, a los que tendrían que sumarse 15 votos de los 75 que evitaron vacar a Pedro Castillo dos meses atrás. 

¿Cuáles son las tres nuevas variables contextuales de resolución a una tercera moción de vacancia? 

1. La resolución está directamente relacionada con las aspiraciones –y expiaciones- de intereses, entre si cambian o reeligen a la presidenta del Congreso a fines de julio próximo. 
2. También a lo que suceda en la ampliación fiscal de la investigación preliminar a Pedro Castillo, ya no solo por “organización criminal” y tráfico de influencias, sino por tráfico de influencias “agravado” y no solo por colusión sino colusión “agravada”. Como se sabe, si el resultado se agrava, la fiscalía volvería a aplazar el caso para que la investigación “preparatoria” sea cuando deje de ser presidente de la República, pero esto ya sería argumento usado por la moción vacadora, obviamente.
3. El tercer factor es el escalamiento de la ilegitimidad social presidencial, con la que jugará hasta el último cartucho –como dirigente sindical- el presidente Castillo: frente al anuncio de transportistas y agrarios de paralizaciones entre el 24 de junio y previas al 28 de julio, así como en la clave particular ante las comunidades campesinas agro-mineras, entre las que ya surgen nuevamente mineras artesanales y sus comunidades dueñas de las tierras, proponiendo ser socias de la empresa explotadora, alternativa que daría una salida; aunque requeriría plan de desarrollo para que no sea otra versión de solo -cuánto quieres, cuánto más te pido- a la crisis social que el cerronismo propugnó entre los anteriores gestores del MINEM y del MININTER, con anuencia de otros funcionarios y sectores políticos fuera del gobierno.

Lo que queda, en términos democráticos, es garantizar la autonomía de la Fiscalía de la Nación, como la que defendemos del equipo fiscal conducido por José Pérez en la acusación por lavado de activos contra Keiko Fujimori y lograr la salida democrática organizando el adelanto de elecciones con una cabeza o liderazgo conformado plural y colectivamente, aunque -eventualmente y no obligatoriamente- haya una entre pares rotativo coordinando. 

La clave para el éxito democrático será que la campaña camine, recogiendo y canalizando en un pie y brazo los cambios urgentes económico-sociales ante la crisis y próxima previsible hambruna, y en otro pie y brazo respectivo, la propuesta de reforma electoral mínima para que no se repitan las mismas incongruencias, castigándoseles en los votos. Dicha campaña, no debe ser manca sino ambidiestra, entre demócratas de todo color y condición.